Cuadernos: la Cámara Electoral le pide a Casación que justifique y documente por qué le pasó el caso Calcaterra

La causa Fotocopia de los Cuadernos sigue sumando capítulos que exponen su manoseo judicial y su utilización política. La Cámara Electoral le reclamó a la Cámara Federal de Casación Penal que justifique y documente por qué quitó del expediente penal al empresario Ángelo Calcaterra y le remitió su caso puntual. La Casación había sacado del juicio al primo de Mauricio Macri con la excusa de que no pagó coimas sino aportes de campaña irregulares. Con esa coartada, el 19 de junio pasado decidió enviar su caso a la justicia electoral. Este martes, el tribunal revisor del fuero electoral le requirió a la máxima instancia penal del país “elementos probatorios” que demuestren que el ejecutivo o sus empresas financiaron al Frente para la Victoria en 2013 y 2015 ya que del control que realizó de dicha campaña no surgió ningún tipo de aporte de los involucrados.

El 19 de junio pasado, los camaristas de la Casación Penal Carlos “el huemul” Mahiques –uno de los jueces que viajó a Lago Escondido-, Daniel Petrone –íntimo amigo del exministro de Justicia Germán Garavano- y Diego Barroetaveña –actual consejero de la magistratura- firmaron el fallo que sacó a Calcaterra del juicio que aborda el caso central de Cuadernos, una causa paradigmática de Lawfare. En una interpretación muy particular de los hechos, los tres jueces nombrados por Macri en Casación consideraron que el empresario y su mano derecha, Javier Sánchez Caballero, no habían pagado coimas sino aportes de campaña al Frente para la Victoria. Por eso dijeron que su caso debía investigarse en el juzgado electoral a cargo de María Servini.  

Según la resolución de este martes, a la que accedió El Destape, los camaristas electorales Santiago Corcuera, Daniel Bejas y Alberto Dalla Via resaltaron que en los controles de los aportes de dichas campañas que hizo la justicia electoral a través de auditores “no surge referencia o constancia alguna del supuesto aporte para campaña que manifiestan haber hecho los imputados en la causa penal”. Ese supuesto aporte es de lo que se tomaron 3 jueces designados por Macri en la Cámara Federal de Casación Penal para sacar a Calcaterra del juicio Cuadernos y enviar su caso a la justicia electoral. ¿Quién había dicho que no pagó coimas sino aportes de campaña? El propio Calcaterra. Por tal motivo, los integrantes de la Cámara Electoral reclaman a la Casación Penal que le envíe “los elementos probatorios (testimoniales y documentales) en los que se fundó el pronunciamiento” en pos de determinar si existe alguna constancia que demuestre que Calcaterra y Sánchez Caballero o las empresas a las que están vinculados, es decir IECSA, ODS S.A y Creaurban S.A efectuaron los mentados aportes.

En la resolución de 4 páginas de la Cámara Electoral se explicó que “en las presentes actuaciones se juzga la transparencia y legalidad del origen y destino de los recursos con los que se financió la campaña electoral de la alianza ‘Frente para la Victoria’ -orden nacional- en el año 2015, para las elecciones presidenciales y de parlamentarios del Mercosur por distrito nacional (primarias, generales y segunda vuelta presidencial)”. En ese marco, los jueces Corcuera, Bejas y Dalla Via dijeron que no pueden “pasar por alto -por ser de público conocimiento- que mediante sentencia N° 749/24, del pasado 19 de junio, la Cámara Federal de Casación Penal, Sala I, declaró la competencia del juzgado federal con competencia electoral de la Capital Federal para intervenir en una causa en la que se imputan hechos delictivos vinculados con entregas de dinero” a Calcaterra y Sánchez Caballero “con fundamento en que esas entregas habrían estado dirigidas a financiar las campañas electorales de la agrupación de autos en los años 2013 y 2015”. Acto seguido, resaltaron: “Sin embargo, no se advierte referencia alguna en la sentencia apelada ni en el dictamen del señor fiscal, sobre algún supuesto aporte -declarado o no declarado- en la mencionada causa penal por parte de los imputados Ángel Jorge Antonio Calcaterra y Héctor Javier Sánchez Caballero, ni de las empresas a las que se encuentran vinculados (ODS S.A. ; IECSA S.A. y Creaurban S.A.).” Para los camaristas “el dato no puede ignorarse en el presente caso, donde se revisa el financiamiento de la campaña a la que se refiere la Cámara Federal de Casación Penal en el pronunciamiento antes mencionado”.

