Democracia y Derechos Humanos

El 10 de diciembre simboliza cuestiones centrales en Argentina, como la recuperación de la institucionalidad democrática en 1983, el primer año de un Gobierno nacional que fue consagrado por una mayoría sustantiva que clamaba por la recuperación de valores fundamentales, el Día de los Derechos Humanos que constituye uno de esos valores que nuestra sociedad ha defendido con tal firmeza como para erigirlo en Política de Estado.  

Necesidad de reglas de juego compartidas

La adscripción a la democracia supone, cuanto menos, la aceptación de los disensos a la par de los modos de resolverlos priorizando los acuerdos, pero sin que ello constituya la única alternativa, pues lo que no pueda superarse por consensos se obtendrá en base a la voluntad mayoritaria.

La predisposición al diálogo tanto como al debate son comportamientos esperables en procura de obtener una mejor calidad democrática, en tanto vías que dan cauce para alcanzar decisiones compartidas o que permitan aclarar las divergencias para conocimiento de los límites que ciertos temas puedan ofrecer.

Las instituciones republicanas brindan diversas instancias para dirimirlas, siendo el Parlamento el que se presenta como el ámbito principal por ostentar las representaciones ciudadanas (Cámara de Diputados) y provinciales en cuanto Estado federal (Cámara de Senadores).

Bloquear los debates parlamentarios, eludir los mecanismos previstos para su funcionamiento o buscar subterfugios judiciales para impedir la operatividad -e incluso la sanción- de las leyes, son medios espurios que en nada se condicen con reglas básicas que informan la vida democrática.

Advertir fenómenos condicionantes

El anhelo de conformar una mejor sociedad exige analizar dentro de sus múltiples complejidades los comportamientos colectivos e individuales que dan cuenta de su estado actual, cualquiera fuere la perspectiva desde la cual se proyecten esas aspiraciones.

La lamentable muerte de Diego A. Maradona, cuya dimensión deportiva y humana fue exaltada en todo el mundo demostrando una popularidad con pocos precedentes similares, también dejó a la vista miserabilidades destacables.

El caso de los Pumas fue una de ellas, la omisión de todo homenaje al ídolo fallecido en contraste con el que le rindieron sus contrincantes (All Blacks) disparó luego la difusión de mensajes xenófobos de varios de los integrantes del Seleccionado argentino (entre ellos de su Capitán), que no tuvo una reacción de la Unión Argentina de Rugby (UAR) a la altura de las circunstancias y acorde con lo que correspondía a la entidad que conduce la representación nacional de ese deporte.

Como tampoco la UAR se pronunció nunca sobre la dictadura genocida, siendo el deporte que registra mayor cantidad de jugadores desaparecidos (152 rugbiers) y a pesar del compromiso alguna vez asumido con Organismos de Derechos Humanos.

El rugby nuclea personas de variadas extracciones sociales, fundamentalmente de capas altas y medias, en que siempre se ha manifestado una pretensión elitista y discriminatoria no sólo hacia afuera de ese micro universo sino incluso a su interior, entre los Clubes en los que se lo practica.

La referencia vale, más allá de lo que significa para ese deporte, porque exhibe un racismo que lo excede y que comparten sectores de la población que discriminan por esas u otras razones (religiosas, étnicas, de clase, de nacionalidad, de género, de orientación sexual).

En la nueva instancia del debate acerca de la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), se han evidenciado también conductas intolerantes de la diversidad de opiniones, no respetuosas de los mecanismos republicanos para dirimir las divergencias, o tratando de hacer primar una concepción religiosa en un Estado laico y sujetarlo a convicciones válidas para esas subjetividades, pero de manera alguna imponibles al conjunto de la población.  

Del mismo modo personas e instituciones han hecho gala de una clara hipocresía, al señalar como alternativa una educación sexual integral que en los hechos siempre han combatido y que sin duda es necesaria pero no se contrapone con la IVE, ni garantiza a las mujeres la disposición de sus propios cuerpos y menos aún la protección de sus vidas por abortos clandestinos.

Desde el ámbito gubernativo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se han dado señales preocupantes, que no parecieran haber motivado una reacción generalizada de la ciudadanía local ni haber afectado su base electoral.

Las declaraciones discriminatorias y descalificantes sobre los docentes por parte de la Ministra de Educación (Soledad Acuña), como la desatención de los legítimos reclamos del personal de enfermería, de médicos y demás profesionales o agentes de salud, acompañado por la reducción de las partidas de esas áreas en el Presupuesto 2021; trabajadoras y trabajadores esenciales, sobre los que recayó la mayor responsabilidad para el sostenimiento de esos servicios durante la pandemia.

