La provincia de Santa Fe envió una demanda a la Corte Suprema de Justicia para que el Gobierno nacional restablezca los anticipos mensuales automáticos que hacía la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) con la Caja de Jubilaciones de los estatales.
A través de la vía judicial, el gobierno que encabeza Maximiliano Pullaro cuestiona la constitucionalidad del artículo 18 del Decreto N.º 280/2024, que dispuso de manera “inconsulta e intempestiva” el cese de esos pagos. Asimismo, exige que se establezca una medida cautelar que reponga esas transferencias con las que el presidente Javier Milei debe cumplir, por acuerdos que datan desde hace más de tres décadas entre el Estado federal y las provincias que no transfirieron sus cajas, según sostiene el comunicado oficial.
Los recurrentes incumplimientos de Nación con Santa Fe terminaron judicializándose: denuncian que la deuda entre enero y junio con la Caja de Jubilaciones alcanzaría los $70 mil millones.
El decreto firmado por la administración de La Libertad Avanza (LLA) dejó sin efecto los artículos 92 y 93 de la Ley de Presupuesto 2023. Allí se establecía que la Anses “transferirá antes del día 20 de cada mes a aquellas provincias que no transfirieron sus regímenes previsionales al Estado nacional, en concepto de anticipo a cuenta del resultado definitivo del déficit correspondiente a cada sistema previsional, un importe equivalente a una doceava parte del monto total del último déficit anual, provisorio o definitivo, conformado para cada una de ellas” y que cada anticipo mensual debe realizarse de acuerdo a “las variaciones en el índice de movilidad jubilatoria del Sistema Integrado Previsional Argentino (Sipa)”.
Sin embargo, la política de Milei para alcanzar el equilibrio fiscal deja en velo a los territorios regionales, como es el caso del santafesino. A pesar de que Pullaro le facilitó los votos de sus legisladores para la aprobación de la Ley Bases y también firmó el Pacto de Mayo, el Presidente no envió los recursos discrecionales recortados desde diciembre.
Ante esta situación, el Gobernador decidió elevar las acciones al máximo organismo judicial de la Nación: “La ausencia de fondos por ya medio año, sin ninguna previsión de restablecimiento de estos, más el incremento mensual de las necesidades financieras de la caja, más el objetivo contexto de emergencia de la provincia, determinan una situación que exige, necesariamente, una medida urgente que permita hacer frente a las necesidades previsionales. Es decir, no se trata aquí de cubrir gastos suntuosos e innecesarios, sino de cumplir con los haberes de jubilados”, advierte el recurso interpuesto por Provincia.
De acuerdo a los últimos datos oficiales publicados por la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Santa Fe, en noviembre del año pasado había en la provincia 100.356 beneficiarios, de los cuales 76.425 son jubilaciones y 23.931 pensiones. Se incluyen allí todos los empleados estatales, desde policías, docentes, administrativos, a ex magistrados provinciales o exministros de la Corte provincial.
Pullaro busca recortar las jubilaciones santafesinas con su cuestionada reforma previsional
Esta disputa se produce en medio del cuestionado proyecto de la modificación de la reforma previsional que busca imponer el gobernador Pullaro. Mientras la gestión provincial hace hincapié en el déficit de la Caja de Jubilaciones y de los regímenes especiales, desde los gremios sostienen que no debe ponerse en discusión el cálculo del haber jubilatorio.
El mandatario provincial cree que es necesario "modificar algunas cosas que tienen que ver con cuestiones estructurales, ya que es una ley que tiene muchos años y estaba diseñada para otro sistema y para otro momento de la República Argentina”.
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“Hay cosas que cambiaron, hasta ha cambiado el tiempo, que es la expectativa de vida que tiene la gente. Indudablemente, si queremos mantener en el Estado algunas cosas y si queremos sostener el 82%, se tienen que terminar muchos privilegios que tienen que ver con regímenes especiales y con jubilaciones de privilegios”, remarcó en referencia al caso de los regímenes docentes.
Entre otras polémicas modificaciones, el Gobernador busca elevar la edad de jubilación de las mujeres, que actualmente es de 60 años.
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