Con este marco, la Cámara Electoral ordenó una serie de medidas de pruebas para acelerar el trámite de la causa que pasó al juzgado electoral a cargo de Servini. Entre ellas, se destacan:

• Solicitar a la sala I de la Cámara Federal de Casación Penal copia certificada de la sentencia que ordena extraer el caso de Calcaterra del juicio “Cuadernos” y pasarlo a la justicia electoral “junto con los elementos probatorios (testimoniales y documentales) en los que se fundó el pronunciamiento, para su incorporación a estas actuaciones”.
• Solicitar al Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Federal N° 7 (TOF 7), a cargo del juicio de la causa Cuadernos, la remisión en copia certificada “de la totalidad de las actuaciones referidas a la inhibitoria” que planteó el juzgado electoral de Servini a pedido de Calcaterra y le fuera rechazado, lo que motivó la apelación del empresario ante la Casación donde allí sí, con el visto bueno de 3 jueces nombrados por su primo, logró acogida para su planteo.
• “Dar intervención al Cuerpo de Auditores Contadores de este Tribunal, a fin de que a partir de un exhaustivo análisis y relevamiento de estas actuaciones, informe si en las mismas existen constancias o elementos que indiquen concretamente que el señor Ángel Jorge Antonio Calcaterra y/o el señor Héctor Javier Sánchez Caballero, así como las empresas ODS S.A.; IECSA S.A y Creaurban S.A., efectuaron aportes para financiar la campaña electoral sujeta a control”.

Ahora resta la contestación de la Cámara Federal de Casación Penal, cuya decisión de sacar a Calcaterra del caso Cuadernos provocó diversos coletazos políticos, judiciales y mediáticos.

El estallido político-judicial que provocó el caso Calcaterra

El caso Calcaterra provocó un conflicto político-judicial en la causa Cuadernos que involucra al tribunal a cargo del juicio, a la Cámara Federal de Casación Penal, ahora a la Cámara Electoral y a la Corte y al Consejo de la Magistratura. En el órgano de selección y sanción de jueces, por ejemplo, se radicó una denuncia contra los tres camaristas designados por Macri por un supuesto pacto de impunidad para beneficiar al primo del expresidente. Fue presentada por integrantes de la Coalición Cívica.

El caso estalló el 19 de junio pasado tras el escandaloso fallo de Casación. Una semana más tarde, el 26 de junio, el TOF 7 tildó de ilegal la resolución de su superior, la Cámara Federal de Casación Penal. Desde el tribunal de juicio se sostuvo que debe intervenir la Corte Suprema de Justicia para zanjar la disputa entre la justicia electoral y la penal. Los jueces del tribunal, Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli, acusaron a los camaristas de Casación de haber sacado ilegalmente a Calcaterra de la causa Cuadernos.

Méndez Signori y Canero realizaron un voto conjunto, escueto, en el que destacaron que “se encuentra abierta la vía recursiva para las partes del proceso” por lo que para ellos “de momento -según nuestro juicio- no procede la avocación que propone el colega” Castelli, quien pidió directamente la intervención de la Corte. Esto implicó que para ellos hasta que no quede firme el fallo de Casación -es decir, hasta que no se expida la Corte-, el tribunal de juicio va a conservar la competencia para juzgar a Calcaterra.  La novedad estuvo en los párrafos siguientes de su voto porque allí cuestionaron que Casación haya tenido jurisdicción para resolver el planteo. Sostuvieron que el máximo tribunal penal del país no es el superior común que tiene la jueza electoral Servini y el tribunal de juicio. Afirmaron que la Corte es la que tenía que interceder: “En este caso el órgano habilitado para resolver la cuestión de competencia suscitada entre el juzgado electoral y este tribunal oral penal federal (…) era -sin disputa- la Corte Suprema de Justicia de la Nación”. Acto seguido remarcaron que la decisión que tomaron Mahiques, Petrone y Barroetaveña “adolece - según nuestro criterio- de la justificación legal correspondiente”. Es decir, dijeron que es ilegal.

