El gobierno de la Ciudad de Buenos utilizó el sistema de reconocimiento facial para la búsqueda de prófugos para acceder de forma irregular a los datos biométricos de 7 millones de personas, entre las que se destacan el presidente de la Nación, Alberto Fernández, la vicepresidenta Cristina Fernández y sus hijos, Máximo y Florencia, las referentes de Abuelas y Madres de Plaza de Mayo, Estela Carlotto y Hebe de Bonafini, dirigentes de Cambiemos como Elisa Carrió y Patricia Bullrich, jueces de la Corte, fiscales federales y empresarios como Héctor Magnetto y Paolo Roca, entre tantos otros.
Según la Justicia, el acceso a esa información fue a través de un convenio entre el ministerio de Seguridad y Justicia de la Ciudad con el Registro Nacional de las Personas (ReNaPer) que se firmó en 2019, es decir, durante la presidencia de Mauricio Macri, y solo le permitía al gobierno porteño acceder a los datos de un universo de poco más de 40.000 personas o por requerimientos judiciales puntuales. Aunque la solicitud terminó siendo a demanda.
El caso se destapó luego de que el juez porteño Andrés Gallardo hiciera lugar a una medida cautelar planteada por el Observatorio de Derecho Informático Argentino y suspendiera este martes el uso del sistema. En la misma resolución, el magistrado ordenó operativos en el Ministerio de Seguridad y Justicia porteño. Se busca determinar si estos procedimientos del Ejecutivo local pudieron ser utilizados para realizar trabajos de vigilancia e inteligencia masiva.
Consultados por El Destape, desde el gobierno porteño cuestionaron al juez Gallardo y aseguraron que "las consultas al ReNaPer, realizadas desde el Ministerio de Justicia y Seguridad, no son exclusivamente por contraste con el Sistema de Reconocimiento Facial. Responden a una pluralidad de trámites habilitados por la Justicia y no representan ninguna irregularidad". Sin embargo este medio pudo chequear que según el convenio entre ambos organismos, la información que se pedía al ReNaPer debía ser pasada por el sistema de reconocimiento facial. El convenio indica que el reconocimiento facial es para buscar prófugos, que son 41 mil; para responder a requerimientos de jueces y fiscales; y para "prevención". En este ultimo punto puede estar la clave. ¿La policía porteña usó cámaras para reconocer personas por fuera de disposiciones judiciales?
Los “espiados”
En una resolución de 118 páginas, el juez el juez en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad, Andrés Gallardo, resolvió suspender el sistema de reconocimiento facial para la búsqueda de prófugos por su uso irregular por parte del gobierno porteño. “No puedo pasar por alto las circunstancias puestas en mi conocimiento relativas a la discordancia entre los registros de la CoNaRC y los datos biométricos que migraron desde ReNaPer hacia el Ministerio de Justicia y Seguridad de la CABA”, señaló en un apartado de su resolución titulada “Incomprensible uso de datos biométricos”.
Es que el sistema de reconocimiento facial para la búsqueda de prófugos debía cruzarse con una base de datos de 40.000 personas pero el ministerio de Seguridad y Justicia porteño requirió información sobre 7 millones de personas en el ReNaPer (y se realizaron más de 9,5 millones de búsquedas).
"Gallardo explicó en su resolución: "Según lo informado por el ReNaPer, las solicitudes de datos biométricos efectuadas por el GCBA entre el 25/04/2019 y 20/12/2021 fueron 9.392.372 y entre el 21/12/2021 y el 09/03/2022 fueron 507.911. Esto es, un total de extracciones de 9.900.282 en menos de dos años, dentro de los que el SRFP se habría encontrado mayormente inactivo”.
“Resulta al menos alarmante la excesiva discordancia cuantitativa que se advierte entre el listado de personas suministrado por la CoNaRC, donde están registradas todas las personas declaradas en rebeldía, con capturas, averiguación de paradero y/o comparendos y las peticiones de datos biométricos efectuadas por el GCBA”, explicó Gallardo. Pero eso no es todo. “La cuestión no encuentra frontera en simplemente divergencias cuantitativas. El mayor asombro encuentra lugar al repasar las personas incluidas en los listados que consignan los datos biométricos extraídos por el Gobierno local”, agregó.
