El PRO, la UCR y la corporación judicial blindan a los camaristas que favorecieron a Calcaterra

El macrismo, la UCR y la corporación judicial blindan a los camaristas de Casación Carlos Mahiques, Daniel Petrone y Diego Barroetaveña en el Consejo de la Magistratura donde fueron denunciados luego de favorecer al primo de Mauricio Macri, el empresario Ángelo Calcaterra, en el caso Cuadernos. El último miércoles, por 4 votos contra 3 de Unión por la Patria, aprobaron desestimar la acusación en su contra en la comisión de Acusación. Ahora el caso se giró al plenario donde por mayoría simple se puede terminar de cerrar.  

La del primo Ángelo no fue la única maniobra que tejieron el PRO y la corporación judicial el último miércoles. En la misma comisión de Acusación, donde tienen mayoría, se preparan para desestimar la denuncia que realizaron organismos de Derechos Humanos contra la jueza y vicepresidenta del consejo, Agustina Díaz Cordero, por el caso de la visita de diputados libertarios a genocidas en la cárcel de Ezeiza. El planteo desestimatorio pasó a un cuarto intermedio pero no tendrá obstáculos de por medio. Distinta es la situación de otro juez de la Cámara de Casación, Gustavo Hornos, quien no tuvo la misma suerte que sus colegas, al menos por ahora, en el expediente que se le abrió por una denuncia de violencia de género de su expareja. Los consejeros de la comisión de Acusación pidieron medidas de prueba antes de resolver.

El macrismo, a su vez, quiere ir otra vez por el juez electoral de la provincia de Buenos Aires, Alejo Ramos Padilla, y pide reabrir en el Consejo una denuncia que había sido desestimada el año pasado. El planteo, realizado por la consejera macrista Jimena De la Torre, se encuentra en Labor, donde se define qué temas van al plenario. La suerte de este pedido por ahora es incierto.

El blindaje de los camaristas que beneficiaron al primo Ángelo

El pasado 19 de junio, los camaristas de Casación Carlos “huemul” Mahiques –viajero de Lago Escondido-, Daniel Petrone y Diego Barroetaveña –también consejero de la magistratura- sacaron al empresario Ángelo Calcaterra, primo de Macri, del juicio de la causa Cuadernos. Esos tres camaristas nombrados por Macri en el máximo tribunal penal del país consideraron en la causa central de Cuadernos que Calcaterra no pagó sobornos sino que hizo aportes de campaña irregulares. Con esa tesis ordenaron enviar su caso a la justicia electoral. No solo reaccionó el Tribunal Oral en lo Federal Nº 7, a cargo del juicio de los anotadores, que tildó de ilegal la resolución de la Casación, sino que los tres camaristas fueron denunciados por “mal desempeño” en el Consejo de la Magistratura por diputados la Coalición Cívica (CC) y de la ONG “Será Justicia”. Por ejemplo, desde la CC denunciaron que “el fallo es institucionalmente muy peligroso” y se debe a un “pacto de impunidad entre sectores de la justicia –dentro de los que, naturalmente, estarían los tres jueces mencionados- y de la política (…)” para que no se avance en causas de presunta corrupción. Destacaron tambiém que “Carlos Mahiques posee estrechos vínculos políticos con familiares de Calcaterra y demás personas allegadas a él” por lo que debió haberse excusado de intervenir en la causa. La comisión de Acusación desestimó in limine ambas denuncias a propuesta del consejero Eduardo Vischi, senador de la UCR.

Vischi sostuvo que “no se advierte falta alguna por parte de los magistrados que suscribieron aquellas resoluciones que deba ser analizada desde el punto de vista disciplinario, ni tampoco se observa una afectación a la prestación del servicio de justicia”. A su criterio, el descontento es con el contenido de una sentencia, que no es cuestionable en el Consejo de la Magistratura. De acuerdo al consejero, “las conductas enrostradas no encuadran en los supuestos previstos como faltas administrativas o mal desempeño y solo pueden ser cuestionadas mediante los mecanismos recursivos que prevé el código adjetivo”, es decir, mediante recursos judiciales en tribunales.  

Tailhade cuestionó lo planteado por Vischi y se refirió a las relaciones del poder económico con los jueces. “Hay una influencia decisiva de los actores del poder real en los magistrados. Estas denuncias se inscriben en esa lógica”, señaló. “En este caso debemos avanzar en alguna investigación respecto de dos cuestiones: primero, si esta sentencia no tiene los vicios que informan los denunciantes, manifiesta arbitrariedad, desconocimiento del Derecho, negligencia. Creo que las 3 se configuran en esta cuestión. Segundo, los denunciantes están hablando de cuestiones que exceden solamente lo jurisdiccional, están planteando la sospecha de un pacto venal”, añadió. En esa línea pidió como medida inicial para conocer la situación patrimonial de los jueces. Su posición quedó en minoría. Siley, agregó: “Nadie quiere investigar, nadie quiere analizar”.

