La puesta en escena de Juntos por el Cambio para impedir que la Cámara de Diputados sesione de forma virtual recibió un nuevo revés. La jueza federal con competencia electoral, María Servini de Cubría, desestimó hoy una denuncia contra el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, por presunto abuso de autoridad a raíz de la realización de la última sesión remota en la que se prorrogó el protocolo establecido. Una semana más tarde, todos los bloques llegaron a un acuerdo.
La magistrada dio lugar al dictamen del fiscal federal Eduardo Taiano, quien había advertido que el intento de dirimir cuestiones políticas en la justicia "muchas veces no resulta ser el camino apropiado", en referencia a la denuncia presentada por el abogado Santiago Nicolás Dupuy de Lome. Si bien la acusación no fue la presentada por el interbloque Juntos por el Cambio, el contenido de ambas tiene algunos ítem en común.
"Se advierte que la cuestión traída a estudio resultaría ser una cuestión ajena al derecho penal", señaló Taiano en su presentación realizada el pasado miércoles y atendida hoy por Servini de Cubría. El fiscal añadió: "Si bien es habitual que algunas personas intenten buscar soluciones a todos los conflictos en el ámbito penal, ello muchas veces no resulta ser el camino apropiado, sino que corresponde que sus inquietudes sean canalizadas en la órbita adecuada".
Massa había sido denunciado por haber propiciado una sesión de la Cámara baja "fuera de las normas vigentes, ya que el protocolo de sesiones que se habían adoptado por la pandemia estaba vencido, y por ende, deberían haber sido renovados o tratarse con sesiones presenciales", según el escrito. La presentación fue hecha el 2 de septiembre por Dupuy de Lome a través de un correo electrónico enviado a la Cámara Federal.
El letrado sostuvo que "estando diputados del bloque de Juntos por el Cambio presentes en el recinto", Massa "los hizo pasar como ausentes, violando toda norma constitucional además de incumplir con sus deberes". Pero Taiano, a cargo de la fiscalía federal 8 de esta capital, solicitó desestimar la denuncia por "inexistencia de delito".
En el dictamen, consideró que "de la lectura de los sucesos traídos a estudio no surge de forma palmaria alguna actividad ilícita que pueda ser alcanzada por el derecho penal". Indicó que el denunciante sostiene sus argumentos "a través de una somera descripción que menciona de forma genérica sesiones, normas vigentes, vencimientos de plazos y normas constitucionales, sin aportar una fecha o al menos un elemento probatorio". Télam.
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