En un nuevo embate contra la educación pública, el gobierno de Javier Milei acaba de anunciar que cobrará un arancel a los estudiantes universitarios extranjeros no residentes. En primer lugar, cabe aclarar que para estudiar en las universidades nacionales es requisito indispensable tener la residencia en el país. Por lo tanto, la propuesta del Ejecutivo es impracticable.
Con este anuncio rimbombante, Javier Milei intenta, por un lado, estigmatizar a los extranjeros y, por el otro, instalar la idea de que la educación es un servicio (como puede ser la electricidad o el gas) por el cual hay que pagar una determinada suma. Además, abre la puerta a la posibilidad de cobrar un arancel a los universitarios extranjeros residentes.
Con respecto a esto último, mi rechazo se basa tanto en cuestiones constitucionales como prácticas. En primer lugar, nuestra Constitución Nacional garantiza los derechos para todos los hombres y mujeres que quieran habitar el suelo argentino. Un extranjero que reside en nuestro país tiene los mismos derechos que los ciudadanos nacidos en Argentina. Cobrarle un arancel a un estudiante por el hecho de haber nacido en otro país es claramente un acto de discriminación.
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Este solo argumento alcanza para descartar de cuajo el tema del arancel a los estudiantes universitarios extranjeros. Pero, dado que al gobierno le gusta tanto hablar de números, también podemos discutir la idea en ese terreno.
Un estudiante que concurre a la universidad pública contribuye, al igual que cualquier argentino, a la economía nacional. Como todo ser humano necesita una vivienda y seguramente tendrá que alquilar un departamento. Si el dinero con el que se maneja proviene de sus padres que viven en el exterior, esa plata son divisas que ingresan al país.
Si no es ese el caso, el estudiante tendrá que trabajar y pagará los mismos impuestos que cualquier otro ciudadano. Durante el tiempo que habite en Argentina tendrá las mismas cargas que el resto. Además, muchos de ellos decidirán quedarse y desarrollar su profesión en nuestra tierra.
Si por el contrario decide irse, durante el tiempo de residencia hizo su contribución como cualquier otro argentino que en un momento de su vida decide emigrar y aportó a una jubilación que no cobrará. ¿Habría que cobrarle un arancel a los argentinos que estudiaron en la universidad pública y se fueron a vivir a otro país? Evidentemente no.
Por otro lado, el Gobierno afirma que el arancel a extranjeros será una forma de financiar la universidad. La realidad indica que el porcentaje de alumnos no argentinos es muy bajo. Maliciosamente, el Poder Ejecutivo pone de ejemplo la Facultad de Medicina de la UBA que es la única en donde ese porcentaje llega al 30%, pero si tomamos el promedio total de estudiantes extranjeros, este no llega al 5% según la Síntesis de Información Universitaria 2022-2023. Destaquemos de paso la buena reputación que tiene esa facultad y que hace que sea elegida por tantos estudiantes de otros países.
Es decir, cobrarles el arancel a los extranjeros no va a mejorar el presupuesto universitario porque lo recaudado será tan poco que no cambiará en absoluto la necesidad de aumentar el presupuesto destinado a la educación.
En conclusión, la propuesta de Milei es un intento más de mercantilizar nuestros derechos, es inconstitucional, xenófoba y no resuelve el problema del financiamiento universitario. La educación no es un servicio al que algunos pueden acceder y otros no. Es un derecho garantizado por la Constitución para todo aquel que viva en Argentina, no importa dónde haya nacido.
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