Caso Cuadernos: el tribunal de juicio acusó a la Cámara de Casación de sacar a Calcaterra de forma ilegal de la causa e involucró a la Corte

El primo de Mauricio Macri, Ángelo Calcaterra, provocó un conflicto político-judicial en la causa Cuadernos que involucra al tribunal a cargo del juicio, a la Cámara Federal de Casación Penal y hasta a la Corte y al Consejo de la Magistratura, donde se radicó una denuncia contra tres camaristas designados por Macri por un supuesto pacto de impunidad.

Este miércoles, el Tribunal Oral en lo Federal Nº 7 (TOF) tildó de ilegal la resolución de su superior, la Cámara Federal de Casación Penal, que el pasado 19 de junio sacó al empresario Ángelo Calcaterra del juicio de la causa Cuadernos. La Casación, con la firma de tres camaristas nombrados por Macri, había considerado en la causa central que Calcaterra no pagó sobornos sino que hizo aportes de campaña irregulares. Con esa tesis ordenó el envío de su caso a la justicia electoral. En Comodoro Py ya están los que hablan de “alzamiento” judicial. Desde el TOF 7 sostuvieron que debe intervenir la Corte Suprema de Justicia. Los camaristas fueron denunciados en el Consejo de la Magistratura por la Coalición Cívica, que acusa un pacto de impunidad, mientras que el gobierno pidió la anulación de la resolución.

La historia de esta novela político-judicial se remonta al 19 de junio pasado cuando los camaristas Carlos “el huemul” Mahiques –uno de los jueces que viajó a Lago Escondido-, Daniel Petrone –íntimo amigo del exministro de Justicia de Macri Germán Garavano- y Diego Barroetaveña –consejero de la magistratura- firmaron el fallo que sacó a Calcaterra del juicio que aborda el caso central de Cuadernos, una causa paradigmática de Lawfare. En una interpretación muy particular de los hechos, los tres jueces nombrados por Macri en Casación consideraron que el empresario y su mano derecha, Javier Sánchez Caballero, no habían pagado coimas sino aportes de campaña al Frente para la Victoria. Por eso dijeron que su caso debía investigarse en el juzgado electoral a cargo de María Servini.   

La resolución, que se firmó el último día hábil de la semana pasada, provocó mucho ruido en el edificio de Retiro. El martes, el fiscal ante la Casación, Raúl Plee, planteó la nulidad del fallo que benefició al primo de Macri. Lo hizo por un tecnicisimo: dijo que se omitió dar vista de esa decisión a la Unidad de Información Financiera (UIF), que es querellante. La UIF, que es un área del Poder Ejecutivo, también apeló la decisión y sostuvo que afecta el juicio.

La Casación formó el incidente de nulidad y corrió vista a las partes para que se expidan. En ese marco notificó al TOF 7 de lo que estaba sucediendo. Eso dio pie al tribunal a emitir una  resolución inédita, en la que acusó a sus superiores de la Cámara de Casación de haber sacado ilegalmente a Ángelo Calcaterra de la causa Cuadernos.

Los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli, que realizaron una reunión de acuerdo este último miércoles, coincidieron en que la decisión de la sala I de Casación no tuvo una justificación legal adecuada y que es la Corte la que debía saldar el diferendo de competencia que se abrió. Aunque se diferenciaron con respecto a las formas.

Méndez Signori y Canero realizaron un voto conjunto, escueto, en el que destacaron que “se encuentra abierta la vía recursiva para las partes del proceso” por lo que para ellos “de momento -según nuestro juicio- no procede la avocación que propone el colega” Castelli, quien pidió directamente la intervención de la Corte. Esto implica que para ellos hasta que no quede firme el fallo de Casación -es decir, hasta que no se expida la Corte-, el tribunal de juicio va a conservar la competencia para juzgar a Calcaterra. 

La novedad está en los párrafos siguientes de su voto: porque allí cuestionaron que Casación haya tenido jurisdicción para resolver el planteo. Sostuvieron que el máximo tribunal penal del país no es el superior común que tiene la jueza electoral, que es María Servini, y el tribunal de juicio. Afirmaron que la Corte es la que tenía que interceder: “En este caso el órgano habilitado para resolver la cuestión de competencia suscitada entre el juzgado electoral y este tribunal oral penal federal (…) era -sin disputa- la Corte Suprema de Justicia de la Nación”. Acto seguido remarcaron que la decisión que tomaron Mahiques, Petrone y Barroetaveña “adolece - según nuestro criterio- de la justificación legal correspondiente”. Es decir, es ilegal.

