Avancemos de lo general a lo particular ¿Cuáles son los modelos en pugna de las últimas décadas en la economía local? Una manera de responderlo es el de la agenda neoliberal frente a la nacional popular, pero si bien estos rótulos se acercan parcialmente a la contradicción principal, la realidad muestra que el debate es bastante más primitivo, o para decirlo de manera menos violenta, mucho más elemental.
Si analizamos la pugna por el lado de las “demandas económicas” lo que se tiene es de un lado la propuesta de aumentar el gasto y retrasar dos de los tres precios básicos de la economía: las tarifas y el dólar. Luego, esta agenda “nacional popular” tiene notablemente un punto en común con la neoliberal: mantener tasas de interés de referencia reales negativas, es decir que no le ganen a la inflación, lo que al capital le sirve para apalancar la dolarización de sus excedentes y a las clases medias para adquirir bienes de consumo y viajar por el mundo casi como ninguna otra clase media del planeta. Nótese que ambas agendas explican también las demandas básicas de los años electorales. Las elecciones cada dos años significan para los hacedores de política tener que garantizar, al menos cada dos años, dólar barato y tasas bajas.
Resolver las inconsistencias de los atrasos cambiarios y tarifarios, así como la vuelta de tuerca sobre la destrucción de la moneda que deriva de las tasas negativas, es algo que suele dejarse siempre a las administraciones venideras. En los presentes perpetuos la rueda de la felicidad funciona mientras exista provisión de dólares, sea provenientes de stocks acumulados en los momentos de vacas gordas, léase de altos precios de las exportaciones, o de nuevo endeudamiento. Cuando cualquiera de las dos fuentes se agota, sobreviene la crisis y, más temprano que tarde, el cambio de rumbo político. Esta es la historia de la economía local, tan diáfana que sorprende que no sea más evidente, ya que cualquier integrante de la sociedad política sabe que estas son las demandas de la sociedad civil: tarifas bajas, dólar barato y tasas reales negativas.
No obstante, el lector habrá notado que en las demandas expuestas falta un detalle principal en el que no suele profundizarse: el de las transferencias directas e indirectas del Estado a los distintos sectores de la economía. La lógica inmanente aquí es que “todos toman y nadie pone”, se demandan muchas prestaciones, es decir gastos y transferencias, pero se pugna por magros aportes, es decir impuestos mínimos o, en su defecto, por que se garanticen regímenes especiales.
Uno de los puntos que suelen discutir más los tributaristas que los economistas es la gran abundancia en el panorama local de sectores subsidiados. Los ejemplos más notables, aunque no los únicos, son el poder judicial, los medios de comunicación y Tierra del Fuego. Acerquemos la lupa.
Los salarios que se cuentan entre los más altos del país, los del poder judicial, no pagan Ganancias, una injusticia en grado de flagrancia, que sigue sucediendo a la vista y queja de todos, pero bajo el manto de impunidad y desigualdad ante la ley de quienes alcanzan puestos vitalicios y que, por ello, ya no deben rendir cuenta alguna frente a la sociedad que los sostiene. ¿De cuánto hablamos? Para 2022 las exenciones de Ganancias de los judiciales, incluidas las de sus graciosas señorías, significarán para el fisco renunciar a ingresos por 130 mil millones de pesos. Si se siguen los números del Presupuesto 2023 enviado esta semana al Congreso, el año próximo lo que se dejará de recaudar sumará casi 240 mil millones. Salvo la prepotencia institucional de un poder que se autorregula, no parece existir justificativo alguno para semejante volumen de transferencias sociales. Esto es más de la mitad del total de exenciones al pago de Ganancias de todos los regímenes especiales, los que rondan los 400 mil millones de pesos.
Otros regímenes de excepción son sobre el pago de IVA, los que para 2023 entrañan la renuncia a ingresos fiscales por alrededor de 700 mil millones de pesos. Puede comprenderse la exención en algunos rubros como por ejemplo “medicamentos para uso humano”, pero parece injusto que alcance, con una renuncia del fisco equivalente a casi 100 mil millones de pesos, a la “edición de diarios y revistas”, un sector en el que se encuentran algunas de las empresas más prósperas del país la que, a su vez, son grandes pregoneras de los equilibrios fiscales. Hurgando en el Presupuesto 2023 puede encontrarse que los medios, en este caso los audiovisuales, pueden además usar las contribuciones patronales como crédito fiscal para el IVA, lo que para el fisco significa una renuncia de ingresos por casi 30 mil millones de pesos adicionales.
Otro rubro fiscalmente costoso son los regímenes de promoción económica. Por ejemplo, el costo previsto de las exenciones impositivas del régimen fueguino sumará en 2023 más de medio billón de pesos (exactamente 519.720,3 millones) lo que es más de la mitad del costo de todos los regímenes de promoción.
Si se sigue a la Teoría de la Moneda Moderna, los ingresos fiscales no financian el Gasto. Un modo de verlo es que cuando aparece el registro de un déficit ese gasto ya fue financiado. Los impuestos son en realidad un reflujo del gasto. Si no se cobrasen el gasto se transformaría en inflación. Y en este circuito económico básico de circulación entre gasto y reflujo el rol de los impuestos, a través del quién y el cuánto, es fundamentalmente de incentivos y redistribución. Es por eso que, en momentos en que la situación financiera de la economía reclama profundizar el orden de las cuentas públicas, se vuelve necesario tomar nueva conciencia sobre cuáles son los sectores más beneficiados por exenciones y regímenes especiales. En este marco resulta interesante valorar que los prósperos medios de comunicación locales se benefician de exenciones equivalentes a casi la mitad de los beneficios que recibe el poder judicial, beneficio que, a su vez, es menos de la mitad del que recibe Tierra del Fuego, la isla de la fantasía donde no se paga IVA, Ganancias ni derechos de importación.
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