Ese listado de “víctimas” es el siguiente:
- El presidente de la Nación, Alberto Fernández (los registros comienzan el 25 de julio de 2019).
- La vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner (tiene la mayor cantidad de registros, que comienzan el 25 de abril de 2019).
- El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof.
- El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa.
- El diputado nacional Máximo Kirchner.
- La hija de la vicepresidenta, Florencia Kirchner.
- La Presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela Barnes de Carlotto.
- La fundadora de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini.
- El ministro de la Corte, Carlos Rosenkrantz.
- La Presidente del Tribunal Superior de Justicia de la CABA, Inés Mónica Weinberg.
- El exministro de la Corte, Raúl Zaffaroni.
- La diputada nacional del FIT, Myriam Bregman.
- El diputado del FIT, Nicolás del Caño.
- El diputado José Luis Espert.
- El diputado Ricardo López Murphy.
- El diputado Javier Milei.
- El diputado Facundo Manes.
- La Fiscal General en lo Comercial, clave en el caso Correo, Gabriela Boquin.
- La ex Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó.
- El camarista federal porteño, Roberto Boico.
- El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni.
- El CEO de Clarín Héctor Magnettto.
- El empresario Alejandro Bulgheroni.
- El empresario Jorge Pérez Companc.
- El empresario Eduardo Costantini.
- El empresario Marcos Galperín.
- El empresario Eduardo Elsztain.
- El empresario Paolo Rocca.
- El empresario Hugo Sigman.
- El empresario Alejandro Roemmers.
- El empresario Alberto Roemmers.
- El empresario Alfredo Rommers.
- La presidenta del PRO, Patricia Bullrich.
- La periodista Viviana Canosa.
- La fundadora de Cambiemos, Elisa Carrió.
- El ministro del Interior, Eduardo De Pedro.
- El ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández (los registros comienzan en octubre de 2019).
- Dolores Etchevehere, hermana del exministro de Macri Luis Etchevehere.
- El periodista Eduardo Feinmann.
- El referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos, Juan Grabois.
- El Jefe de la Policía Federal, Juan Carlos Hernández.
- El oficial desaparecido de la Policía de la CABA, Arshak Karhanyan.
- El Director Nacional de Políticas Integradoras de la Nación, Rafael Klejzer.
- El Ministro de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires, Andrés Larroque.
- El fiscal federal Franco Picardi.
- El fiscal federal Carlos Stornelli.
- El dirigente del Polo Obrero, Eduardo Belliboni.
- El dirigente social Ángel Borello.
- El dirigente del Partido Obrero, Nestor Pitrola.
- La diputada Paula Penacca.
- La empresaria y actriz Esmeralda Mitre.
- El gobernador de Jujuy, el radical Gerardo Morales.
- El periodista Joaquín Morales Solá.
- El gremialista Pablo Moyano.
- El dirigente gremial de los judiciales, Julio Piumato.
- La Defensora del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, María Rosa Muiños.
- El Jefe de Asesores de la Presidencia de la Nación, Juan Manuel Olmos.
- El Presidente del Banco Central de la República Argentina, Miguel Ángel Pesce.
- El periodista Gustavo Sylvestre.
- El senador Mariano Recalde.
- La diputada y consejera de la magistratura, Vanesa Siley.
- El diputado radical Emiliano Yacobitti.
Para que se comprenda la gravedad de la situación: “Los datos biométricos que el RENAPER le brinda al GCBA se suministran únicamente en aquellos casos, que coinciden con los establecidos en el art. 485 bis de la ley 5.688 que dispone que el SRFP ‘será empleado únicamente para tareas requeridas por el Poder Judicial de la Nación, Provincial y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como así también para detección de personas buscadas exclusivamente por orden judicial, registradas en la Base de Datos de Consulta Nacional de Rebeldías y Capturas (CONARC). Salvo orden judicial, se encuentra prohibido incorporar imágenes, datos biométricos y/o registros de personas que no se encuentren registradas en el CONARC’”. Ninguna de las personas mencionadas anteriormente encuadra en ese concepto.