Castelli, quien llegó al TOF 7 por un traslado que decidió Macri y su situación es similar a la de Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi,, planteó algo similar pero pidió que directamente intervenga la Corte y hasta le envió una nota al presidente del Tribunal Superior, Horacio Rosatti. Castelli dijo que hubo “interferencias funcionales extrañas a la buena administración de justicia”. Y en lo que podría ameritar hasta una denuncia penal, resaltó: “En virtud de la vulneración a la buena administración de justicia humana, entiendo que corresponde solicitar la urgente avocación de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a fin de que corrija la intromisión aludida y devuelva a este Tribunal Oral Federal N° 7 la plena jurisdicción sobre la plataforma fáctica que será base del juicio oral y público, mediante la que se juzgará, a través de un juicio justo, a Ángel Jorge Antonio Calcaterra y Héctor Javier Sánchez Caballero”.

Además de Castelli también acudieron a Rosatti diputados de la Coalición Cívica, pero por otra vía. Los legisladores de la CC denunciaron a Mahiques, Petrone y Barroetaveña ante el Consejo de la Magistratura, que preside justamente el titular de la Corte. En la presentación en el consejo, que se también el 26 de junio, quienes fueron aliados del macrismo en Juntos por el Cambio acusaron a los camaristas de posible mal desempeño y “la eventual comisión de delito en el ejercicio de sus funciones”. Les achacaron “’ayudar’ procesalmente” a Calcaterra “a eludir las investigaciones penales”. La fuente que motivó la presentación fueron notas periodísticas. “En el caso de comprobarse los hechos narrados, solicitamos que se inicie el procedimiento de remoción”, firmaron Paula Oliveto, Maximiliano Ferraro, Juan Manuel López, Victoria Borrego, Marcela Campagnoli y Mónica Frade. Según los lilitos el fallo se debe a un “pacto de impunidad entre sectores de la justicia –dentro de los que, naturalmente, estarían los tres jueces mencionados- y de la política (…)” para que no se avance en causas de presunta corrupción.

En la presentación de los diputados de la Coalición Cívica, por ejemplo, se destacó que “Carlos Mahiques posee estrechos vínculos políticos con familiares de Calcaterra y demás personas allegadas a él” por lo que debió, sostuvieron los lilitos, haberse excusado de intervenir en la causa. Se recordó su paso como ministro de Justicia de María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires y de que es el padre de Juan Bautista Mahiques, Fiscal General porteño. Tanto Mahiques padre e hijo fueron parte del vuelo del Lawfare a Lago Escondido que reveló El Destape.

En la presentación de los lilitos no se dejó a nadie afuera: los diputados de la Coalición Cívica también reclamaron que se investigue a los jueces del TOF 7 por demorar el inicio del juicio Cuadernos.

Lo insólito de esta novela política-judicial, que ahora llegó a la Cámara Electoral, es que se desencadenó por lo que sucedió con Calcaterra cuando el inicio del juicio se demora hace años. Por ejemplo, los cuadernos adjudicados al chofer y exmilitar Oscar Centeno, que ya se comprobó que fueron manipulados y adulterados por el expolicía Jorge Bacigalupo, nunca fueron peritados en la causa central que está elevada a juicio. Ni en primera instancia ni ahora. Se trata de un elemento clave de la causa que en un proceso normal debiera hacer caer el debate oral y público.

Pero, se sabe, esta causa tiene demasiados intereses subyacentes. Sin ir más lejos, a principios de julio de este año otros tres jueces nombrados por Macri pero en la Cámara Federal porteña, revocaron el procesamiento que tenía Bacigalupo por adulterar los anotadores. Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia, puestos a dedo en el tribunal revisor de Comodoro Py por el expresidente, dictaron su falta de mérito en una causa paralela a la central de Cuadernos porque los peritajes que comprometieron al policía retirado se hicieron sobre copias digitales de los anotadores y no sobre los originales, que tiene el TOF 7. El camarista Mariano Llorens, visitante de Macri en la quinta de Olivos, fue más lejos aún en su voto de minoría: postuló revocar lo resuelto en diciembre pasado por el juez Marcelo Martínez de Giorgi y enviar el expediente al tribunal de juicio que tiene la causa central de Cuadernos. Estos tres magistrados demoraron siete meses en resolver la situación procesal de Bacigalupo, vinculado a Centeno y al fiscal Carlos Stornelli, cuando tenían 5 días para dictar la resolución.