Espionaje ilegal: piden la indagatoria de Elisa Carrió por “dar cobertura” a la banda de D’Alessio

En el marco de la causa por espionaje ilegal que se investiga en Lomas de Zamora, abogados que representan a la querella pidieron que se cite a prestar declaración indagatoria a Elisa Carrió. Le achacan haberle dado “cobertura” al espía ilegal Marcelo D’Alessio y su banda paraestatal. La cofundadora de Cambiemos, tal como publicó este medio, había recibido en tiempo récord escuchas ilegales que la AFI tomó del penal de Ezeiza. La Casa de Espías se las hizo llegar apenas se produjo el allanamiento en el domicilio de D’Alessio, el 6 y 7 de febrero de 2019. Las transcripciones de esas grabaciones fueron las que utilizaron Carrió y el fiscal procesado Carlos Stornelli para darle impulso a la Operación Puf, el caso con el que se buscó derribar el D’Alessiogate cuando gobernaba Mauricio Macri. 

Los abogados Alejandro Rúa y Graciana Peñafort, quienes representan a los querellantes Amado Boudou y Roberto Baratta, dos de los espiados en el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza, pidieron este miércoles que “se cite también a prestar declaración indagatoria a Elisa María Avelina Carrió”. Lo hicieron en el marco de la tanda de 25 indagatorias que comienza este viernes en los tribunales de Lomas de Zamora, en lo que se conoce como el "capítulo penitenciario" del espionaje ilegal. Las convocatorias que hizo el juez Juan Pablo Augé incluyen a la cúpula de la AFI macrista, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, y a la del Servicio Penitenciario Federal (SPF). Básicamente, se indagará “a los que se considera responsables de las escuchas ilegales en los pabellones IRIC", quienes utilizaron ese material "en el marco de las maniobras de espionaje y persecución política”. 

Parte de esas mentadas escuchas ilegales son las que terminaron en manos de Carrió y provocaron que se abra la Operación Puf, un expediente paradigmático de persecución judicial en el que articularon su accionar los servicios de inteligencia, medios de comunicación hegemónicos y jueces y fiscales del Lawfare. Rúa y Peñafort le adjudican responsabilidad a Carrió “en la maniobra ilegal desplegada desde la Agencia Federal de Inteligencia con los objetivos de influir en la situación institucional y/o política y/o social del país y en la opinión pública y de dar cobertura a la organización paraestatal que integraban el espía D’Alessio y otras personas a las que la nombrada se encontraba estrechamente vinculada”.

Las escuchas, Carrió y la Operación Puf

El 6 de febrero de 2019 se produjo un hecho que activó todas las alarmas en el Gobierno de Mauricio Macri. Aquel día, el juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, allanó el domicilio del espía ilegal Marcelo D’Alessio, en el country Saint Thomas. El procedimiento se extendió hasta el día siguiente. Apenas unas horas después de que finalizara el operativo, el 7 de febrero del año pasado, Carrió subió un tuit en el que sostuvo que estaba en marcha “una operación para ensuciar a Stornelli”. La “Operación Puf” empezaba a mover sus engranajes. Para ese entonces, la dirigente de la Coalición Cívica ya había recibido el material que la AFI macrista había recopilado de forma ilegal en la cárcel de Ezeiza. Eran las transcripciones de las escuchas ilegales que Carrió llevó al día siguiente a Comodoro Py –vía Mariana Zuvic y Paula Oliveto- para darle impulso a la causa que creó la exSIDE para derribar el caso D’Alessio.

Una serie de datos revelan la desesperación del macrismo cuando se destapó el D’Alessiogate: las transcripciones que utilizaron para esa presentación de Carrió incluían conversaciones del 5 de febrero. La AFI retiró de la Dajudeco el cd 539 con la grabación ilegal de esos diálogos el 6 de febrero a las 15.33. Es decir, en 24 horas el organismo de inteligencia se encargó de desgrabar el material y hacérselo llegar a la cofundadora de Cambiemos para activar un plan que obstaculizara el trabajo de Ramos Padilla. La AFI tuvo esa escucha en su poder apenas un día. Y nunca pasó por un juzgado. Era una escucha ilegal.

En la causa de los “Super Mario Bros” que tramita en Lomas de Zamora se comprobó que las escuchas que se utilizaron en Puf fueron ilegales, las tenía la AFI y luego llegaron las transcripciones a manos de Stornelli y Carrió. Reconstruyeron el circuito de las grabaciones y el rol que jugó una dirección puntual de la exSIDE: la de Jurídicos, a cargo de Juan Sebastián De Stéfano, un hombre cercano a Daniel “Tano” Angelici, quien está citado a prestar declaración indagatoria el 30 de noviembre.

