El ataque del gobierno del presidente Javier Milei a los centros de salud mental no empezó ni terminó en el cierre del Hospital Bonaparte que los trabajadores lograron resistir. Desde que el libertario asumió la gestión, hubo un éxodo de profesionales del sector público al privado por la falta de financiamiento, se replicaron paros en hospitales especializados en distintas provincias y hasta se puso en subasta el predio donde funciona el único centro pediátrico que se especializa en trastornos del espectro autista y psicosis.
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Por goteo, el ajuste del Gobierno en las transferencias a las provincias impactó de lleno en el sector de salud público. En el caso de la salud mental, hubo un impacto mayor, teniendo en cuenta que estaban en plena transición proyectos de desmanicomialización y transformación de la atención pública, en línea con la Ley Nº 22.914. "Hay un grave problema con el cumplimiento de la ley de salud mental, porque básicamente plantea las casas de medio camino, plantea la atención en equipo, contención social para los pacientes externados, todo eso no existe porque no hay presupuesto", graficó a El Destape Jorge Yabkowski, Secretario General de FESPROSA. A eso se suma que la comisión de seguimiento de salud mental funciona solo con las instituciones interesadas, "sin que el Gobierno mande sus representantes".
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En medio de todo ese proceso de transformación, llegó un presidente que se ufana de destruir al Estado. Tal como contó este medio, las provincias perdieron 5,4 billones de pesos por la caída de recursos coparticipables en el acumulado de los nueves meses del año. Además, en los primeros siete meses se registró una fuerte caída de la ejecución real respecto al mismo período del 2023, del orden del 30 por ciento, que se focaliza en un significativo ajuste del gasto público en áreas sensibles de la administración. Particularmente, el Fortalecimiento del Sistema Público de Salud sufrió un recorte del 82%.
Como era de esperarse, el sistema público se empezó a ver resentido también en salud mental. Profesionales de San Luis y de Chubut hicieron ya paros en centros de salud mental clave para sus territorios. En Catamarca, trabajadores del Hospital San Juan Bautista denunciaron precariedad laboral y hablaron de "condiciones indignas" y en La Pampa el recorte de programas como el Remediar y el desfinanciamiento a obras que estaban empezadas obliga a los profesionales a hacer malabares para conseguir medicamentos, a pesar de que los trabajadores registran un aumento de la demanda de internaciones del orden del 40%. En la Ciudad de Buenos Aires, se intenta evitar que se avance en la venta de "La Cigarra" Centro de Salud Mental (CSM) N° 1 “Hugo Rosarios”, el centro que Milei puso en subasta por decreto entre otra lista de inmuebles.
En el Hospital de Salud Mental de San Luis se llevó adelante una medida de fuerza ante la falta de profesionales. "Las medidas fueron porque nos estamos quedando sin médicos psiquiatras en salud pública. Hay pocos en la provincia y ahora cada vez más optan por el privado", subrayó a este medio Miriam Porter, secretaria general de APTS San Luis. En Chubut están intentando evitar que pase lo mismo. Allí hicieron un paro de 72 horas el 6 de noviembre para reclamar también aumentos salariales, la incorporación de más trabajadores en el sector y más presupuesto para la salud.
El servicio de guardia del hospital público de mayor complejidad de salud mental del territorio catamarqueño reveló que la "situación es insostenible". El presidente del Colegio de Psicólogos de esa provincia, Javier Godoy, contó que los empleados "están cobrando un 25% del valor" que corresponde a la consulta, por lo que no es un "reclamo por incremento de sueldo". "El problema no es sobre actualización, sino evitar la desvalorización", indicó.
Mientras tanto, en La Pampa el mayor problema es el aumento de la demanda. "Es un incremento masivo, porque hay mucha gente que con obra social e inclusive con prepagas se está haciendo atender en el sistema público porque no puede pagar los coseguros o porque se dan de baja de los planes. Hay una demanda de más del 40% por lo menos en internaciones, en servicios de guardia no se ve tanto en consultorio externo pero esas demandas han crecido mucho en esta última etapa por el impacto negativo de las políticas nacionales en las políticas provinciales y en la situación de salud mental", subrayó a El Destape Martin Malga, subsecretario de Salud Mental y Adicciones del Gobierno de La Pampa.
El funcionario provincial aseguró además que el fin del Remediar "cortó un montón la inversión en relación a psicofármacos", que tuvo que asumir la provincia. En materia edilicia también se retrocedió. "Nos desfinanciaron una de las obras que ya estaba licitada, que es Casa Joven, una obra que se hace en el marco del programa Infraestructura del Cuidado entre el Ministerio de Obras Públicas de la Nación y Sedronar. Habíamos presentado todo en tiempo y forma, licitamos la obra y ahora nos dijeron que no iban a financiarla. La estamos llevando adelante con fondos provinciales", remarcó.
El negocio de vender el terreno de un hospital
Para Paula Barredo, psicóloga del Centro de Salud Mental Nº1 “Dr. Hugo Rosarios” del GCBA, no quedan dudas de que "ni en Nación ni en Ciudad hay un compromiso con que se avance en la implementación de la Ley de Salud Mental". Lo dice por el reciente decreto 950/2024 de Milei que dispuso la venta del terreno donde se emplaza el centro, que recibe cerca de 1000 pacientes, muchos niños y adolescentes, y que cuenta con 110 trabajadores, entre profesionales, administrativos, maestranza, residentes y concurrentes. Y porque considera que el Gobierno de la Ciudad no está actuando acorde para defender el espacio.
"Hay un evidente desfinanciamiento en todo el sistema público, nacional desde luego; recortes que modifican los presupuestos provinciales y también los de la Ciudad. ahí hay una línea objetiva: hay un desfinanciamiento y, a la vez, hay una acción directa de intentar la modificación de la ley nacional que es explícita y es parte de los avisos que hizo el vocero presidencial hace más o menos dos meses".
En el predio de remate funciona desde 1968 el centro de salud mental. Sus trabajadores se declararon en alerta y aseguran que hasta el momento no recibieron ninguna comunicación formal por parte del GCBA, a pesar de que circuló una gacetilla a los medios en el que el ejecutivo porteño informó que ya solicitó formalmente a las autoridades nacionales la exclusión de este predio del listado de inmuebles a rematar.
"Al día de hoy, la publicación del predio del Centro 1 en la subasta lleva 23 días y continúa vigente. Nos piden desde las autoridades de GCBA "que nos quedemos tranquilos", mientras el tiempo corre sin ninguna respuesta con validez formal en este reclamo", advirtieron.
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