El despliegue judicial de Clarín contra el DNU que declara servicio público las telecomunicaciones

El Grupo Clarín despliega una estrategia mediática y judicial en distintas jurisdicciones del país para evitar que se aplique el decreto 690/20 que establece como servicio público a la televisión por cable, Internet y la telefonía fija y móvil. La Asociación Argentina de Televisión por Cable (ATVC), que nuclea a cableoperadoras de todo el país y es presidida por un histórico de Cablevisión, juega un rol protagónico. Hoy, la discusión es si mientras se resuelve la cuestión de fondo en la Justicia, los usuarios pagan los servicios TIC al precio regulado por el Gobierno o al que fijan las empresas. Se trata de una disputa millonaria que impacta en el bolsillo de las personas, que en medio de la pandemia necesitan las telecomunicaciones como un bien esencial. 

La táctica del multimedios comandado por Héctor Magnetto quedó en evidencia este martes, cuando se notificó al Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) que un juez federal de Córdoba suspendió la aplicación del DNU que firmó el presidente Alberto Fernández, que habilita la regulación de tarifas del sector de las telecomunicaciones. El hecho, en verdad, alcanzó a una pequeña cableoperadora de Villa del Rosario, Córdoba, llamada TV Cable Color SRL. Pero el mismo día que se difundió la noticia, una de las grandes asociaciones que agrupa a las cableoperadoras, ATVC (presidida por Walter Burzaco, un hombre de Telecom-Cablevisión), emitió un comunicado en el que afirmó que la decisión se extendía a todos los jugadores del sector. Es decir, que alcanzaba también a Telecom-Cablevisión. Esto fue desmentido por el Enacom. Pero en lo que a todas luces asoma como una maniobra coordinada, Telecom-Cablevisión (que es el Grupo Clarín) informó a sus clientes que rechaza acomodar sus tarifas a los porcentajes que estableció el Gobierno porque “la Justicia federal de Córdoba dictó una medida cautelar que suspende el DNU 690/20”. 

A esto se suman nuevas demandas de cableoperadoras en distintas jurisdicciones del país. Además de Córdoba y Buenos Aires, por ejemplo, también hubo presentaciones en Misiones.

La sucesión de hechos revela el despliegue judicial de Clarín contra el DNU, que tiene muchos puntos en común con el que ejecutó contra la aplicación de la Ley de Medios. 

Miles de millones en juego

“Hay un hecho material concreto: se declaró servicio público algo que es imprescindible en estos tiempos. El que no lo puede pagar se queda afuera del sistema”, explica el vicepresidente del Enacom, Gustavo López, a El Destape. “En pandemia, desde la Educación primaria a la universitaria requiere de acceso Internet”, ejemplifica López. Y añade, para graficar la relevancia que adquirieron las telecomunicaciones en estos tiempos: “Para una persona aislada, su único punto de contacto es la tele y el teléfono”. No es casualidad que 24 asociaciones de usuarios y consumidores apoyen la medida del Gobierno y decidan acompañar al Enacom en la justicia para defender lo resuelto por el Poder Ejecutivo. 

En diálogo con este medio, Pedro Bussetti, presidente de la asociación Defensa de Usuarios y Consumidores (DE.U.CO) señaló: “Las entidades hemos apoyado la sanción del decreto 690, que de alguna forma propiciamos. Ahora, el gobierno y el Enacom tienen que estar decididos a no aflojar. Recibimos muchas quejas de la gente por las tarifas”. 

A través del DNU N° 690, el Gobierno puede regular las tarifas. En ese marco, habilitó un aumento de hasta el 5% en los precios de los Servicios de Telefonía Fija, Móvil, Internet y Televisión por Cable a partir del 1 de enero de 2021. Debido a que la mayoría de las empresas TICs ya habían emitido sus facturas, algunas como Telecom con un aumento del 20% que no fue autorizado, el Enacom dispuso que lo cobrado de más en enero sea reintegrado o acreditado en la factura del mes de febrero. Diversas operadoras acudieron a la Justicia para que se anule la medida. A la par, reclaman que mientras eso se define se suspenda la aplicación del decreto. En ese marco, presentaron medidas cautelares, muchas de las cuales fueron rechazadas. Según estiman en el Enacom, la resolución de la cuestión de fondo puede demorar hasta 2 a 3 años. Por eso, lo que suceda en ese lapso se transformó en el foco de disputa actual.  

