El Gobierno de la Ciudad negó hoy haber estado realizando espionaje ilegal a través del reconocimiento facial y denunció una intencionalidad política en el fallo del juez Roberto Gallardo que ordenó suspender ese sistema.
"Del listado de 64 personas que dio el juez Gallardo, ninguna salvo una, el policía desaparecido Arshak Karhanyan, está cargada en el sistema de reconocimiento facial", afirmó Marcelo D'Alessandro, ministro de Seguridad de Horacio Rodríguez Larreta, en una conferencia que brindó junto al jefe de Gabinete porteño, Felipe Miguel, y a Jorge Macri, ministro de Asuntos Jurisdiccionales, pero de la que no participó el propio jefe de Gobierno.
"Es falso y es mentira. (El juez Gallardo) Está mezclando una validación de identidad de algún trámite. Para que la gente entienda, cuando alguien sacaba un permiso de circulación durante la pandemia se validaba la identidad mediante el Renaper. No se extraen datos biométricos, se hacen consultas, como hacen todas las fuerzas de seguridad", agregó D'Alessandro a modo de explicación.
Así, negó que la recopilación de datos biométricos y de circulación de decenas de dirigentes y otras personalidades públicas obedeciera a un uso irregular del sistema para el espionaje ilegal.
El ministro de Seguridad sostuvo que "es ridículo pensar que el sistema de reconocimiento facial soporta 10 millones de datos" y afirmó que "si ampliáramos esa lista (pedida por Gallardo) estaríamos todos nosotros, por la consulta de validación de identidad".
Además, los funcionarios denunciaron una supuesta parcialidad de Gallardo, al que D'Alessandro calificó como "un juez que se pone al servicio de la política", y acusaron de ser funcional "al kirchnerismo" y a "una política que ataca esta política de seguridad".
"Acudiremos a la Justicia para lograr que se restablezca el sistema de reconocimiento facial. Ayer presentamos la recusación del juez Gallardo para apartarlo de la causa por su flagrante parcialidad", precisó Miguel.
El espionaje de la Ciudad mediante el reconocimiento facial
La semana pasada, la Justicia porteña suspendió el sistema de reconocimiento facial de prófugos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tras detectar un uso ilegal que permitió acceder a datos biométricos de millones de personas que no estaban siendo buscadas, entre ellas dirigentes políticos, sociales, sindicales y de derechos humanos, como también jueces, empresarios y periodistas.
La decisión fue adoptada por el juez en lo Contencioso, Administrativo y Tributario de la Ciudad, Roberto Gallardo, quien además ordenó una batería de medidas de prueba que incluyó, entre otras medidas, el secuestro de computadoras y dispositivos por parte de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) en el Centro de Monitoreo Urbano ubicado en Patricios al 1100, del barrio de Barracas.
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