Los puestos clave de la Justicia que tiene que resolver el Consejo de la Magistratura

Hay 988 cargos de jueces entre la Justicia Federal y Nacional de los cuales 248 están vacantes. Uno de cada cuatro. El Consejo de la Magistratura tiene en marcha 69 concursos para cubrir 155 de esas vacantes, el 62% de los despachos actualmente vacíos. De esos hay poco más de 50 vacantes cuyos concursos ya terminaron pero la puja en el Consejo frena la elevación de las ternas al Poder Ejecutivo. El presidente Alberto Fernández tiene en su escritorio 53 ternas de concursos concluidos para optar por uno de los mejores calificados y enviar su pliego al Congreso para cubrir el 21% de las vacantes. El Senado tiene 37 pliegos de jueces por aprobar, el 15% de los cargos sin ocupar. Quedan 3 cargos para los cuales ni comenzó el concurso.

Ese es el estado de situación, según los datos oficiales que maneja el Consejo de la Magistratura. Significa que aproximadamente uno de cada cuatro de los cargos de jueces en el país está vacante. Esto ralentiza el sistema de Justicia que aún gira en órbita del juez ante la demora en la aplicación del nuevo Código Procesal. Votado durante el kirchnerismo, frenado por el macrismo y aún demorado por el albertismo, ese Código tenía como objetivo era ordenar el proceso judicial donde el juez juzga y el fiscal investiga. Por ahora el centro sigue siendo el juez: y jueces faltan.

Con ese panorama comienza la era de Horacio Rosatti como autoproclamado presidente del Consejo de la Magistratura, cuya integración de 20 miembros en base a una ley derogada por el Congreso recién se pudo completar esta semana tras la asunción del senador Martín Doñate y la diputada Roxana Reyes. Sus llegadas, sin embargo, no cambian las relaciones de fuerza necesarias para avanzar con los concursos: oficialismo y oposición se reparten casi en mitades el Consejo y ninguno tiene los dos tercios necesarios para elevar una terna al Poder Ejecutivo una vez finalizado un concurso.

Es evidente que un avance en esos concursos y nombramientos de jueces podría generar una renovación importante en el Poder Judicial. Pero para eso es necesario el consenso entre los distintos sectores que integran el Consejo tras su toma por asalto por parte de la Corte. Ese consenso, hoy, es una fantasía. La oposición no tiene ningún incentivo para negociar cargos con el oficialismo cuando está cómoda con este statu quo en los tribunales mientras espera la oportunidad para nuevas designaciones sin ningún tipo de concesiones.

Los cargos claves

En total, en el Consejo hay 69 concursos en trámite para cubrir 155 vacantes en la justicia nacional y federal. Para tener una dimensión del alcance, solo en Comodoro Py se deben cubrir:

• 2 cargos en la estratégica Cámara Federal porteña, instancia revisora del edificio de Retiro.
   
• 3 cargos en los juzgados de primera instancia. Se trata de los juzgados que ocuparon Claudio Bonadío, Rodolfo Canicoba Corral y Sergio Torres. En esos despachos tramitan causas sensibles para la política nacional.
   
• 1 cargo en la Cámara Federal de Casación Penal, la máxima instancia penal del país. Se trata del cargo que dejó vacante Liliana Catucci en la sala III al jubilarse.
   
• También hay concursos para cubrir los Tribunales Orales Federales de la Capital Federal. Son los que llevan adelante los juicios en Comodoro Py.

Por todos esos juzgados, vocalías y tribunales tramitan las causas políticas más sensibles. Desde las que involucran al ex presidente Mauricio Macri hasta las que comprometen a la vicepresidenta CFK.

Para comprender la jugada de la Corte al tomar por asalto el Consejo: Previo a su llegada, es decir, en la estructura de 13 integrantes, el oficialismo estaba a dos votos de la mayoría para sacar las ternas (tenía 7 de los 9 votos necesarios). Y entre los concursos que estaban para aprobarse en el plenario y se trabaron por la jugada de los supremos se destacan los que son para ocupar los juzgados 6, 11 y 12 de Comodoro Py. Implican el 25% de los juzgados de primera instancia de los tribunales Retiro. En el juzgado 11 de Bonadío, por ejemplo, hoy es subrogado otro magistrado impulsor del Lawfare, Julián Ercolini.

