Coronavirus: el trabajo de los profesionales de “primera línea” que no reciben aplausos

Los aplausos y bocinazos suenan todas las noches a las 21 para reconocer el trabajo de los profesionales sanitarios. Sus problemas también fueron puestos sobre la mesa, claro. La falta de recursos, deficiencia en infraestructura y salarios bajos. Pero están quienes también forman parte de la famosa “primera línea” contra el coronavirus, que no tienen esa gratitud cotidiana y desde el día cero atienden a personas en situación de vulnerabilidad con los mismos inconvenientes: precarización, ausencia de recursos humanos y controles vulnerables ante el COVID-19, por mencionar sólo algunos.

En la Ciudad de Buenos Aires, que hoy concentra la mayor cantidad de casos positivos del país y cuyos focos de infección se encuentran en los sectores más vulnerables, hay programas de atención y contención que no pueden dejar de funcionar y, de hecho, no lo hicieron: personas en situación de calle, adicciones, hogares y violencia de género son algunos de los grupos en los que se enfoca la labor de profesionales con bajísimos sueldos y falta de materiales para brindar las soluciones correspondientes y esperadas por quienes recurren a ellos.

Florencia Álvarez es psicóloga social, trabaja en hogares convivenciales y es una de las delegadas de la junta interna de ATE en Promoción Social por la Dirección de la Mujer. En diálogo con El Destape, remarcó: “No somos heroínas, somos mujeres trabajadoras y sufrimos violencia institucional” porque trabajan bajo contratos de locación, tienen que pagar su propio monotributo, no tienen los beneficios de un empleado en relación de dependencia y, como en todas las áreas que abordará la nota, también poseen compañeros y compañeras tercerizados con contratos de asistencia técnica firmados ante la Universidad de Buenos Aires.

Florencia trabaja con mujeres en situación de violencia de género. ¿Qué pasa después del llamado ante la línea 144 donde reciben orientación, contención e información.? Un paso que ya es bastante difícil de dar. Muchas deben irse de sus hogares porque están en peligro, al convivir con su victimario. Si la mujer hace la denuncia y necesita de un lugar donde ser alojada para salvaguardarse por el riesgo de su integridad física respecto a su agresor, el problema es que existe un único refugio en CABA para albergalas. No alcanza para cubrir toda la demanda. Entendiendo que esta demanda se vio incrementada en el contexto actual de cuarentena.

Un aislamiento ante un caso sospechoso es muy difícil porque falta lugar físico. Hay una sola habitación para alojar a las personas que podrían tener COVID-19, algo complejo durante las dos semanas que dura la cuarentena, sobre todo si aparecen nuevos. En estos días se bajó un protocolo oficial pero, nuevamente, el problema de infraestructura genera limitaciones para cuestiones básicas como generar un ámbito de transición que permita el cambio de ropa al ingresar. De todos modos, Florencia aseguró que entre ellas se cuidan mucho y que tienen garantizados, desde el Gobierno, los elementos de protección e higiene.

Es un trabajo demandante física y psicológicamente, de 24 horas todos los días de la semana y con sueldos muy por debajo de la línea de la pobreza. Incluso, muchas trabajadoras no habían cobrado salarios de $25.000 hasta hace dos días. Pese a ello, siguen con sus tareas desde el día cero.

Daniel Rojas, es psicólogo, delegado de la junta interna de ATE en Promoción Social y trabajador del CAINA, un centro de día para niños, niñas y adolescentes en situación de calle que funciona como la puerta de entrada al sistema institucional de la Ciudad junto con La Boquita. Con la cuarentena, comenzó a funcionar las 24 horas para garantizar la protección de los jóvenes allí albergados y están funcionando con la tercera parte de los trabajadores como consecuencia de las licencias otorgadas producto de la pandemia.

Trabajan con subjetividades muy golpeadas, en varios casos con problemas de consumo de drogas o patologías de base que hacen muy difícil que quieran quedarse en los espacios convivenciales por más de una semana, por lo que entran y salen. Ésto genera un grave problema. Hace dos semanas, cuando comenzó la propagación de casos en las villas, la situación se volvió más compleja porque “la población de calle circula por esos barrios”, dijo Daniel a El Destape y remarcó que están exigiendo que se les realicen los test correspondientes antes de ingresar, con resultado negativo en mano. Algo que hoy no ocurre.