La propuesta desestimatoria de Vischi fue acompañada por los consejeros Álvaro González, diputado del PRO; Roxana Reyes, diputada de la UCR; y Miguel Piedecasas, abogado vinculado al radicalismo. En contra se manifestaron los consejeros y diputados de Unión por la Patria, Rodolfo Tailhade y Vanesa Siley; y el abogado también relacionado a UP, Héctor Recalde.

Ahora la desestimación debe ser ratificada en el plenario, donde con mayoría simple de los presentes quedará confirmada. En total son 20 consejeros, pero el juez Barroetaveña, uno de los denunciados, integra el órgano de selección y sanción de jueces por lo que no podrá votar. Esto implica que se necesitarán 10 votos si están los 19 consejeros. El macrismo y la corporación judicial tienen sobrados votos para imponer su voluntad en la entidad que encabeza el titular de la Corte, Horacio Rosatti.

El caso Díaz Cordero, en cuarto intermedio

Los organismos de Derechos Humanos denunciaron a principios de septiembre a la vicepresidenta del Consejo de la Magistratura, la jueza Agustina Díaz Cordero, por las menciones que la involucran en el caso de la visita de diputados libertarios a genocidas. La presentación la firmaron Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Abuelas de Plaza de Mayo y la ADPH, entre otras entidades. Al abordar la denuncia este miércoles, los consejeros Piedecasas, Vischi, Reyes y González plantearon la desestimación de la acusación sobre tablas. Piedecasas dijo que había presentado la desestimación ese mismo día con sus colegas para tratarlo en la comisión. Se pasó a un cuarto intermedio hasta el 15 de octubre para terminar de resolver ya que los consejeros de UP no llegaron a leer el planteo de bloque UCR-PRO-corporación judicial. Fue luego de que Tailhade acusara a sus colegas de “deslealtad” ya que pretendían votar la desestimación a pesar de que 3 de los 7 integrantes de la comisión no habían podido leer el documento que se iba a votar por haberse presentado 10 minutos antes de la reunión. “Está pretendiendo que votemos algo que no leísmo. Me parece demasiada soberbia”, le espetó Siley a Piedecasas.

Lo que se vote el 15 de octubre se girará al plenario. Es evidente que el bloque UCR, PRO y corporación judicial tiene los votos en comisión para blindar a la vicepresidenta del Consejo. Es solo una cuestión de tiempo. Cuando pase al plenario se espera que corra la misma suerte.

Los organismos pidieron al Consejo que investigue a Díaz Cordero porque “de comprobarse la asistencia y participación de la magistrada Díaz Cordero en las reuniones referidas”, la conducta de la jueza y consejera “se subsumiría -cuanto menos- en la causal de mal desempeño en el ejercicio de sus funciones”. En los chats que la diputada Lourdes Arrieta presentó ante la justicia federal de Lomas de Zamora, donde se investiga la visita de los libertarios a genocidas en la cárcel de Ezeiza del 11 de julio, hay al menos dos referencias a Díaz Cordero. Una proviene del cura Olivera Ravasi, organizador de las reuniones que se hicieron para favorecer a represores, y otra del diputado libertario Beltrán Benedit, quien fue uno de los que impulsó los encuentros con genocidas en las cárceles.

Por ejemplo, el 5 de julio pasado, el cura Javier Olivera Ravasi afirmó en el grupo de chat que compartía con abogados de represores, con el ex camarista de Casación Eduardo Riggi y diputados libertarios, que tuvo un encuentro con la vicepresidenta del Consejo de la Magistratura. A las 9.05 de aquel día, el sacerdote pro-genocidas escribió: “Yo me ofrezco a hacer de nexo con la vice-pte del Consejo de la Magistratura. Estuvo con nosotros en la primera reunión, para quienes la recuerdan”. Previamente, el 19 de marzo de este año, el diputado libertario Beltrán Benedit escribió en los chats grupales donde se debatía cómo favorecer represores: “En plan de accionar en distintos frentes y de manera conjunta vayamos pensando a quienes podemos ir enviando a Agustina Díaz Cordero!!”.

La jueza rechazó las acusaciones y dijo no tener nada que ver con el caso.

En el marco de este expediente, el 1 de octubre pasado, Díaz Cordero solicitó al fiscal de Lomas de Zamora Sergio Mola los dictámenes y resoluciones sobre la desestimación (parcial) de la denuncia de la diputada Lourdes Arrieta. El representante del Ministerio Público Fiscal le envió los documentos requeridos. El 2 de octubre, la jueza civil (exasesora de Germán Garavano, nombrada magistrada por Macri) reenvió esos documentos al Consejo de la Magistratura.

Denuncia contra Hornos: las medidas de prueba

El camarista de Casación Gustavo Hornos no tuvo la misma suerte que sus colegas.

Hornos tiene un expediente abierto en el Consejo de la Magistratura, que tramita desde septiembre pasado, por pedido de la Cámara de Casación. Es por una denuncia que hizo su expareja por violencia de género, lo que provocó la apertura de dos causas, una civil, donde se le dictó una perimetral al camarista, y otra penal, que incluyen acusaciones de abuso y amenazas, y fue recientemente archivada luego de que la víctima no quisiera seguir con la acusación.

