En medio de la pandemia por el coronavirus, el Concejo Deliberante de Córdoba aprobó en una polémica sesión una ordenanza enviada por el intendente de Córdoba, Martín Llaryora, con el que recorta 15% el salario básico de los trabajadores y reduce la jornada laboral de los municipales de siete a seis horas diarias. Ni bien comenzó la cuarentena obligatoria y preventiva, la Municipalidad de Córdoba ya le había recortado el 30% del sueldo a todos los empleados de servicios no esenciales por el ítem Prolongación de Jornada.
La nueva ordenanza, que fue aprobada sólo por el bloque del PJ-Hacemos por Córdoba, modifica el Estatuto Laboral y la ordenanza de Remuneraciones del Personal Municipal, ajuste que implica un recorte en el salario básico de los trabajadores del 15% y reduce la jornada laboral de los municipales de siete a seis horas diarias. La Municipalidad de Córdoba ya le recortó el 30% del sueldo a todos los empleados de servicios no esenciales por el ítem Prolongación de Jornada.
La medida del intendente cordobés, el schiarettista Llaryora, sumó el repudio de vastos sectores de la sociedad. El Sindicato Unión de Obreros y Empleados Municipales (SUOEM) ya presentó su queja formal ante la Justicia y el Ministerio de Trabajo de la Nación por la violación del DNU presidencial 329/2020 del 31 de marzo, “que específicamente apunta a proteger el sostenimiento de las relaciones laborales y sus condiciones durante 60 días”, señaló la secretaria general del gremio, Beatriz Biolatto.
Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia.
La dirigente de los 10 mil trabajadores municipales agregó: “Nos vamos a parar sobre esto, acá se ha violado unilateralmente un Decreto de Necesidad y Urgencia. En ese contexto, vamos a llegar hasta adonde tengamos que llegar”.
La ordenanza fue aprobada sólo por los 16 concejales del oficialismo, incluido Gustavo Pedrocca, quien aprobó en general la ordenanza y en contra del recorte a los trabajadores. Pedrocca es secretario general del gremio de vigiladores SUVICO.
El presidente del bloque oficialista, Juan Pablo Viola, justificó el ajuste a los trabajadores: “Nuestra gente que no tiene para pagar impuestos, necesita que tomemos decisiones para que los servicios se sigan cumpliendo”. El recorte salarial, según analizó la Secretaría de Economía municipal, significará un ahorro de “entre 150 y 160 millones de pesos”.
El viceintendente Daniel Passerini también avaló justificó el ajuste: “Si no hacemos esto no hay forma de afrontar el pago de sueldos”, les dijo a los medios cordobeses. Y avanzó: “Hacemos esfuerzos para que esas consecuencias impacten lo menos posible en los sectores vulnerables, pero cada vez son más y eso impacta en la recaudación provincial y municipal. El municipio se nutre de las tasas y de lo que recibe de coparticipación y en abril la actividad fue nula y eso genera dificultad para pagar mayo”.
El secretario de Economía de la Municipalidad de Córdoba e impulsor de los recortes en los sueldos de los trabajadores es Guillermo Acosta, un hombre formado por la cavallista Fundación Mediterránea, quien durante el gobierno de Mauricio Macri se desempeñó como subsecretario de Articulación Regional y Sectorial y director de Modernización Productiva del Ministerio de la Producción. También fue ministro de Industria de Córdoba.
Trece concejales opositores de distintos bloques vaciaron la sesión que se realizó a través de videollamada y declararon su ilegalidad. “Nosotros desde el bloque Córdoba Cambia rechazamos categóricamente el proyecto del Ejecutivo Municipal de reducción del sueldo básico de los trabajadores municipales, por esa razón nos retiramos de la videoconferencia en la que sesionábamos para no convalidar una sesión ilegal, porque consideramos que se lesionó el funcionamiento democrático del cuerpo, con una simple mayoría, evitando los dos tercios necesarios para aprobar esta ordenanza”, detalló el juecista Ricardo Aizpeolea. Y agregó: “Creemos que la pandemia no puede ser una excusa para ir contra los trabajadores, sus sindicatos y sus conquistas laborales; ni puede ser una excusa para avasallar las instituciones, no respetar la Carta Orgánica Municipal ni el Concejo Deliberante”. Aizpeolea denunció además que “mientras el oficialismo plantea un recorte al salario de los trabajadores, por otra parte contrata consultoras y les paga $ 125 millones”.
Mientras que el concejal vecinalista Juan Pablo Quinteros sostuvo que “el intendente debe respetar la institucionalidad del Concejo Deliberante", afirmó que "la pandemia por el Covid-19 no puede ser motivo para que no podamos sesionar ni reunirnos". Tras esto, reclamó: "Los vecinos de Córdoba necesitamos que el secretario de Economía, Guillermo Acosta, nos explique la situación financiera del municipio. A nosotros nos enviaron un proyecto para tratar las remuneraciones un día a la una de la tarde y nos convocaron a sesionar al otro día a las nueve de la mañana, cuando necesitamos, al menos 72 horas para analizarlo”.
El macrista Rodrigo de Loredo también abandonó la sesión virtual del Concejo Deliberante. Junto a su compañero de bancada Esteban Bría, del bloque Evolución, ni bien comenzó la cuarentena obligatoria, De Loredo había propuesto el congelamiento de salarios a los trabajadores municipales.
La concejal Olga Riutort, una peronista disidente, se abstuvo a la hora de votar y le explicó a El Destape que “no se respetó el reglamento ni para modificarlo, que necesita los dos tercios de los votos; ni para tratar sobre tablas la modificación de las remuneraciones". En ese sentido, advirtió: "Eso es ilegal. Pero además no podés tocar el salario básico de los trabajadores. Tampoco se lo podés modificar a un grupo y no a todos. El intendente Llaryora se perdió la oportunidad de poner el sistema de atención de doble turno sin tocar el salario”.
Actualmente en la Municipalidad trabajan algunas áreas operativas y esenciales, como Salud, Educación, Cementerios, Tránsito, Registro Civil Central y administradores de los Centros de Participación Comunal (CPC). Por caso, ayer hubo una protesta de los trabajadores en la sede de la Dirección de Policía Municipal de Tránsito, y hoy su director Alejandro Agoglia, renunció a su cargo.
Esta mañana, también hubo protestas en el cementerio San Jerónimo y en distintas dependencias de la Dirección de Salud Municipal, ya que sus empleados también vieron recortados sus salarios por el ajuste de Llaryora. Los trabajadores municipales, además del apoyo de los 15 concejales opositores, recibieron la solidaridad de Las 62 Organizaciones peronistas.
El diputado nacional del Frente de Todos, Eduardo Fernández, le dijo a El Destape: “Estuve reunido con los trabajadores y trabajadoras municipales y junto a sus dirigentes y representantes de otros gremios, analizamos el conflicto originó principalmente en la decisión unilateral, imprevista e inconsulta de las autoridades municipales de Córdoba de dictar una ordenanza que modifica la jornada horaria municipal, impactando fuertemente en los salarios de toda la planta laboral, incluso áreas sensibles en este momento de pandemia como lo son la Salud y la Educación”. Fernández agregó que “junto al diputado Pablo Carro presentamos en Diputados un proyecto de resolución para solicitar al Poder Ejecutivo Nacional que, a través del Ministerio de Trabajo, arbitre las medidas necesarias para que las autoridades de la Municipalidad de la Ciudad de Córdoba desestime la ordenanza sancionada el pasado 8 de mayo que atenta contra el empleo de los trabajadores municipales”.
Cerrar sesión