Caso Cuadernos: jueces macristas anularon su propio fallo y vuelven a incluir a Calcaterra en el juicio

El caso Cuadernos volvió a generar un nuevo escándalo judicial este viernes luego de que dos jueces de la Cámara Federal de Casación Penal anularan una resolución suya con la que habían favorecido al empresario Ángelo Calcaterra, primo de Mauricio Macri, en el caso de los anotadores adjudicados al chofer y exmilitar Oscar Centeno. Tras ser duramente cuestionados por sus colegas del TOF 7 a cargo de la causa Cuadernos y denunciados ante el Consejo de la Magistratura por haber sacado del juicio a Calcaterra y enviar su caso a la justicia electoral, aduciendo que no había pagado coimas sino aportes irregulares de campaña, los camaristas Diego Barroetaveña y Daniel Petrone modificaron su posición. Para eso recurrieron a una formalidad: que una de las partes no había sido notificada de un acto procesal. Así, el primo de Macri volvió a ser incluido en el debate oral y público. El “huemul” Carlos Mahiques se mantuvo en su posición y disintió con sus pares, cuestionando su giro de 180 grados.

Dos jueces anularon su propio fallo

La historia de esta novela político-judicial se remonta al 19 de junio pasado cuando los camaristas Carlos “el huemul” Mahiques –uno de los jueces que viajó a Lago Escondido y exfuncionario de María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires-; Daniel Petrone –íntimo amigo del exministro de Justicia de Macri Germán Garavano-; y Diego Barroetaveña –consejero de la magistratura- firmaron un fallo con el que sacaron a Calcaterra del juicio del caso Cuadernos, una causa paradigmática de Lawfare. Los tres jueces designados en Casación por Macri hicieron una lectura muy particular de los hechos y consideraron que el primo de Mauricio y su mano derecha, el ejecutivo Javier Sánchez Caballero, no habían pagado coimas sino aportes de campaña irregulares al Frente para la Victoria. Dijeron, en consecuencia, que su caso debía investigarse en el juzgado electoral a cargo de María Servini, es decir, en la justicia electoral.  

La decisión provocó todo tipo de críticas. Desde el TOF 7, que está a cargo del juicio de los anotadores, se acusó a sus superiores de la Cámara de Casación de haber sacado ilegalmente a Calcaterra de la causa Cuadernos. Pidieron que intervenga la Corte Suprema de Justicia. Los camaristas fueron denunciados en el Consejo de la Magistratura por la Coalición Cívica y por la ONG Será Justicia (vinculado al Colegio de Abogados de la calle Montevideo, que nuclea a lo más conservador de los estudios de la city porteña). Se lo acusó de un pacto de impunidad. El gobierno de Javier Milei, por su parte, pidió la anulación de la resolución.

En la presentación de la Coalición Cívica, por ejemplo, se destacó que “Carlos Mahiques posee estrechos vínculos políticos con familiares de Calcaterra y demás personas allegadas a él” por lo que debió haberse excusado de intervenir en la causa. Se recordó su paso como ministro de Justicia de María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires y de que es el padre de Juan Bautista Mahiques, Fiscal General porteño.

Finalmente, las denuncias en el Consejo de la Magistratura no prosperaron. El PRO, la UCR y la corporación judicial blindaron a los jueces denunciados.

Este viernes, los magistrados Barroetaveña y Petrone intentaron una salida del laberinto político-judicial en el que se metieron: lejos de resolver el problema lo agudizaron. En una resolución insólita, los camaristas de la máxima instancia penal del país anularon su propio fallo. Para eso recurrieron a una formalidad. ¿Qué hicieron? Le dieron lugar a un planteo del fiscal ante la cámara, Raúl Plee, quien había sostenido que el fallo que benefició al primo de Macri era nulo porque se había omitido dar vista de esa decisión a la Unidad de Información Financiera (UIF), que es querellante. La UIF, que es un área del Poder Ejecutivo, también criticó la decisión y sostuvo que afecta el juicio de Cuadernos.

Este viernes, Barroetaveña y Petrone resolvieron “HACER LUGAR al planteo deducido por el representante del Ministerio Público Fiscal, y al que adhirió la parte querellante UIF y en consecuencia, ANULAR la resolución dictada en este legajo de fecha 19 de junio de 2024”. Acto seguido volvieron a resolver la situación de Calcaterra y para retroceder en su postura anterior rechazaron “el recurso de casación interpuesto por los doctores Ricardo Rosental y María Valeria Onetto, ambos por la defensa de Ángel Jorge Antonio Calcaterra, y el primero de los nombrados, por la asistencia técnica de Héctor Javier Sánchez Caballero, con costas”.

Estos dos jueces se tomaron del planteo de Plee para “corregir” sus fallo anterior. “El presentante señaló que la Unidad de Información Financiera (UIF) no fue incorporada como parte al Sistema Lex100, por lo que no fue notificada del trámite del incidente en esta instancia”, escribieron. Recordaron que la UIF sostuvo que “(L)a falta de notificación de la audiencia prevista por el art. 465 bis del CPPN permitió la sustanciación del recurso sin intervención de esta parte, cercenando injustificadamente las facultades procesales del organismo y ello impone la anulación de lo resuelto (…)”.

Para darle cierta forma a este ir y venir jurídico celebraron una audiencia el 15 de octubre pasado. Y dijeron: “Asiste razón a los acusadores en punto a que el trámite de la incidencia no fue integrado correctamente al omitirse desde Secretaría dar noticia del mismo a la UIF, tal como surge de la nota actuarial del 26 de junio del año en curso”. “Frente a ese escenario, si bien la jurisprudencia de esta Cámara Federal de Casación Penal establece que los pronunciamientos dictados por ella no son susceptibles, como regla, de recurso de nulidad, y que son impugnables - en principio- sólo por la vía extraordinaria federal (…) corresponde exceptuarla cuando se encuentra en juego la posible afectación a las garantías de debido proceso, tutela judicial efectiva y defensa en juicio de los litigantes”, añadieron.

