La agenda social de lo que viene

El escenario social que estamos presenciando parece una continuidad ininterrumpida desde la recuperación de la democracia pero, si bien hay problemas que se sostienen, hay una serie de cambios que es necesario tener en cuenta. Asistimos a un escenario que es inédito, como siempre lo es, para lo cual necesitamos también un Estado inédito. La discusión acerca de más o menos estado es una discusión tramposa, porque, si bien entiendo que necesitamos instituciones estatales robustas, lo cierto es que necesitamos mejor Estado. La idea de si Estado sí o no deja de lado la tensión ligada a la calidad de Estado. Imprescindible si de verdad queremos defender el Estado como herramienta para las mayorías.

Sin dudas el nuevo gobierno tendrá que afrontar una agenda urgente en términos de necesidades. Las condiciones de pobreza de amplios sectores, las dificultades de acceso a distintos servicios básicos, etc. Sin embargo, esta agenda en la cual hay aparentes acuerdos sobre los problemas no tiene necesariamente propuestas consensuadas.

Uno de los candidatos que se presentará en el próxima ballotage, Javier Milei, plantea la resolución de estos problemas simplemente suprimiendo las políticas y planteando que será el simple juego del mercado no intervenido el que resolverá los problemas. Frente a los ataques ejemplificados en la idea de la motosierra, en la que se pone en duda la capacidad de las políticas públicas de intervenir en la realidad, sucede que se genera un abroquelamiento de las posiciones que reconocen en los derechos sociales la posibilidad de una vida común y mejor. Sin dudas, si resulta ganadora la propuesta de la extrema derecha el escenario será defensivo desde las personas y organizaciones que gestionan la política y de las personas usuarias de las mismas. En este escenario la resistencia frente a los ataques posiblemente organice acciones defensivas, pero poco se puede esperar de avances en términos de protección social, mucho menos de las acciones dirigidas al cuidado, al sostén y al acompañamiento.

Si gana la opción que lleva adelante el candidato del Unión por la Patria tendrá un escenario complejo para que el que no bastará resistir sino que tendrá que proponer un modelo de políticas que no resista para sostener lo que hay, sino que avance sobre una serie de reformas y apuestas que tengan efectos territoriales concretos.

Si hacemos un poco de historia podemos ver que las respuestas que diseñaron el modelo actual de política social, específicamente de la política asistencial, respondieron a un momento estructurado sobre otras formas del problema de la pobreza y de demandas y expectativas de las poblaciones.

Parte de los motivos que dieron origen a la emergencia de programas de transferencia monetaria, los mal llamados planes, tuvieron que ver con el aumento del desempleo en los 90 y respondieron como complementos de emergencia frente a situaciones críticas de ingresos que se planteaban como momentáneas. Hoy no es tal el problema del desempleo sino las características de trabajos mal pagos y con malas condiciones laborales (precarización, bajos salarios, inestabilidad) lo que genera gran malestar en las condiciones de vida de las poblaciones. Esto ha sido lúcidamente identificado por los movimientos sociales que plantearon las transferencias de dinero como complementos de ingresos y no ya como soporte económico frente a las condiciones de desempleo.

Hoy gran parte del presupuesto del Ministerio de Desarrollo Social se dedica a transferir ingresos por medio de las partidas para alimentos y para los programas sociales o de complemento de ingresos. Esto implica, por un lado, un escaso presupuesto al resto de las políticas sociales dirigidas al fortalecimiento de instituciones, a la prevención y promoción de derechos, a sectores productivos ligados a la economía popular, o a poblaciones específicas como las atendidas por la secretaria de niñez, adolescencia y familia.

Por el otro, esta situación que se adecuó a las características de la última etapa, tanto por la pandemia como por las bajas condiciones salariales, encuentra límites claros en tanto que como recurso de emergencia no logra operar en situaciones en las que la pobreza ya es reconocida como una característica estructural de la Argentina.