La victimización del Jefe de Gobierno (Rodríguez Larreta) por la modificación de la coparticipación federal por el Congreso, haciendo abstracción del desproporcionado aumento que le fuera otorgado en 2016 a la Ciudad de Buenos Aires que triplicaba el costo que representaba el traspaso de la Policía, que fuera la excusa para esa reasignación de recursos federales, es completada con la anunciada judicialización de ese conflicto y el apartamiento de los canales políticos en que debe dirimirse.

Afrontar el futuro con nuevas herramientas  

En el sistema democrático imperante se revelan numerosas disfunciones que atentan contra la calidad republicana, permiten la distorsión de las respectivas competencias de los Poderes del Estado, conspiran contra la eficacia de la voluntad popular y desalientan la participación en temas centrales que afectan al país.  

La excepcional situación que vivimos ha repotenciado problemas de vieja data brindándoles mayor visibilidad que, junto a las incertidumbres que depara el futuro pospandemia, reclama un abordaje más abarcador y renovador con eje en los derechos humanos.

Es tiempo de repensar la Democracia, desde nuestra propia idiosincrasia, nuestra región, nuestra historia, nuestras experiencias forjadas en logros y frustraciones. Atreverse a poner en tela de juicio lo aprendido, lo dogmático, lo repetido sin mayores análisis. No conformarnos con la pura formalidad de una democracia vacía de contenido, sin Pueblo, sin arraigo a nuestras tradiciones.

Con las leyes no alcanza para transformaciones profundas y estructurales, en tanto su derogación es factible por otra ley e incluso sin recurrir a la vía legislativa como ha ocurrido en el pasado reciente. Hace falta afianzar esos cambios, que sean fruto de un amplio y participativo debate, que iluminen el camino a recorrer y que impidan apartarse del mismo por circunstancias meramente coyunturales o, aún peor, por manipulaciones judiciales. Para ello, es fundamental incorporarlos a la Constitución Nacional.

Una reforma constitucional deberá plasmarse si se pretende contar con mejores herramientas para avanzar hacia un modelo de Nación más inclusiva, más justa y equitativa, cuya soberanía encuentre respaldo en la disposición de los recursos básicos y en los dispositivos imprescindibles para su redistribución social.

Remover los obstáculos

En lo inmediato pareciera impostergable poner en movimiento las vías institucionales aptas para corregir las serias falencias que denota el servicio de justicia, severamente menoscabado en su imagen pública y atravesado por operaciones que revelan un absoluto distanciamiento de lo que es propio de un Estado de Derecho.

Si bien tales señalamientos –en todo o en parte- alcanzan a los distintos Fueros y jurisdicciones, lo que pone en evidencia la necesidad de implementar soluciones integrales para superarlos, es en materia penal donde se advierten con mayor claridad y se traducen en situaciones más graves que afectan la libertad y la vida misma de las personas.

Las responsabilidades corresponden a los distintos estamentos del Poder Judicial, pero la principal reside en el Máximo Tribunal nacional que se comporta como contrapoder antidemocrático pretendiendo condicionar la gobernabilidad e incursionar en atribuciones exclusivas de los otros Poderes del Estado.

La Corte Suprema de Justicia goza de un grado de discrecionalidad alarmante, que le facilita un manejo arbitrario de los tiempos para su intervención al no estar sujeta a plazos para pronunciarse, a la vez que cuenta con un amplio margen para aceptar o no el acceso a su jurisdicción y sin necesidad de fundamentar los rechazos por mayor que sea la gravedad institucional que ofrezca el caso sometido a su decisión.

Su rol sin duda ha sido determinante para el despliegue de acciones mediáticas-económicas-judiciales, que no sólo erosionaron la Justicia sino la Política y con ello la Democracia.

Democracia y presos políticos

Los sistemas democráticos, cualquiera fuesen las formas en que se estructuren, importan el respeto irrestricto de los Derechos Humanos. Que si bien implican garantías básicas para el ejercicio y goce de derechos individuales, adquieren mayor intensidad cuando involucran derechos colectivos en un Estado Social de Derecho.

Las democracias populares, en particular, son incompatibles con la aceptación de la violación de esas garantías por motivos políticos.

Las irregularidades manifiestas de procesos penales que han afectado la libertad de personas por esas causas, se advierte en casos emblemáticos como los de Milagro Sala, Amado Boudou, Julio de Vido y Luis D’Elía.

Esperar aún más para remediar situaciones de esa índole, o delegarlo en instancias internacionales que insumen tiempos que tornan irremediables los serios perjuicios que sufren quienes son víctimas de ese tipo de operaciones, no es una alternativa razonable.

La esperanza de superar esas graves afrentas a la Democracia se sintetizan en el creciente reclamo por “una Navidad sin Presos Políticos”, caminos existen y es preciso explorarlos para satisfacer esa justificada demanda.