Y concluyeron: “En el entendimiento de que la omisión de notificación e intervención de la querella en esta incidencia importa un perjuicio real y concreto para esa parte, corresponde hacer lugar al planteo de nulidad deducido por el representante del Ministerio Público Fiscal y al que adhiriera la parte querellante, sin costas en la instancia”.

Luego volvieron a resolver respecto al planteo de Calcaterra y Sánchez Caballero y consideraron que “las alegaciones de la parte querellante en la mencionada presentación -las que fueron asimismo señaladas por el Fiscal General en las breves notas acompañadas en la audiencia del 15 de octubre próximo pasado- introducen elementos novedosos no invocados oportunamente que remiten a cuestiones de hecho y prueba que hacen aparecer aquí la necesidad de que sean ventiladas en el debate”. Así, dieron un giro de 180º y volvieron a dejar a ambos en el juicio de Cuadernos.

“En ese contexto, encontrándose elevadas a juicio estas actuaciones, aparece procedente la afirmación de los acusadores en cuanto a que el debate oral y público es el ámbito natural de discusión donde plantear las cuestiones de hecho y prueba antes mencionadas; pues allí encontrarán su adecuado marco de tratamiento durante su sustanciación, con las notas de oralidad, publicidad, inmediación y contradicción que aquél posibilita”, señalaron. Y cerraron: “Corresponde rechazar el recurso de casación deducido por la defensa particular de Ángel Jorge Antonio Calcaterra y de Héctor Javier Sánchez Caballero, con costas”.

El "huemul" Mahiques no se mostró muy de acuerdo con sus colegas. Manifestó su “discenso acerca del particular trámite dado al presente incidente”. Entre otras cosas, dijo que “en el Sistema de Gestión Judicial de Causas (LEX100) obra registro de la solicitud de nulidad realizada por la Fiscalía ante esta sede el 25 de junio del corriente, de la que se corrió vista -por tres días- a las partes interesadas”. Es decir, según Mahiques, la coartada esgrimida no es legítima. Su posición expone a sus compañeros de sala.

“La audiencia celebrada el 15 de octubre pasado no tuvo justificación ni correspondencia con el procedimiento indicado por el ritual. En efecto, ninguna ‘audiencia’ u otro procedimiento análogo están previstos legalmente para el tratamiento de la nulidad articulada”, manifestó, azuzando una interna clara con Barroetaveña y Petrone. “Por la vía de esa decisión mayoritaria -a la que no adherí- se le asignó al reclamo nulisdicente un trámite particular e improcedente en esta instancia revisora (…)”, añadió.

Para Mahiques “la nulidad articulada por la Fiscalía exhibe una insuperable carencia de fundamentación respecto de la concurrencia de un perjuicio concreto para esa parte. Dicha inconsistencia factual y jurídica deja sin sustento al agravio cuya improcedencia no puede ser suplida por otros medios”. Es decir, para este camarista que viajó a la mansión de Joe Lewis invitado por ejecutivos del Grupo Clarín, no había lugar anular el fallo del (primer) escándalo.

“La omisión tardíamente denunciada -y actualizada como motivo de agravio luego del ingreso a esta sede- pasó desapercibida para la Fiscalía y sugestivamente recién se explicitó tras ser notificada la resolución adversa de fecha 19 de junio pasado”, señaló. Por eso votó “rechazar por improcedente el planteo de nulidad efectuado”.

Mahiques quedó en minoría en su voto. Pero sus argumentos no debieran pasarse por alto. Hacen foco en un nuevo escándalo que ocurre en la máxima instancia penal del país.

Una causa escandalosa

Lo insólito de esta novela política-judicial que involucra a Calcaterra es que se desencadenó por lo que sucedió con el primo de Macri cuando el inicio del juicio Cuadernos se demora hace años. Por ejemplo, los cuadernos adjudicados al chofer y exmilitar Oscar Centeno, que ya se comprobó que fueron manipulados y adulterados por el ex policía Jorge Bacigalupo, nunca fueron peritados en la causa central que está elevada a juicio. Ni en primera instancia ni ahora. Se trata de un elemento clave de la causa que en un proceso normal debiera hacer caer el debate oral y público.

Sin ir más lejos, a principios de julio de este año otros tres jueces nombrados por Macri pero en la Cámara Federal porteña, revocaron el procesamiento que tenía Bacigalupo por adulterar los anotadores. Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia, puestos a dedo en el tribunal revisor de Comodoro Py por el expresidente, dictaron su falta de mérito en una causa paralela a la central de Cuadernos porque los peritajes que comprometieron al policía retirado se hicieron sobre copias digitales de los anotadores y no sobre los originales, que tiene el TOF 7, el mismo que criticó a los jueces de Casación.

El camarista Mariano Llorens, visitante de Macri en la quinta de Olivos, fue más lejos aún en su voto de minoría: postuló revocar lo resuelto en diciembre pasado por el juez Marcelo Martínez de Giorgi y enviar el expediente al tribunal de juicio que tiene la causa central de Cuadernos. Estos tres magistrados demoraron siete meses en resolver la situación procesal de Bacigalupo, vinculado a Centeno y al fiscal Carlos Stornelli, cuando tenían 5 días para dictar la resolución.

Ahora, se suma un nuevo capítulo escandaloso a una causa ya de por sí escandalosa.