Una nueva causa por espionaje ilegal empieza a despuntar en la justicia federal de Lomas de Zamora. Se trata de una investigación a cargo del juez Federico Villena que incluyó el allanamiento de la Dirección de Inteligencia del Servicio Penitenciario Federal (SPF) y en la que, según pudo reconstruir El Destape, aparecen indicios de una banda dedicada al espionaje ilegal a dirigentes políticos tanto del macrismo como de su entonces oposición, el actual Gobierno. De acuerdo a diversas fuentes consultadas, en una serie de operativos se encontraron archivos de inteligencia clandestinos. El caso se suma a las maniobras de robo de mails a dirigentes políticos del Frente de Todes y de Juntos por el Cambio que denunció la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Cristina Caamaño.
Villena allanó el pasado miércoles la Dirección de Inteligencia del SPF, a cargo de Cristian Suriano, y el Departamento de Seguridad del mismo organismo. Aún se desconocen los alcances de esta nueva red de espionaje ilegal, pero todo indica que lo que encontró el juez de Lomas de Zamora allí será una nueva demostración de cómo se utilizaron los organismos de inteligencia para actividades ilegales.
El jefe de la inteligencia penitenciaria, Suriano, mantiene una estrecha relación con el jefe del SPF, Emiliano Blanco, señalado por su complicidad en la persecución judicial a opositores políticos durante el macrismo. Ese fue el motivo de una fuerte disputa al interior del Gobierno, ya que un sector quería ascenderlo al cargo de Subsecretario Penitenciario y otro se opuso. El cargo sigue vacante aún hoy, pese a que varios medios comerciales ya lo habían dado por confirmado y en medio de la emergencia penitenciaria profundizada por la pandemia de coronavirus.
Los movimientos de Suriano y Blanco en estos días son un elemento a considerar. El mismo día en que el juez Villena allanó la dirección que está bajo su mando Suriano pidió su retiro, que está en trámite. Suriano lleva más de 30 años de servicio en el organismo.
Los operativos judiciales coincidieron con el trascendido de que Blanco presentó su renuncia a la jefatura del SPF. Lo cierto es que hasta el cierre de esta edición la partida de Blanco del SPF no fue confirmada por fuentes oficiales.
Según pudo reconstruir El Destape, los operativos en los que despunta esta nueva red de espionaje ilegal se precipitaron luego de que el 20 de mayo pasado la Gendarmería, bajo las órdenes del juez Villena, avanzara con una serie de procedimientos en los domicilios de Horacio Saez y Leandro Araque. Se trata de dos ex agentes de la AFI que pasaron a cumplir tareas en la Policía de la Ciudad. Saez, además, tiene pasado en el SPF.
Saez y Araque eran investigados en el marco de una causa vinculada al mundo narco. Se trata del expediente 141377/2018/22, que tramita en el juzgado federal de Lomas de Zamora a cargo de Villena. El 21 de mayo, tras realizar tareas investigativas en la zona el día anterior, la Gendarmería llevó adelante tres allanamientos en los domicilios de los dos agentes por orden del juez. Esto derivó en que Villena acelerara su pesquisa e intercambiara oficios con diversas dependencias estatales en los días siguientes. El 27 de mayo allanó los establecimientos del SPF, de donde retiró mucho material tanto en papel como digital.
Hasta el momento la causa está en secreto de sumario y si bien el hermetismo es muy fuerte los nombres de dirigentes políticos espiados ya circulan sotto voce.
Villena
El juez Villena no es desconocido en el entramado judicial. Su nombre circuló en torno al caso del espía ilegal Marcelo D’Alessio ya que, por un lado, ese juez lo tenía en la mira en una causa por lavado de dinero. De hecho, cuando el juez Alejo Ramos Padilla allanó a D’Alessio éste lo confundió con Villena. Por otro lado, el magistrado quedó entrampado en las maniobras del juez Claudio Bonadio en torno a las escuchas a los presos políticos del penal de Ezeiza, que están bajo la jurisdicción de los juzgados de Lomas de Zamora. Esas escuchas son las que derivaron en las mediáticas causas Puf Puf.
El espionaje ilegal de la AFI M
La red de espionaje ilegal que investiga Villena no es la primera que se descubrió con la partida de Mauricio Macri del gobierno. Este viernes, la Justicia abrió una investigación para determinar los alcances de la pinchadura de mails a más de 80 dirigentes políticos, sindicalistas, periodistas, intelectuales y policías que se realizó de forma ilegal desde la AFI macrista.
El fiscal federal Jorge Di Lello le dio impulso penal a una denuncia que había realizado la interventora de la exSIDE, Cristina Caamaño ,y pidió una serie de medidas de prueba para precisar las responsabilidades de los imputados en este caso: el expresidente Mauricio Macri; el exdirector del organismo de inteligencia, Gustavo Arribas; su segunda, Silvia Majdalani; y tres espías. En su presentación ante la Justicia, Caamaño los señaló como responsables de espionaje ilegal y pidió que los cite a prestar declaración indagatoria.
Ese escrito de la fiscala e interventora se acercó a los tribunales de Comodoro Py el pasado martes. Un día después, Villena allanó la Dirección de Inteligencia y el Departamento de Seguridad del Servicio Penitenciario Federal donde se encontraron pruebas que acreditan la existencia de otra red de espionaje ilegal.
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