“¿Qué interés puede tener el Ministerio de Justicia y Seguridad de la CABA en acceder a los datos biométricos de personas que no se encuentran dentro de la CoNaRC y que no estarían sujetos a ningún proceso penal?”, se preguntó el juez Gallardo.
“Entendemos que el gobierno porteño debe explicar cuáles son las razones por las cuales decidió consultar todos esos datos vulnerando el derecho a la intimidad de millones de personas”, afirmó el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) en un comunicado. El CELS es una de las organizaciones que se sumó a la acción de amparo que inició el Observatorio de Derecho Informático Argentino.
El sistema de reconocimiento facial cuestionado depende del ministerio de Seguridad y Justicia de CABA, que estuvo comandado por Diego Santilli hasta su pase al Congreso como diputado nacional, y actualmente es liderado por Marcelo D’Alessandro. El Destape se contactó con el gobierno porteño para conocer su descargo. Respondieron: "Las consultas efectuadas al RENAPER no tienen nada que ver con el sistema de reconocimiento facial y se hacen en base a diversos convenios vigentes, por ejemplo, cuando se efectúa una denuncia o se detiene a alguien; o simplemente para cualquier trámite que necesite una certificación de la identidad de la persona. O, como sucedió durante la pandemia, para el permiso de circulación. También se efectúan consultas ante controles de tránsito, certificaciones de domicilio o de antecedentes penales para poder ingresar a un trabajo". Y añadieron: " Por lo tanto, se aclara que las consultas al RENAPER, realizadas desde el Ministerio de Justicia y Seguridad, no son exclusivamente por contraste con el Sistema de Reconocimiento Facial. Responden a una pluralidad de trámites habilitados por la Justicia y no representan ninguna irregularidad".
No obstante, tal como constató este medio, el convenio firmado entre la cartera comandad ahora por D'Alessandro y el ReNaPer no sostiene exactamente eso. Y esa explicación no parece suficiente para explicar más de 200 extracciones respecto a CFK, por ejemplo.
Con este marco, el juez Gallardo ordenó que la Policía de Seguridad Aeroportuaria realice este martes una serie de operativos tanto en las sedes del Centro de Monitoreo Urbano (CMU) de la Policía de la Ciudad como del ministerio de Seguridad y Justicia porteño. Pidió que se “secuestre mediante extracción toda la información contenida en la arquitectura informática utilizada en el Sistema de Reconocimiento Facial de Prófugos –se trate de software propio del Gobierno o de terceros–, debiendo retirar en caso de ser necesario los equipos físicos donde aquélla se encuentre contenida; contando para ello con facultades de allanamiento si fuera menester”.
Fue tan delicado el procedimiento que ordenó que “inmediatamente al arribo a los inmuebles, deberá apostar una guardia en cada ingreso/egreso, peatonal o vehicular, que verifique mediante identificación cada movimiento de salida y en caso de que se detectare”.
Descontrol
El sistema de reconocimiento facial para búsqueda de prófugos debía ser controlado pero tal como dio cuenta el juez Gallardo, eso no sucedió:
- La Defensoría del Pueblo se vio imposibilitada en accionar como órgano de control.
- La Comisión Especial de Seguimiento de los Sistemas de Video Vigilancia no fue constituida.
- Tampoco el Ministerio de Justicia y Seguridad efectuó un control interno.
“En definitiva, se puso en marcha el SRFP sin garantizar que éste cuente con los organismos de control que el cuerpo legal requiere, lo que se da de bruces con el principio de legalidad que debe regir todo accionar de la Administración”, remarcó Gallardo.
Los resultados están a la vista.
Cerrar sesión