“Los están ingresando en el turno noche sin hacerles el test”. En los últimos días entraron varios jóvenes que estuvieron en lugares de riesgo sin ningún documento que acredite la ausencia del contagio, lo que pone en riesgo al resto de los niños, niñas y adolescentes y a los trabajadores. “Los equipos están agotados, estresados” por esta situación.

Al día siguiente, los ingresantes son llevados al Hospital Muñiz para realizar el testeo pero el resultado tarda 48 horas, la espera se hace en el dispositivo convivencial y no hay espacio físico para mantenerlos aislados. “Estamos bancando una estructura deficitaria de la política social y que ahora se agrava porque no quieren contratar gente y encima estamos por debajo de la línea de la pobreza. El 70% tiene contratos de locación, sin obra social ni ART y la tarea es de muchísimo riesgo”, sostuvo Daniel.

“Es el único (centro convivencial) que tiene ingresos, hay circulación de población y se transformó en un depósito, total piensan que el equipo se banca todo”, aseguró y agregó que “la semana pasada empezaron a implementarse protocolos y hace diez días comenzaron a garantizar barbijos y elementos de protección”, pero buscan que les garanticen los tests a todos ante un caso positivo, que por suerte todavía no tuvieron.

Camila Renau es trabajadora social en Casa Puerto y delegada de la junta interna de ATE en Promoción Social. Ese espacio “es el único sector directo propio del Gobierno para abordar la problemática de consumo en menores” y si bien es un lugar de alojamiento, también se hace un trabajo ambulatorio ya que tienen capacidad para 12 personas pero muchos egresaron, abandonaron el tratamiento o lo hacen desde sus hogares.

Como en todas las dependencias, muchos profesionales están de licencia y de una planta de 32 hoy trabajan 23 para atender a los jóvenes las 24 horas y garantizar la articulación con sus familias. Los cuatro que hoy están alojados allí, no salen desde que se decretó la cuarentena por eso resolvieron cerrar los ingresos, para protegerlos y no generarles el deseo de irse. Por eso, los empleados son el único factor de riesgo, ya que van y vienen, y se organizaron para hacer más horas de trabajo y no regresar a la guardia en 48 horas, turnándose.

Desde el 30 de marzo, definieron usar barbijo dentro de la institución, se toman la temperatura antes de entrar y hace tres semanas cuentan con un espacio de transición para cambiarse y, tras lavarse las manos, ingresar al lugar. Al conocer las necesidades, el Gobierno les pidió la elaboración de un protocolo pero aseguran que después no respetan lo planteado. Sin embargo, pese a los esfuerzos, hay problemas estructurales como la falta de agua caliente para bañarse o picaportes, por poner ejemplos básicos.

El Hogar Curapaligüe es uno de los propios del Gobierno porteño y aloja a 33 niños, niñas y adolescentes que se encuentran como medida de protección por tener sus derechos vulnerados. Al ser convivencial, viven allí por meses o años y, como todos, atraviesan la cuarentena contra el coronavirus. Cristian Rugna trabajador y delego de la junta interna de ATE en Promoción Social aseguró que no se garantizan los recursos para que pasen la situación de la forma más amena posible. No sólo con insumos o juegos para los menores sino también mediante acciones y calidad de trabajo para los profesionales. Los equipos se redujeron por las licencias otorgadas y son cada vez menos los que deben responder a las demandas y necesidades, desde lo emocional o sosteniendo tareas en épocas de educación a distancia, lo que representa una sobre carga mayor a los equipos de trabajo de por si diezmados.

Cristian contó que el problema es de hace años, cuando había superpoblación y se dispuso una medida cautelar por las condiciones infraestructuras lugar. Se realizaron obras pero siguen teniendo problemas de calefacción, vidrios astillados que generan un riesgo, ratas y cucarachas que deambulan por las instalaciones o la necesidad de disminuir la presencia de mosquitos ante el peligro del dengue.

Si bien hay protocolos generales ante el coronavirus, aseguró a El Destape que no hay nada específico para el hogar, para garantizar el cuidado de los menores y profesionales ante un posible caso positivo. "Al momento, ya se realizaron cinco hisopados a trabajadores, trabajadoras y a un niño alojado por presentar síntomas y la experiencia no fue buena".

Ayer, El Destape reveló que el Gobierno porteño creó el programa "Servidores Públicos" para redireccionar recursos no esenciales a áreas de concientización y apoyo en centros de salud. Personal sin experiencia en territorio que deberá ser capacitado. Los que están en la primera línea desde que comenzó la pandemia, exigen revalorizar sus trabajos e incorporar profesionales formados para colaborar con la dramática situación.