Luego de impulsar un paquete extraordinario de gastos por casi 7 puntos del PIB en 2020 como respuesta a la crisis sanitaria, el gobierno inició en 2021 una etapa de moderación del gasto que se reflejó en una baja mensual de la actividad económica hasta mayo. Desde entonces inició una nueva expansión centrada más en la inversión pública que en el gasto social y salarios públicos, los que recién se recuperaron a partir de mediados de año. Este comportamiento, dada la estructura económica local, reimpulsó una segunda recuperación de la actividad desde junio, cuando luego de cuatro meses de caída, el Estimador Mensual de la Actividad Económica (EMAE) del Indec volvió a crecer en la comparación mensual, una situación que se espera continúe durante lo que resta de 2021.
Para saber la tendencia de 2022 se necesitarán conocer los datos del Presupuesto, así como el tipo de acuerdo que finalmente se firme con el FMI. Y ello sin sumar la incertidumbre sobre nuevas cepas del Covid. Mientras tanto, contra las previsiones más pesimistas del consenso de las consultoras económicas, el saldo comercial y la intervención del Banco Central fueron lo suficientemente potentes para disipar los augurios de una disparada preelectoral del dólar. Luego de una caída de 10 puntos del PIB en 2020 una nueva devaluación hubiese abortado cualquier horizonte de recuperación sumando más apatía y descontento social a los ya dejados por sumatoria de la crisis iniciada en 2018 y la pandemia.
El panorama del presente, entonces, suma el inicio de una nueva etapa de lenta recuperación y estabilidad cambiaria, lo que permite predecir una baja de la inflación, también lenta por su componente inercial, pero sostenida mes a mes si continúan bajo control los precios básicos, especialmente el tipo de cambio.
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Como advertirá el lector, lo expuesto describe una superación coyuntural, pero no disipa el horizonte de inestabilidad. Esta inestabilidad no es un carácter intrínseco de la economía local, sino el producto de la falta de consensos de largo plazo entre las dirigencias empresariales y políticas, situación que en el último medio siglo se expresó en políticas sistemáticamente pendulares entre las experiencias neoliberales y nacional-populares. Hablar de un plan ya no de largo plazo, sino apenas de mediano parece hasta utópico. Es más, cuando desde algunos espacios de poder se reclama al gobierno la supuesta falta de “un plan económico”, no se está reclamando por este largo plazo, sino por medidas de corto que favorezcan a dicho poder.
En este escenario de polarización la semana que pasó el Ministerio de Desarrollo Productivo difundió un documento que, si bien presenta un balance de la gestión de su área, expone con claridad los ejes del gobierno del Frente de Todos para un verdadero programa de largo plazo, en particular, y como lo indica el nombre del documento, se trata de una “estrategia para el desarrollo productivo”. Que se puede descargar aquí.
El trabajo parte de considerar que la economía local estuvo en recesión durante 20 de los últimos 45 años, lo que supone encabezar un triste ranking global de estancamiento durante el período. La inestabilidad macroeconómica característica de la etapa no se entiende como causa, sino como efecto de transformaciones en la estructura productiva que, siempre desde mediados de los años ’70, agravaron el problema de escases relativa de divisas o restricción externa, eso que los economistas opositores siguen sosteniendo que no existe, pero que cuando son gobierno conduce a crisis de balanza de pagos y recesiones.
El documento recuerda que, dadas estas transformaciones estructurales, cuando la economía crece las importaciones se expanden “al doble” de velocidad que las exportaciones lo que, cuando se termina el financiamiento externo, lleva a que el precio del dólar se dispare, aumente la inflación, caigan los salarios y se contraiga la demanda y el PIB, en ese orden. Las conclusiones de este comportamiento cíclico son evidentes: para crecer, reducir la pobreza y aumentar la inclusión generando empleos de calidad se necesita transformar la estructura productiva aumentando las exportaciones y sustituyendo importaciones. No hay atajos, cualquier otra vía sólo postergará en el tiempo la reaparición de la restricción externa.
Para avanzar en este camino el documento de Desarrollo Productivo propone la construcción de diez consensos básicos: Aumentar exportaciones (1), evitar la contradicción entre sectores productivos (2), es decir entre agro, industria y servicios, y evitar también la falsa antinomia entre mercado interno y externo (3). A su vez las políticas productivas deben fomentar la creatividad y la innovación (4) y ser sustentables (5). El marco debe incluir estabilidad macroeconómica (6) y la promoción la inversión privada y el aumento de la productividad (7). También debe usarse de manera inteligente la política comercial externa (8) y asumir que “toda política de desarrollo productivo debe ser una política de desarrollo regional” (9) a la vez que contribuir a la reducción de las brechas de género (10).
A su vez, estos consensos habilitan una reactivación productiva sobre la base de diez ejes centrados en el fortalecimiento de la industria nacional (1), camino para el que se requiere financiamiento productivo (2) fomento de la competitividad de las empresas (3) y la promoción de la economía del conocimiento (4). Ello permitirá el desarrollo exportador (5) y del mercado interno promoviendo el consumo (6). En paralelo deben impulsarse las economías regionales y el desarrollo federal (7). También se destaca la necesidad de expandir el desarrollo minero (8), de un marco de transparencia y gobierno abierto (9) y el sostenimiento de la perspectiva de género (10).
En un momento en el que aparecen fenómenos sociales nuevos, como movimientos anti exportadores muchas veces financiados por intereses ligados a la importación, es auspicioso que desde el oficialismo vuelva a asumirse una visión exportadora que no se centre sólo en el agro pampeano y que incluya a nuevos sectores de gran potencial, desde la industria a la minería, pero no solamente. Se trata de una visión exportadora explícitamente no contradictoria con el desarrollo del mercado interno (no es uno u otro), mercado al que se concibe indispensable como espacio de crecimiento y aprendizaje de las empresas para luego vender afuera. El documento reitera que el crecimiento para la inclusión social demanda aumentar las importaciones de bienes y servicios (y sustituirlas selectivamente) y que el financiamiento “genuino” de estas importaciones son las exportaciones, lo que supone sumar nuevos sectores --como minería, acuicultura y porcinos, entro otros-- en un marco de estricto cuidado ambiental y con miras a una transición energética cada vez más cercana.
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