El área metropolitana corre el riesgo de quedar entrampada en una cuarentena que resulte demasiado estricta para garantizar su cumplimiento y al mismo tiempo tan laxa que no alcance para prevenir una explosión de casos de coronavirus. Con la velocidad de contagio que se observa actualmente, la capacidad hospitalaria podría quedar saturada justo durante las semanas más frías del año.
Al día de hoy, entre la ciudad de Buenos Aires y el conurbano se detectaron más de 10 mil casos. Si se duplican cada diez días (una estimación conservadora), llegaríamos a finales de junio con 80 mil positivos. Hoy, en CABA hay algo más de mil camas de terapia intensiva reservadas para Covid-19; entre los 39 municipios que la rodean se reparten otras dos mil quinientas. El total no llega a cuatro mil UTI disponibles. Las cuentas son sencillas.
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Los expertos coinciden en que existen solamente tres formas de retrasar la expansión de la pandemia hasta tanto no exista una vacuna o un tratamiento. Los hábitos sociales, como el correcto uso de barbijo, la distancia social y la higiene de manos; el aislamiento selectivo, a partir del rastreo de contactos de casos sospechosos; y el aislamiento generalizado. Allí donde las primeras dos no funcionan, no existe otra alternativa que usar la tercera.
El resto del país, excepto Chaco, tiene la pandemia bajo control, aunque un foco en la Policía de Río Negro llevó el virus a varias localidades y encendió las alarmas. Sin embargo, lo que sucedió en Necochea, donde una sola persona que llegó de Buenos Aires y no cumplió la cuarentena infectó a 18 y obligó a aislar a más de sesenta, da cuenta que hasta que no se normalice la situación metropolitana todo el país seguirá en vilo.
La estrategia sanitaria, que dio excelentes resultados en el interior, no alcanza para impedir el crecimiento exponencial de la pandemia en su núcleo poblacional y productivo. La estrategia económica y social requiere siempre más esfuerzos de un Estado en quiebra; por ahora es suficiente, pero cada día que pasa es una victoria pírrica y mañana nadie sabe. La estrategia comunicacional es mala y pone en peligro todo el sacrificio hecho hasta ahora.
Existe un laissez-faire que permite que la oposición, a través de sus terminales mediáticas, lance una ofensiva inédita, con videos falsos en prime time, para dar aire a llamamientos delirantes de desobediencia civil y denuncias de autoritarismo sin sustento, que le caben por igual al gobierno nacional como a gobernadores e intendentes de todas las fuerzas políticas, incluso a los propios. Juegan ruleta rusa de prestado con la vida de millones de argentinos.
No se trata de acallar voces críticas, que (además) resuenan por amplificadores que dejarían sordo al sonidista de Led Zeppelin, sino de establecer criterios de salud pública en la comunicación. Un gobierno tiene muchas formas de hacerlo dentro del marco de la legalidad y de los generosos límites de la democracia, sin recurrir a métodos como los que usaba Mauricio Macri y que saldrán a la luz en las próximas semanas.
Si el Frente de Todos, en su diversidad, encuentra como punto de apoyo el consenso de que el Estado debe jugar un rol protagonista en la vida pública y no dejar asuntos estratégicos en las manos del mercado, no se entiende por qué los medios de comunicación deben quedar al margen de algo que le cabe a cualquier insumo en la lucha contra una enfermedad que puede costar decenas de miles de vidas este invierno.
Existe una diferencia entre la censura y permitir un vale todo donde no reciba ningún tipo de sanción publicar imágenes de protestas violentas en Chile y presentarlas como si fueran de Villa Azul, un pequeño barrio vulnerado en el límite entre Quilmes y Avellaneda donde viven cuatro mil personas bajo estricto cerco sanitario tras haberse detectado un brote. Eso se parece mucho más al terrorismo que las declaraciones del doctor Pedro Cahn.
La difusión del video chileno, atribuido a vecinos de Azul, coincidió con el anteúltimo intento de cacerolazo contra el gobierno en algunos de los barrios más acomodados de la ciudad de Buenos Aires, la noche del 25. Lejos de ese ánimo, este viernes en la villa se escucharon fuertes aplausos para reconocer el trabajo de quienes están colaborando para sostener a todos los que viven allí durante el aislamiento. La construcción de la realidad vs. la realidad.