A modo de ejemplo, en el Enacom hacen una simple cuenta para reflejar los montos que hay en juego en la actualidad. Cablevisión tiene alrededor de 4 millones de clientes (al 2020 tenía 3,5 millones de abonados al servicio de cable y vía Fibertel 4,1 millones al de Internet). Con una tarifa de cable promedio de $2.000, la diferencia del 15% que está en discusión con esa empresa puntual implica $300 por factura. Si esa suma se multiplica por todos los usuarios de cable a los que alcanzaría el aumento, la cifra asciende a $1.050 millones. Esa tajada mensual aproximada es únicamente por el servicio de cable del Grupo Clarín. Eso hay que hacerlo extensivo a los restantes servicios y operadoras. Para poner en dimensión: Telecom (que es el Grupo Clarín) asume para la telefonía móvil 18,8 millones de clientes.

La cuestión que se discute hoy es si mientras la Justicia resuelve la cuestión de fondo debe regir lo dispuesto por el Gobierno o el usuario tiene que pagar los aumentos que establecen las empresas, que implican miles de millones de pesos para las arcas de los grandes jugadores del sector. 

En ese sentido, este viernes se cumplió el plazo establecido por el Enacom para que se acredite la devolución del dinero cobrado de más. Desde el organismo informaron a El Destape que “Telecentro devolvió el dinero en la factura. Direct TV también. Estamos esperando a las tres telefónicas. Cablevisión le está diciendo a los usuarios que no va a devolver el dinero porque para ellos la medida cautelar que se dio en Córdoba es general, lo que es falso”. “Pondremos multas a los que no respeten el DNU. Vamos a ser inflexibles para que se le devuelva el dinero a la gente”, aseguraron. Y resaltaron que “infinidad de empresas no habían cobrado el aumento”.  

Por otro lado, hay que diferenciar a los grandes operadores de los pequeños del Interior del país, a los que el Enacom autorizó un aumento del 8% en enero y otro 7% a partir del 1º de febrero. El beneficio es para los licenciatarios que posean menos de 100 mil accesos y que no hubieran aumentado sus precios durante el 2020. Este punto no es menor.

Muchos pequeños cableoperadores integran la asociación ATVC, que conduce un histórico de Cablevisión, Walter Burzaco. El 2 de febrero pasado, ATVC emitió un comunicado en el que buscó hacer extensivo a todos los jugadores del sector un fallo que emitió el juez federal de Córdoba Ricardo Bustos Fierro, quien otorgó una cautelar a una empresa chica de Córdoba. La intención de generalizar el amparo no fue azarosa. Telecom (que es el Grupo Clarín) ya había recibido un importante revés judicial en el fuero Contencioso Administrativo de la Capital Federal. Por eso se manifestó en la misma línea que ATVC y  buscó usufructuar un fallo que se dio en otra provincia y beneficiaba a las empresas en detrimento de los usuarios. 

La estrategia de Clarín 

“La estrategia que siempre caracteriza al Grupo Clarín es canalizar los reclamos a través de diversas cableoperadoras porque ‘controla’ a las entidades que las nuclean”, indican desde el sector de las TIC. 

La Asociación Argentina de Televisión por Cable tiene como función la representación institucional de las empresas y otras asociaciones que conforman la industria del Cable de la Argentina. Está presidida por Walter Burzaco, un hombre que hace más de 25 años está vinculado a Cablevisión. Según se desprende de una nota institucional sobre un convenio firmado entre el municipio de San Isidro y Cablevisión-Fibertel en septiembre de 2017, Burzaco ejercía el cargo de Gerente de Asuntos Institucionales de Cablevisión y era una de las caras visibles de la empresa. De hecho, se mostraba sonriente en la firma de un acuerdo rubricado con el intendente Gustavo Posee.