También estaban para votarse las ternas para las dos vocalías de la Cámara Federal porteña que hoy ocupan Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi. Esos dos jueces fueron puestos a dedo por Macri en ese cargo y la Corte determinó que sigan allí hasta que se designe a sus reemplazantes por concurso. Como el Consejo no puede cerrar el proceso ambos siguen en funciones y activos, fallando de acuerdo a los intereses de Cambiemos.

Los mencionados no son los únicos lugares clave del Poder Judicial donde hay vacantes y concursos encaminados a ser cubiertos.

En la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal también hay un concurso en trámite. En este fuero tramitan las causas contra el Estado. Recientemente tuvieron su vidriera mediática porque allí se dio la discusión en torno a los nombramientos que hizo el Congreso para el Consejo de la Magistratura.

En los tribunales orales en lo Penal Económico de la Capital Federal también hay concursos en trámite. Se trata de los tribunales que podrían juzgar el caso del contrabando de armas a Bolivia que hoy tiene imputado a Mauricio Macri, Marcos Peña, Patricia Bullrich y otros encumbrados exfuncionarios del gobierno de Cambiemos.

A la nómina se agregan:

• Concursos para completar la Cámara Federal de La Plata (salas 1, 2 y 3). Este tribunal revisa por ejemplo lo que sucede en el juzgado federal de La Plata que hoy tiene la causa Gestapo antisindical. También analiza lo que sucede en la Justicia de Quilmes, donde se tramó la avanzada contra el sindicalista Juan Pablo “Pata” Medina. El juez federal de esa jurisdicción, Luis Armella, quedó en el foco de la investigación judicial por su rol en la avanzada judicial contra el referente de La UOCRA LA Plata.
   
• El concurso para ocupar el juzgado federal de Dolores, que actualmente subroga el magistrado Martín Bava. Ese cargo estuvo en manos de Alejo Ramos Padilla, quien destapó desde allí el D’Alessiogate y otros casos emblemáticos del espionaje ilegal macrista. Luego Ramos Padilla fue nombrado en la justicia federal de La Plata. Tanto Bava como Ramos Padilla fueron jueces cuestionados por Macri, quien logró sacar las causas que lo molestaban de los tribunales de Dolores y llevarlas a Comodoro Py.
   
• También hay concursos para completar las vacantes que hay en la justicia federal de San Martin (provincia de Buenos Aires). Se trata de un tribunal que revisa, por ejemplo, lo que sucede en la justicia federal de San Isidro, que tiene una extensión territorial muy importante y es seguida con mucho interés por los servicios de inteligencia. Pero también en Morón, Mercedes y Campana, por citar otros ejemplos.
   
• Existen concursos en trámite en el Consejo para cubrir vacantes de la Cámara Federal de Mar del Plata, que debe revisar todo lo tramitado en la Justicia de Dolores, por ejemplo, e intervino en el D'Alessiogate. Entre otras cuestiones, la justicia federal marplatense intervino en la causa del espionaje a los familiares de la tripulación del ARA San Juan, que se inició en los tribunales de la ciudad balnearia. 
   
• La lista de concursos abiertos es extensa e incluye cargos para la justicia federal de Santa Fe (donde se enquistó la problemática del narcotráfico), de Jujuy (que son seguidos de cerca por el gobernador Gerardo Morales, que tiene presa de forma ilegal a la dirigente Milagro Sala), y para juzgados nacionales de la Ciudad de Buenos Aires que tienen interés para el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

A estos mentados 69 concursos para 155 vacantes se suman, 3 concursos aún sin trámite en el Consejo y designaciones que están en su etapa final: hay 53 ternas en Poder del Poder Ejecutivo que aún no fueron resueltas. Y 37 pliegos de candidatos con pedido de acuerdo del Senado que aún no fueron tratados. En total hay 248 cargos para cubrir en la Justicia nacional y federal.

Relación de fuerzas

En el Consejo de la Magistratura se necesitan dos tercios de las voluntades en el plenario para aprobar las ternas y ninguna fuerza posee esa mayoría. Se trata de 14 votos si están los 20 consejeros presentes. Por lo que sin consenso entre los diferentes sectores que integran el “nuevo” Consejo será prácticamente imposible que salga siquiera alguno de los concursos.