A la agenda de los problemas de ingresos que ubican a grandes contingentes poblacionales hay que sumar la necesidad de acompañar ante situaciones como las violencias, los consumos problemáticos, los problemas de deterioros sostenidos de vulneraciones que hace décadas padecen los territorios más complejos y que se evidencias en el deterioro de vínculos familiares y comunitarios, los problemas de salud mental que ya no pueden ser planteados exclusivamente como problemas a ser resueltos en consultorios, etc.

El actual modelo de política social no prevé una lógica de sistema de servicios sociales asistenciales y trabaja sobre una forma de transferencias directas tanto a organizaciones sociales como a oficinas públicas de otros niveles de gobierno. Las responsabilidades no se encuentran previamente establecidas entre los niveles nacionales, provinciales y municipales así como tampoco con las vinculaciones con organizaciones sociales, iglesias, ongs, etc. Esto genera una desarticulación fuerte en la cual la información sobre las poblaciones es más accesible para las entidades bancarias que pagan las prestaciones que para las oficinas municipales. Quiero decir que muchas veces los municipios, que son las oficinas gubernamentales más cercanas a los territorios, no cuentan con la información de las operatorias de otros niveles gubernamentales y esto no es un problema de control, sino de posibilidades efectivas de intervenir frente a las situaciones.

Establecer un sistema que organice la política social de manera organizada territorialmente y que salga de la lógica de programas superpuestos supone establecer responsabilidades frente a los problemas asistenciales y recuperar la idea de un Estado cercano.

Algunos países han tenido leyes específicas sobre los sistemas de servicios sociales. Brasil, por ejemplo, avanzó con una Ley orgánica de asistencia social, que durante el primer gobierno de Lula apostó por organizar y profesionalizar las intervenciones territoriales. Argentina podría avanzar en un camino similar. Se puede objetar que una ley sin presupuesto no aporta gran respuesta y es cierto, pero en esta etapa pensar la discusión de manera participativa y democrática puede ser un proceso interesante en el medio de una situación en la que no tenemos necesariamente acuerdos construidos sobre las formas de intervención territoriales que necesitamos. Y esta no es una discusión técnica, aunque tiene un componente técnico, sino principalmente política, ya que la forma en que una sociedad cuida y protege a sus poblaciones en general y en especial a las más desprotegidas no es una apuesta al margen sino al centro de la forma de la sociedad que queremos y necesitamos.

Se suele objetar, incluso dentro de los espacios que defienden la perspectiva de derechos y la centralidad de lo público, que avanzar en una institucionalización de la asistencia social es renunciar a las luchas porque el empleo protegido vuelva a ser el principal organizador social o que esto limita la participación de organizaciones sociales.

Lejos de esto, hay que recordar que los momentos más virtuosos para el pueblo argentino fueron los momentos en que se potenciaron política económica y política social y no cuando se pensaron como reemplazo. Durante los dos primeros gobiernos peronistas crecieron el empleo protegido y también las políticas sociales y durante los gobiernos peronistas de principio de este siglo también. No se desmotiva el empleo con buenas políticas sociales. No hay ninguna evidencia histórica de esto y si de la opción contraria, en la que se potencian generando mejores condiciones de vida.

Con respecto a la participación de organizaciones sociales podríamos decir lo mismo, que el modelo no puede ser de reemplazo para que sea efectivo sino de potenciación, a más presencia pública estatal más participación social. Si no hay potenciación hay una lógica de reemplazo que desvirtúa la acción pública.

La derecha logró instalar que el problema es la respuesta. Sin dudas, pensar que la forma de la respuesta estatal a los problemas sociales es el problema tiene una parte de verdad en el sentido que los problemas de lo público para dar respuesta a las nuevas demandas son sin dudas evidentes. Pero sin respuesta estatal frente a los problemas sociales renunciamos a construir la sociedad que queremos y necesitamos. La Argentina tiene una historia de intervención social muy virtuosa para recuperar y reversionar en clave de los problemas y expectativas actuales pero para esto hay que lograr institucionalizar en perspectiva federal un sistema público que muestre que la justicia social lejos de ser una aberración es la forma de compromiso con una forma de vida común que no niega ni la dimensión individual ni la colectiva, sino que asume que la forma de desarrollo individual es inescindible de la colectiva.