Por eso no debe sorprender la postura de ATVC luego del fallo que benefició a TV Cable Color SRL en Córdoba. Apenas se conoció la noticia emitió un comunicado titulado “Decisión de la Justicia. La TV por Cable y los Servicios de Telecomunicaciones deben ser sustentables para poder seguir conectando y comunicando a los argentinos”. En el documento que subió a su página web, la entidad sostuvo que la resolución del juez Bustos Fierro “restablece la potestad de los operadores de cable y telecomunicaciones de fijar sus condiciones de comercialización, como servicio en competencia, a los fines de garantizar la continuidad, la sustentabilidad y la calidad del servicio que brindan cientos de empresas en todo el país”. Es decir, generalizó la decisión judicial. El Enacom salió al cruce de esta postura.

En este contexto, desde el Enacom calculan que puede haber decenas de demandas contra el decreto N° 690/20 que establece como servicio público a la televisión por cable, Internet y la telefonía fija y móvil.  “Por la estrategia que se repite siempre”, indican. 

De hecho, el ente regulador tuvo noticias de presentaciones en Posadas y Oberá, Misiones, según indicaron a este medio. 

La estrategia a la que apuestan grandes operadores como Telecom es que haya una multiplicidad de presentaciones para ver si prospera alguna. Es que alcanza con que un juez considere que el DNU debe suspenderse para que –si lo aclara en su resolución- la medida quede paralizada en todo el país. No importa que haya diez resoluciones de otros magistrados que digan lo contrario. En todo caso, esas resoluciones serán útiles para solidificar una apelación.

Así las cosas, tras el fallo de Bustos Fierro desde Telecom responden a sus clientes que “no es posible modificar el valor facturado ya que al momento el valor es legítimo (porque) la Justicia federal de Córdoba dictó una medida cautelar que suspende el DNU 690/20 y todas las medidas administrativas dictadas con posterioridad. Por eso, Telecom y las demás empresas de telecomunicaciones ratifican su capacidad de fijar sus políticas comerciales. Los precios informados oportunamente están vigentes”.

Las demandas

Apenas se conoció el decreto 690/20 hubo tres demandas de las grandes operadoras. Eso ocurrió antes de que se reglamentara el decreto.

La primera, la presentaron Telecentro y Direct TV. La causa tramita ante el Juzgado Contencioso Administrativo Federal Nº 4 de la Capital Federal. Las empresas piden la declaración de inconstitucionalidad del decreto. La Justicia rechazó en noviembre la cautelar en la que se pedía la suspensión de los efectos del decreto mientras se discute la cuestión fondo.

Luego se sucedieron las de Telefónica y Telecom. La primera se encuentra en el Juzgado Contencioso Administrativo Federal Nº 5 de la Capital Federal y la segunda en el N° 8. 

“A todos les rechazaron el amparo”, indicó Gustavo López a El Destape. 

Luego de la reglamentación del DNU, Telecom (es decir, el Grupo Clarín) volvió al ataque y amplió el pedido cautelar contra las disposiciones dictadas por el Enacom. El 28 de enero pasado, el juez en lo contencioso administrativo Walter Lara Correa, que estaba de feria, rechazó el amparo requerido por el multimedios. El magistrado resaltó que la empresa no acreditó de qué forma las medidas dispuestas por el Gobierno “afectarían el estado de sus finanzas”.

Cinco días después, el ente regulador recibió la notificación del caso de Córdoba. A pesar de tener un dictamen fiscal en contra, el juez Bustos Fierro habilitó el amparo a favor de la empresa TV Cable Color SRL. Sobre esta resolución se montaron ACTV y Telecom.

A este cuadro de situación se suman presentaciones en el juzgado federal de Oberá, Misiones, y en otras jurisdicciones. La complejidad del asunto es que en algunos casos, como en el de Córdoba, no se notifica del proceso al Estado, por lo que realizar un relevamiento preciso sobre el devenir de todas las demandas es casi imposible.

Lo que está claro es cómo opera el Grupo Clarín: apuesta que se habilite una cautelar en algún juzgado del país para usufructuarlo y no cumplir la norma. Un déjà vu de la estrategia que el multimedios implementó para frenar la aplicación de la Ley de Medios.