Desde el órgano que selecciona y sanciona jueces aseguran a El Destape que saldarán temas de consenso. Pero aún no está claro qué alcances tiene ese “consenso”. Todo indica que los puestos más sensibles serán difíciles de aprobar.

Por lo pronto, antes de llegar al plenario, los concursos deben tratarse en la comisión de Selección. Y aún las comisiones no están conformadas. El próximo jueves podría empezar a haber novedades en ese sentido.

Una simple radiografía de la “nueva” composición del Consejo da cuenta de lo improbable que será congeniar las voluntades necesarias para aprobar las ternas. Es que conforman el organismo desde integrantes de la Mesa Judicial PRO a referentes del kirchnerismo. Actualmente, cada uno de los espacios podría nuclear 10 miembros.

Por el lado de la oposición se cuentan:

• Horacio Rosatti, que representa a la Corte del Lawfare. Asume como presidente del Consejo de la Magistratura por decisión de él mismo en un fallo que suscribió junto a Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda. Rosatti fue designado por Macri en el Alto Tribunal.
   
• Jimena de la Torre electa por el estamento de los abogados. Integró dos de los órganos desde los cuales el gobierno de Mauricio Macri impulsó la persecución judicial: la AFIP y la UIF. Entre quienes apoyaron a De la Torre en su carrera por entrar al Consejo aparece el senador provincial Juan Pablo Allan, quien fue indagado en la causa “Gestapo antisindical” por sus vínculos con espías y funcionarios bonaerenses en el armado de causas contra el sindicalista Juan Pablo “Pata” Medina. De la Torre también fue respaldada por la presidenta del PRO, Patricia Bullrich.
   
• Agustina Díaz Cordero (h), fue electa por el estamento de los jueces para completar el Consejo de 20 integrantes. Es exasesora del ministro de Justicia, Germán Garavano. Y Macri la nombró al frente del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº 23, el 27 de abril de 2018. Era un premio para su madre, Maria Lilia Gómez Alonso, que presidía la Sala B de la Cámara Comercial desde donde manejaba la causa por la multimillonaria deuda de los Macri con el Estado por el Correo Argentino. Desde allí, María Lilia brindó más de un favor al expresidente.
   
• Pablo Tonelli, otro representante del ala dura del PRO. Es uno de los alfiles judiciales de Macri.
   
• Los representantes por el estamento de los abogados, Carlos Matterson, por el Interior del país, y Diego Marías, por los abogados porteños. El primero está vinculado al operador judicial Daniel “Tano” Angelici. El segundo es cercano al jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.
   
• También se suman a este esquema la senadora radical por Jujuy (vinculada al gobernadora Gerardo Morales), Silvia Giacoppo, y los jueces Juan Manuel Culotta y Ricardo Recondo, integrantes de las dos listas más conservadoras de la ya de por sí conservadora Asociación de Magistrados. Recondo, por ejemplo, llegó a presidir la Asociación de Magistrados durante el gobierno de CFK y desde allí mantuvo más de un choque retórico con ella.
   
• La décima integrante es la diputada de la UCR Roxana Reyes, quien juró este jueves como consejera.

Enfrente de este grupo se podrían reunir otros 10 consejeros para votar también en bloque pero en favor del oficialismo.

Por un lado, están los 7 consejeros que solían votar en la mayoría de las ocasiones de manera conjunta en el consejo de 13 integrantes:

• Gerónimo Ustarroz, representante del Poder Ejecutivo.
   
• El senador Mariano Recalde (FdT).
   
• La diputada Vanesa Siley (FdT).
   
• El académico Diego Molea.
   
• La senadora nacional por el Chaco, María Inés Piltatti Vergara (FdT).
   
• El juez Alberto Lugones (Lista Celeste de la Asociación de Magistrados).
   
• La diputada peronista Graciela Camaño.​​​

A ellos se podrían sumar las dos nuevas consejeras: la representante de los abogados María Vázquez, decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora; y por el de los académicos, Pamela Tolosa, decana de Derecho de la Universidad Nacional del Sur. Ambas cercanas al consejero Diego Molea. El décimo consejero que puede integrar este bloque es el senador de Unidad Ciudadana, Martín Doñate, quien juró este jueves.