Al notificarse de las causas, la Cámara de Casación manifestó su “preocupación institucional” por el tema y dio intervención al Consejo por decisión de 8 de los 9 camaristas (solo no acompañó el huemul Carlos Mahiques. Hornos, por supuesto, no votó).

Para avanzar con el expediente, los consejeros de UP habían pedido que se solicitara copia de la causa penal que tramita en Comodoro Py –la que fue recientemente archivada-; de la causa civil; notificar a Hornos de la investigación; y se cite a la víctima a prestar declaración testimonial.

El consejero informante de esta causa, Eduardo Vischi, coincidió con los primeros dos puntos y planteó que se pida copia de las causas penal y civil. Pero rechazó notificar a Hornos por artículo 11 y solicitó postergar el tratamiento de otras medidas de pruebas, como la citación a la víctima. Esta postura fue apoyada por el bloque que conformaron la UCR, el PRO y la corporación judicial en la comisión de Acusación, es decir, por Reyes, Piedecasas y González. Por ahora, decidieron administrar el expediente con las causas penal y civil que en su momento se le iniciaron a Hornos.

Tailhade resaltó, en referencia al deseo de la víctima de dejar de impulsar la causa penal, que “de ninguna manera la declaración de la presunta víctima puede sellar el expediente acá”. “Tenemos que investigar los hechos del juez en el Consejo”, agregó. El consejero y diputado de UP también relató que llegó un mail de la víctima a la Oficina de Violencia Domestica de la Corte con copia a la secretaría general del Consejo de la Magistratura donde cuenta que “ha tenido otros episodios de hostigamiento de parte del juez cuando ya estaba vigente la perimetral, lo que configuraría otra causal”.

El PRO va por el juez electoral Ramos Padilla

La consejera por el estamento de los abogados, la macrista Jimena De la Torre, planteó el jueves último en el Consejo de la Magistratura reabrir una denuncia por “mal desempeño” que habían hecho diputados macristas contra el juez federal de La Plata, Alejo Ramos Padilla, quien es el juez electoral de la provincia de Buenos Aires, es decir, administra el padrón electoral más grande del país. Se trata de una acusación sin sustento, realizada el 15 de marzo de 2023, que ya fue desestimada in limine en el Consejo.

¿De qué trata la denuncia contra Ramos Padilla que realizaron los entonces diputados Mario Negri, Pablo Tonelli y Juan Manuel López y ahora el macrismo quiere reflotar en el Consejo? Se lo acusó de haber “incurrido en falso testimonio” cuando declaró en el Congreso en el marco del proceso de juicio político contra los ministros de la Corte al decir que en el Consejo se le tuvo una causa abierta para presionarlo por los casos resonantes que instruía, como el D’Alessiogate, que fue el primer gran caso de espionaje ilegal que sacudió al macrismo. Es claro que entonces hubo una maniobra en contra suya por ese tema. Entre otras cosas, a través del armado de la Operación Puf, desde la AFI macrista.

Ahora, De la Torre, quien integró dos de los órganos desde los cuales el gobierno de Macri impulsó la persecución judicial, como son la AFIP y la UIF, quiere reflotar esa denuncia contra el juez electoral de la provincia de Buenos Aires que ya fue desestimada en la comisión de Disciplina el 10 de julio de este año. La coartada es que nunca se votó la desestimación en el plenario.

De la Torre planteó el 10 de octubre que quiere “declarar que no corresponde la desestimación in limine de la denuncia y disponer su pase a la Comisión de Acusación a efectos de que se le otorgue debida tramitación, debiéndose sortear consejero informante (…)”.

El planteo de De la Torre ingresó en Labor, que es una reunión preparatoria del plenario y no es pública. Es decir, se definen qué temas van a ser tratados en el plenario. Allí están convocados todos los consejeros. El próximo miércoles habrá una reunión de Labor y puede que se pretenda abordar el pedido de la consejera macrista.  

Un dato no debe pasar inadvertido. Ya pasó una reunión de Labor y el tema quedó obturado. Ahora, De la Torre propone no solo que se reabra la denuncia sino que además el expediente tramite en otra comisión, la de Acusación, que es donde se puede avanzar con los juicios políticos (en Disciplina, solo se tratan sanciones disciplinarias “menores”).

¿Qué escenarios se abren tras el planteo de De la Torre?

• Que su planteo se trate en el plenario del Consejo.
• Que si no hay consenso el tema quede trabado en Labor.
• Que la consejera retire su proyecto, lo que es poco probable.

Según fuentes del Consejo lo que no puede suceder es que algo que se trate en Labor no pase por el plenario. Por ejemplo, no puede definirse que se siga investigando y se pase desde allí a una comisión. Así las cosas, la suerte de esta avanzada del macrismo contra Ramos Padilla dependerá de la voluntad del radicalismo y la corporación judicial, que son los que pueden darle la mayoría al PRO en el plenario. ¿Se prestarán a reactivar este ataque contra uno de los jueces con competencia electoral más relevantes del país?