Aunque la decisión inicial de delegar la comunicación en el ministro de Seguridad Sergio Berni ayudó a que el cerco se interpretase en un primer momento como una medida de tinte policial, lo cierto es que en el despliegue que implica sostenerlo la mayor parte del trabajo no recae en quienes custodian sus bordes sino en los que hacen posible la vida dentro del cordón policial, entre pasillos angostos y miedo a la enfermedad.
Hubo un operativo que peinó la villa, casa por casa, haciendo una búsqueda activa de infectados, con testeo y aislamiento de los casos sospechosos. Además, más de cincuenta voluntarios relevaron las necesidades para adaptar la ayuda del Estado a la realidad de cada hogar. En sólo tres días, se pudo llegar a los más de 800 que hay en Azul. Entre todos ellos se repartieron, puerta a puerta, más de 60 toneladas de alimentos.
Hasta el viernes, en total, se habían entregado, en un barrio donde viven algo más de tres mil personas, 10 mil litros de aceite, 6 mil kilos de harina, 3600 kilos de puré de tomate, 3 mil kilos de fideos, 9600 kilos de leche en polvo, 1600 bolsones con más de 25 mil kilos de verdura fresca y, junto a la Garganta Poderosa, gracias a una donación de empresarios de espectáculos masivos, 6 mil viandas calientes con fruta, carne y agua mineral.
Además, los bolsones incluían otros elementos indispensables para la supervivencia: 1.440 kilos de jabón blanco, más de 700 garrafas, 15 mil litros de agua potable, 980 módulos de limpieza con cloro, detergente y trapos de piso, 72 mil pañales y 7500 litros de lavandina. No es necesario ser intelectual para encontrar diferencias notables con las condiciones de vida en el ghetto de Varsovia antes de abrir la bocaza.
El brote en Villa Azul puso en evidencia las consecuencias de la falta de acceso a servicios básicos. El barrio se expande entre dos municipios que en 2015 habían conseguido financiamiento para urbanizar. En Avellaneda, con Jorge Ferraresi, las obras se completaron; mientras que en Quilmes fueron interrumpidas en 2016 por Martiniano Molina. Hoy, esa parte concentra más del 90 por ciento de los casos de coronavirus.
Esta semana, la intendenta Mayra Mendoza, junto a Ferraresi, se reunieron con la ministra de Vivienda y Hábitat, María Eugenia Bielsa, para avanzar en la urbanización del barrio. Será la “cabecera de playa” de un ambicioso plan que comenzó a elaborarse por estos días en la quinta de Olivos para urbanizar todas las villas del país en el marco de un programa de infraestructura que ayude a recuperar la actividad económica.
Montado sobre dos planes que ya existen, Argentina Hace, en el marco del ministerio de Obra Pública, y Argentina Construye, dentro de Vivienda y Hábitat, el proyecto apunta a reactivar la economía con inversión estatal volcada a pequeñas empresas y a trabajadores locales, y en el mismo acto terminar con las condiciones de hacinamiento que dejan vulnerable al país ante nuevos brotes de esta pandemia o de otras que irrumpan en el futuro.
Según el Registro Nacional de Barrios Populares, realizado en 2016, existen 4416 villas de emergencia en Argentina, donde viven más de cuatro millones de personas. El 93,81% de los hogares en asentamientos no cuenta con red de agua corriente, el 98,81% no tiene cloacas, el 70,69% no accede a la red eléctrica y al 98,48% no llega el gas natural. La primera etapa para integrarlos al país será que puedan acceder a esa infraestructura.
El segundo paso será integrarlos a la trama urbana, abriendo calles, pavimentándolas y construyendo veredas. De esa forma se rompe la lógica de aislamiento y se permite el ingreso de transporte público y ambulancias. Recién después llega la etapa de construcción de viviendas. “Si no, pasa lo que sucedió en Villa 31, donde invirtieron en estética pero no resolvieron lo estructural, entonces no pudieron contener el brote”, grafican en el gobierno.
La Secretaría de Integración Socio Urbana, a cargo de Fernanda Miño, militante de la CTEP, había comenzado a trabajar antes de la crisis del coronavirus en un plan que evaluaba las especificidades de cada uno de los cuatro mil barrios vulnerados para integrarlos en doce años. En el gobierno creen que, si se cuenta con los recursos necesarios, se puede cumplir ese objetivo en la mitad del tiempo. El anuncio se hará en cuanto la pandemia lo permita.
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