Las asociaciones de consumidores advierten que algunos bancos retuvieron ilegalmente parte del Ingreso Familiar de Emergencia a beneficiarios con deudas previas con el sistema financiero o comercial, algo que está prohibido por ley.
Detectaron los primeros casos en el Banco Patagonia y el Banco Francés, pero alertan sobre la posibilidad de que sean millones en todo el país que desconocen la prohibición del descuento, o lo asumen con resignación para no perder tiempo ni recursos en el reclamo.
Los bancos tienen expresamente prohibido realizar descuentos a los beneficiarios del Ingreso Familiar de Emergencia. No pueden desconocer ni desobedecer la normativa legal vigente bajo ningún concepto, tales como cobros por operaciones concertadas con la propia entidad financiera pagadora ni con terceros, cuotas de préstamos otorgados, comisiones o cargos por servicios adicionales a la cuenta, débitos automáticos para el pago de impuestos ni servicios.
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La prestación dispuesta por el Gobierno nacional es de carácter alimentario e intangible. Así lo establece la resolución 84/2020 de ANSES, reglamentada por el decreto 310/2020, que establece en su artículo 4° que el Ingreso Familiar de Emergencia “no será susceptible de descuento alguno ni computable para ningún otro concepto”.
“Ningún banco puede retener absolutamente nada, ni un peso”, dice Pedro Busetti, presidente de Defensa de Usuarios y Consumidores (DEUCO), en diálogo con El Destape. “Hay bancos que descuentan deudas que las personas tienen con el sistema financiero o comercial, sin información previa ni posterior. Se encuentran en el cajero con que tienen menos plata de la que les corresponde”.
Según los datos oficiales, a partir del 21 de abril comenzaron a cobrar unas 7,8 millones de personas este primer aporte del Ingreso Familiar de Emergencia de $10.000, destinado a trabajadores informales, de casas particulares, monotributistas sociales y monotributistas de clase A y B.
El cálculo de las asociaciones de consumidores sobre la cantidad de beneficiarios que podrían ser perjudicados por las entidades financieras es alarmante. “Toda la sociedad está endeudada. Calculemos que el 25 por ciento de las 8 millones de personas que recibe el IFE tenga alguna deuda con el sistema financiero o comercial, estamos hablando de dos millones de personas a las que les retienen el beneficio. Sería una aberración que los bancos se queden con la inversión del Estado y no llegue a la gente que necesita comprar alimentos”, advierte Bussetti.
Dos mujeres, una de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y otra de la localidad de Moreno, en la provincia de Buenos Aires, solicitaron la intervención en los últimos días de las asociaciones de consumidores ante la Gerencia de Atención al Usuario Financieros, que deben tener obligatoriamente todos los bancos. En el primer caso, de los $10.000 que le correspondía a la beneficiaria, el Banco Francés retuvo $6.000 pesos. En el segundo, el Banco Patagonia se quedó con $3.400.
A partir de estos casos, advirtieron que los sistemas informáticos de los bancos no están preparados para respetar la intangibilidad del depósito del Ingreso Familiar de Emergencia.
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El viernes 24 de abril, el Banco Central comunicó a las entidades financieras que “deberá arbitrar los medios para que no se efectúe ningún tipo de descuento sobre los importes acreditados en concepto de IFE, y eventualmente para el reintegro inmediato de la totalidad de los importes descontados”. Es decir, el BCRA ya avisó, lo que sigue es sancionar a los bancos que incumplieron la normativa.
“Estamos hablando de miles de personas, es innumerable la cantidad de casos que podrían estar ocurriendo, es indignante, los bancos no desconocen la norma”, advierte Ricardo Vago, presidente de la asociación de Usuarios y Consumidores en Defensa de Sus Derechos.
Vago relató uno de los casos. “Nos contactó una mujer porque le descontaron 3.400 pesos del IFE por una deuda en su caja de ahorro, gratuita, de una tarjeta de crédito que nunca había activado. En el call center del banco le dicen que es un descuento habitual”. La asociación intervino ante el responsable de Atención del Usuario Financiero del Banco Patagonia y logró la devolución del dinero.
Existe el antecedente de los descuentos aplicados ilegalmente por entidades financieras al subsidio extraordinario concedido por el decreto 73/2019, que disponía un monto de $3.000 a jubilados y beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo. Eso motivó al Banco Central de la República Argentina a formular la Comunicación B 11928/19, el 30 de diciembre de 2019. Ahí aclaró a los bancos que no corresponde deducir de esos beneficios ningún tipo de concepto, sea por operaciones concertadas con la propia entidad financiera pagadora o con terceros, tales como cuotas de préstamos otorgados con código de descuento, comisiones o cargos por servicios adicionales a la cuenta contratados por el beneficiario, débitos automáticos para el pago de impuestos, servicios y otros conceptos.
En ese caso, también el Banco Central intimó a las entidades financieras a “arbitrar los medios para el reintegro inmediato de la totalidad de los importes descontados en contravención a lo dispuesto”.
Por su parte, Claudio Boada, abogado y director de la Unión de Usuarios y Consumidores, asegura que es una práctica habitual del sistema financiero. “El esfuerzo que hace el gobierno nacional para que las personas tengan plata en el bolsillo no se puede ir por la alcantarilla de los vivos que hacen negocios en el camino”, dice a El Destape. “No es nuevo. Es una comportamiento ilegítimo e ilegal, que en este caso es terrible porque las personas que reciben la IFE son las más vulnerables y necesitan el ingreso para subsistir”, destacó Boada.
Las entidades de consumidores solicitaron al Banco Central y la Anses que realicen los controles necesarios para que el sistema financiero no retenga el aporte estatal a los sectores de la sociedad más golpeados por la crisis.
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