Como si fuera poco, Méndez Signori y Canero revisaron los precedentes de la sala I de Casación –que es su tribunal superior, el que revisa lo que hacen los tribunales de juicio- y pretendieron demostrar que antes había tenido el criterio de no abrir el recurso de casación para cuestiones de competencia.

Castelli planteó algo similar pero pidió que directamente intervenga la Corte y hasta le envió una nota al presidente del Tribunal Superior, Horacio Rosatti.

Castelli llegó al TOF 7 por un traslado que decidió Macri y su situación es similar a la de Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, quienes deben dejar el cargo una vez que se realice un concurso para esos lugares codiciados por ser puestos donde están de manera irregular. Castelli en su voto de unas 20 páginas aseguró que “el órgano casatorio no actuó en el caso como tribunal legalmente facultado para dirimir una contienda de competencia”. “Vale aclararlo de entrada y tal como se dice en la resolución que rechazó la inhibitoria, sólo podía serlo en el caso la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, agregó. E hizo referencias a “interferencias funcionales extrañas a la buena administración de justicia”.

Al final de su voto, en lo que podría ameritar hasta una denuncia penal, resaltó: “En virtud de la vulneración a la buena administración de justicia humana, entiendo que corresponde solicitar la urgente avocación de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a fin de que corrija la intromisión aludida y devuelva a este Tribunal Oral Federal N° 7 la plena jurisdicción sobre la plataforma fáctica que será base del juicio oral y público, mediante la que se juzgará, a través de un juicio justo, a Ángel Jorge Antonio Calcaterra y Héctor Javier Sánchez Caballero”.

Este párrafo es el que Castelli destacó en la nota que envía a Rosatti este mismo miércoles: “Tengo el honor de dirigirme al Sr. Presidente y por su intermedio a los demás integrantes del Alto Tribunal (…) con el objeto de remitirle copia de lo resuelto en el día de la fecha por el Tribunal, a los fines de su conocimiento y eventuales efectos, en función de las explicaciones dadas en el anteúltimo párrafo del voto del suscripto, en minoría”, escribió.

Este juez del TOF 7 no fue el único que recurrió a Rosatti. También lo hicieron diputados nacionales de la Coalición Cívica que denunciaron a Mahiques, Petrone y Barroetaveña ante el Consejo de la Magistratura, que preside el titular de la Corte. En la presentación en el consejo, que se hizo este último miércoles, quienes fueron aliados del macrismo en Juntos por el Cambio acusaron a los camaristas de posible mal desempeño y “la eventual comisión de delito en el ejercicio de sus funciones”. Les achacaron “’ayudar’ procesalmente” a Calcaterra “a eludir las investigaciones penales”. La fuente que motivó la presentación fueron notas periodísticas. “En el caso de comprobarse los hechos narrados, solicitamos que se inicie el procedimiento de remoción”, firmaron Paula Oliveto, Maximiliano Ferraro, Juan Manuel López, Victoria Borrego, Marcela Campagnoli y Mónica Frade.

Para estos diputados de la CC “el fallo es institucionalmente muy peligroso” y se debe a un “pacto de impunidad entre sectores de la justicia –dentro de los que, naturalmente, estarían los tres jueces mencionados- y de la política (…)” para que no se avance en causas de presunta corrupción.

En la presentación de la Coalición Cívica se destacó que “Carlos Mahiques posee estrechos vínculos políticos con familiares de Calcaterra y demás personas allegadas a él” por lo que debió haberse excusado de intervenir en la causa. Se recordó su paso como ministro de Justicia de María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires y de que es el padre de Juan Bautista Mahiques, Fiscal General porteño.

Los diputados de la Coalición Cívica también reclamaron que se investigue a los jueces del TOF 7 por demorar el inicio del juicio Cuadernos.

Lo insólito de esta novela política-judicial es que se desencadenó por lo que sucedió con Calcaterra –hecho que como máximo se estima que en lo inmediato podría replicarse en 7 empresarios que declararon haber hecho aportes de campaña- cuando el inicio del juicio se demora hace años. Por ejemplo, al día de hoy, los cuadernos adjudicados al chofer Oscar Centeno, que ya se comprobó que fueron manipulados y adulterados por el expolicía Jorge Bacigalupo, nunca fueron peritados en la causa central que está elevada a juicio. Se trata de un elemento clave del proceso. Apenas se periten, el armado político-judicial-mediático que fue Cuadernos se debiera caer estrepitosamente.