Es en ese marco que Rúa y Peñafort requieren que se convoque también a Carrió.

El circuito de la escuchas

La columna vertebral de la Operación Puf fueron las escuchas ilegales que la AFI macrista en complicidad con el SPF realizó en la cárcel de Ezeiza. Tal como quedó claro en la Justicia, la excusa para grabar las conversaciones fue un expediente que se abrió en los tribunales de Lomas de Zamora contra el narco Mario Segovia, en el que se intervinieron los teléfonos de los pabellones donde se encontraban detenidos los dirigentes políticos kirchneristas. La desgrabación de esas escuchas, por decisión de la justicia de Lomas de Zamora estaba a cargo del área de Contrainteligencia de la AFI. Pero nunca se envió ninguna transcripción a la causa Segovia, que está abierta desde 2016. Según se desprende del expediente, desde la AFI siempre informaron que no surgía ninguna comunicación de interés para el caso. Pero está comprobado que hubo grabaciones y transcripciones. Fueron ilegales. Todo indica que las realizó el área de Jurídicos y tuvieron otro destino cuando se produjo el allanamiento en el domicilio de D’Alessio.

Las grabaciones ilegales (solo debía escucharse a Segovia y no a todos los detenidos) se utilizaron para presentar dos denuncias en Comodoro Py, cuando explotó el D'Alessiogate: una la realizó Stornelli pero como recayó en un juzgado que no era el deseado (el de Luis Rodríguez), Carrió se apuró a presentar vía Zuvic y Oliveto el mismo material en los tribunales de Retiro. Esa denuncia, del 8 de febrero de 2019, le tocó a Claudio Bonadío. En esa acusación de Carrió se dice claramente de dónde provenían las grabaciones: “En el material acompañado en el sobre enviado a la Dra. Carrió aparecen transcripciones de presuntas escuchas telefónicas ordenadas en la causa 41475/2016 por el Juzgado Federal Criminal y Correccional Nro. 2 de Lomas de Zamora”. Ese número corresponde al caso Segovia.

Tal como sostuvo Rúa en su escrito de este miércoles: “Sin que en aquella causa ‘Segovia’ de la jurisdicción federal de Lomas de Zamora surja ningún registro de que alguien se los pidiera, desde la Agencia Federal de Inteligencia se interesaron en remitir al juzgado de inmediato la totalidad de los registros de las grabaciones que tenían de las comunicaciones intervenidas en el marco de esa causa, que se habían ido acumulando allí desde hace varios años, en un total de 554 discos compactos”. Es decir, la AFI se sacó todas las escuchas de encima. 

Si bien todos esos cds se mandaron a destruir porque no eran útiles para la pesquisa de Segovia (a los fines prácticos, la AFI ya había escuchado y transcripto lo que consideraba necesario), Bonadío consiguió de la Dajudeco que le entregara copia de 40 discos que se grabaron entre el 1° de enero y el 10 de febrero de 2019. Esas escuchas son las que luego se filtraron en los medios. Es que dada su ilegalidad, existían ciertos reparos sobre la utilización de esas escuchas en la causa judicial de Operación Puf. Fue entonces que las interceptaciones ilegales se reprodujeron por televisión, en los programas de Luis Majul y Jorge Lanata, el 26 de mayo de 2019, con el objetivo de “blanquearlas”.

Como publicó este medio el domingo pasado, al día siguiente de la difusión de los audios, Stornelli –vía su primer abogado, Roberto Ribas- se presentó en Operación Puf para ampliar la querella y acercó en un cd las escuchas que se filtraron por los medios amigos del macrismo. “La verdad siempre triunfa. La aparición de las escuchas legales (sic) demuestran la operación que se pretendió llevar a cabo y en realidad tuvo algún éxito, pero finalmente se acabó el ‘puf puf’”, decía el escrito que acercó a Bonadío.

Si bien la Operación Puf fue cerrada por “inexistencia de delito” en septiembre pasado, Stornelli (que es querellante en el caso) apeló la decisión. Pretende que se reabra la pesquisa que cerró el juez Marcelo Martínez de Giorgi -quien subroga el juzgado que encabezaba Bonadío-. En su apelación, el fiscal procesado citó muchas transcripciones de las escuchas ilegales. El caso debe resolverlo la Cámara Federal porteña. Podrían intervenir los recientemente repuestos Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, quienes fueron puestos a dedo por Macri en esa cámara estratégica y tras un fallo de la Corte Suprema ejercen el cargo de manera provisoria.