Los senadores Oscar Parrilli y Adolfo Rodríguez Saá pidieron a Cancillería el asilo político de una exministra de Rafael Correa. Le pidieron al Presidente que dicte el decreto mediante el cual se otorgue asilo diplomático a favor de María de los Ángeles Duarte, ex Ministra de Transporte y Obras Públicas del Gobierno ecuatoriano del ex presidente.
"A su regreso del viaje a Ecuador, con motivo de la celebración de los 200 años de la batalla de Pichincha, el senador Oscar Parrilli trajo un pedido urgente para el canciller Santiago Cafiero", afirma un comunicado del Frente de Todos.
En una nota formal, entregada hoy, le solicitó que su cartera “arbitre los medios necesarios a efectos de agilizar los mecanismos para que el Presidente de la Nación dicte el Decreto
mediante el cual se otorgue asilo diplomático a favor de María de los Ángeles Duarte, ex Ministra de Transporte y Obras Públicas del Gobierno del ex presidente Rafael Correa”. Parrilli describió que la ex funcionaria “se encuentra en la embajada de nuestro país en Ecuador desde hace casi dos años junto a su hijo menor, de 11 años de edad, en carácter de huésped por razones humanitarias. La residencia se encuentra sin Embajador designado desde hace varios años, lo que motiva que la Sra. Duarte y su hijo están prácticamente solos y efectivamente encerrados con total imposibilidad de ejercer su derecho de libertad”.
El legislador neuquino comparó la actualidad ecuatoriana con lo que “viene sucediendo con nuestra Vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, con el ex Presidente de Brasil Luiz
Inácio Lula da Silva, con Rafael Correa y con tantos otros dirigentes políticos latinoamericanos”, que son víctimas del lawfare que “se ha impuesto en la región en los últimos años para intentar sacar de la escena política a los gobiernos nacionales y populares”.
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Parrilli recordó que “al expresidente de Ecuador, Rafael Correa, exiliado en Bélgica desde 2017, le fue concedido el asilo político en ese país en el mes de abril de 2022, sin embargo, poco después la Corte Nacional de Justicia ecuatoriana anunció que solicitó formalmente la extradición del ex mandatario en una clara muestra de persecución política en su contra.
Dentro de la “causa sobornos” tramitada en forma irregular, ante jueces sospechados de parcialidad y nombrados en forma temporaria, tramitada al solo efecto de proscribirlo en las
elecciones presidenciales, Correa fue condenado en 2020 a ocho años de prisión por cohecho agravado en un caso que el ex jefe de Estado ha denunciado como producto de una
persecución política. El abogado defensor Marchand había explicado que la solicitud de la medida de protección fue hecha desde 2018, año en el que Ecuador empezó a abrir procesos
de investigación contra él, entre ellos uno que relacionaba al ex mandatario con el supuesto secuestro de un opositor en 2012, el llamado caso Balda”, finalizó.
Sin embargo, el de Parrilli y Rodríguez Saá no es el primer pedido que recibe Cafiero por este tema. En el mes de octubre del año pasado, la también Senadora María Inés Pilatti Vergara, le solicitó al canciller argentino la misma gestión, sin respuesta hasta el día de hoy.
La nota a Cancillería
En su nota a la Cancillería, describen los senadores: "En enero de 2019 el Gobierno de México concedió asilo político a dirigentes y asambleístas del Movimiento Revolución Ciudadana de Ecuador, quienes fueron objeto de una brutal persecución, seguimiento extrajudicial, hostigamiento, amenazas de muerte, intervenciones telefónicas, violación de derechos y linchamiento mediático, persecución que se inicio con la llegada de Lenin Moreno al poder y que se profundizo aún más bajo el gobierno de Lasso, con el objetivo regional de perseguir y proscribir a los Gobiernos Populares de Latinoamérica a través del lawfare".
"En un comunicado del Movimiento, agradecieron la protección y el asilo de Gabriela Rivadeneira, Soledad Buendía, Carlos Viteri y Luis Fernando Molina, quienes se encontraban en la Embajada mexicana en Quito junto a sus parejas y desde allí se trasladaron a México", sigue.
Y finaliza: "El gobierno encabezado por Lenín Moreno que gobernó en el Ecuador en el período 2017-2021 desató una feroz persecución política contra los referentes de la oposición política, justificándolo en un supuesto plan de desestabilización e intento de golpe de Estado ideado por el ex presidente Rafael Correa. Bajo este argumento se comenzó con la detención indiscriminada sin fundamentación de líderes del movimiento Revolución Ciudadana y dirigentes políticos del correísmo con cargos en alcaldías locales, aduciendo desde corrupción hasta sedición para justificar esta persecución política. Posteriormente y ante las reiteradas protestas del pueblo ecuatoriano por la grave situación de persecución que se desató en dicha Nación, continuó con las amenazas hacia los dirigentes cercanos al ex presidente Correa diciendo que eran desde terroristas enviados por el Gobierno venezolano de Nicolás Maduro, hasta narcotraficantes y seguidores de Correa".