Ante la proscripción electoral de Rafael Correa para registrar su candidatura presidencial en las vecinas elecciones generales (7 de febrero 2021) en Ecuador, el movimiento popular y progresista que transformó el país bajo su gestión se ha reagrupado en la Unión Esperanza (UNES), cuya fórmula ha quedado integrada por el Dr. Andrés Arauz, como candidato a presidente, y Carlos Rabascall a la vice-presidencia. Arauz matemático y economista, que desempeñó varios cargos durante la presidencia de Rafael Correa, siendo el último el de Ministro del Conocimiento, exiliado hasta hace poco, en México, donde alcanzó su doctorado en Economía Política en la UNAM, se ha puesto al frente del movimiento UNES y se aguarda, en estos días, que el Consejo Nacional Electoral del Ecuador termine de homologar sus candidaturas.
Es curioso y lamentable que el frente político que colecta las preferencias del pueblo ecuatoriano –más del 40% según confiables encuestas- sea la única fuerza política que, hasta la fecha, no ha logrado la definitiva homologación de la fórmula presidencial de UNES, en tanto que los otros 15 candidatos, con muy baja respuesta en las encuestas, como que el seguidor más cercano sólo alcanza al 15 % de las preferencias electorales, ya gozan de los beneficios del reconocimiento de sus candidaturas que debe conferir el CNE.
Y es muy importante contar con el reconocimiento de las candidaturas de UNES, ya que ello comporta la inmunidad de los candidatos, la protección de sus personas, y la igualdad en el acceso a la comunicación pública electoral.
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Esta situación nos lleva a reflexionar sobre la vigencia del principio de jerarquía constitucional de la igualdad ante la ley. Resulta penoso advertir que a consecuencia de las perversas prácticas del “lawfare”, la colonización neo-liberal que padece el Continente Americano lleva a tirar por la borda los principios basales de la doctrina del Estado de Derecho, así como de la supremacía constitucional y de los tratados internacionales de derechos humanos, en aras a preservar los privilegios de los sectores hegemónicos del poder político y económico de la sociedad ecuatoriana.
El actual gobierno ecuatoriano, que encabeza Lenin Moreno, que cuenta con una mísera cuota de adherentes –menos del 5%-, que ha fracasado en su política económica, que es responsable de graves crímenes contra el pueblo del hermano país, que desató una feroz persecución contra los ex funcionarios del gobierno de Rafael Correa, y que produjo un desastre humanitario en su país por la ineficacia e improvisación ante la pandemia del Covid 19, se siente, sin embargo, autorizado a pretender discriminar quiénes pueden participar del vecino proceso electoral.
Es de temer que Lenin Moreno, ante el derrumbe de su poder, intente postergar la convocatoria electoral, o abrir paso a un auto-golpe de estado, para seguir gobernando al pueblo ecuatoriano, en nombre del privilegio y como personero de la dependencia colonialista.
Por ello es indispensable garantizar la idoneidad y transparencia en el futuro proceso electoral ecuatoriano, con veedores y organizaciones calificadas, que desarticulen cualquier maniobra de funcionarios desprestigiados de la OEA.
La degradación institucional que ha desatado en el Continente Americano el “lawfare”, nos lleva a enunciar, una vez más, que la apropiación por los sectores populares y progresistas de la institucionalidad del Estado de Derecho, se convierte en una consigna revolucionaria, y herramienta indispensable para los proyectos políticos populares y progresistas que bregan por la soberanía política, la independencia económica y la justicia social para el beneficio de los pueblos de Latinoamérica. Y ello, reponiendo la institucionalidad de la UNASUR y la CELAC, instrumentos insustituibles para el logro y custodia de dichos valores.
• Profesor Titular Consulto, Fac. de Derecho; UBA
• Convencional Nacional Constituyente, año 1994
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