¿Hasta cuándo nos van a tener de hijos?

En la fecha en que festejamos el Día del Padre en Argentina, cuando ayer fue la celebración del Día de la Bandera Nacional, es bueno dar rienda suelta a nuestras emociones y sentirnos fuertemente unidos a la Madre Patria. De la que somos hijas e hijos, pero no de quienes pretenden tenernos por tales para someternos a los designios de fuerzas, intereses y poderes antinacionales.

Aunque la mona …

Nuestro régimen constitucional, republicano federal, que data de 1853 y que a pesar de la reforma de 1994 ha mantenido su matriz original, se plasmó en el molde de la Constitución de EEUU.

Como resulta de los debates que precedieron a la sanción de la Carta Magna del país del Norte, de su redacción y del funcionamiento que desde un inicio exhibieron los Órganos de gobierno que consagrara, el Poder Judicial (expresado en su máxima autoridad, la Corte Suprema), fue pensado como un contrapoder –no democrático- con relación al Ejecutivo y al Legislativo.

Estos últimos se conformaban por la voluntad popular, como expresión democrática y elegidos por el voto de los ciudadanos, a diferencia de la Corte que -desde aquella concepción- sería la garante de la República conservadora frente a los “excesos” democratizantes o populistas de las mayorías que, eventualmente, pudieran poner en peligro a los poderes fácticos hegemónicos y al principal de los derechos: el de propiedad.

Ese espíritu de la Ley de leyes anidó claramente en el cuerpo de nuestra Constitución Nacional, cuyos influjos distorsionadores de valores como la democracia, la igualdad y el bien común se acrecentaron por la situación colonial o neocolonial en que se colocó a la Argentina en el proceso de Organización Nacional vivido en la segunda mitad del siglo XIX.

Desde sus inicios el Poder Judicial demostró, en su conformación y en sus decisiones más relevantes, la condición elitista que le era inherente. La familia judicial (magistrados, funcionarios y hasta empleados) fue una familia patricia, encargada de preservar prioritariamente otros valores, distintos a los enunciados en la Ley Fundamental y caros a la clase social dominante.

Con el andar de los años, y particularmente por las profundas transformaciones que se produjeron a mediados del siglo XX, con la gratuidad de la Universidad pública y la movilidad social ascendente que permitió graduarse de abogados a los hijos de la inmigración, de las capas medias e incluso de hogares humildes, paulatinamente fue modificándose la integración de los diferentes cuerpos judiciales.

La Justicia patricia elitista se va convirtiendo en una Justicia plebeya, pero no pierde su ser antidemocrático -que es estructural- ni su vocación de familia -que es funcional-, si bien ampliada al permitir también el acceso de personas que no eran nacidas y criadas (NyCs) en su seno, sino que se habían desempeñado en la profesión. Aunque éstos, a pesar de la experiencia y visión adquirida en el trajinar tribunalicio, suelen adaptarse rápidamente, defender sus privilegios y adoptar similares conductas endogámicas.

Las generalizaciones no son por definición injustas, como tampoco importan por ser tales un todo. No abarcan al universo completo al que se dirigen, en el cual ciertamente se verifican otros -incluso muchos- comportamientos que no son alcanzados por la caracterización generalizante, pero sí implica lo que es hegemónico, lo que predomina.

El Positivismo en el Derecho, una suerte de fetichismo por la aplicación de la ley como mera operación lógica con abstracción de los datos de realidad y del fin de justicia, han acentuado las peores prácticas del Poder Judicial y favorecido la caída en picada de su imagen pública.

Una nueva perinola

La perinola (nombre que también identifica a ese juego de mesa) es una suerte de trompo de seis caras que, en cada una, lleva impresa alguna de las siguientes opciones: Pon 1, Pon 2, Toma 1, Toma 2, Todos Ponen y Toma Todo. El azar es el que, al hacerla girar, nos brinda una de esas alternativas, si se juega lealmente.

Las grandes Corporaciones han inventado una “nueva”, que en las seis caras figura “Toma Todo” y que se reservan como únicos jugadores. De tal forma se presentan como permanentes acreedores, merecedores de ayudas o favores, titulares sólo de derechos y exentos de toda obligación comunitaria ni aún en las situaciones más críticas.

Se quejan, reclaman e invocan desgracias varias para que el Estado acuda en su auxilio, se alarman por la posibilidad de que no se extiendan (más meses) o no se amplíen (cubriendo el aguinaldo) las ATP con que el Gobierno nacional solventa hasta el 50% de los sueldos de su personal. A la par que guardan silencio -en el mejor de los casos- o se oponen fervientemente a una contribución extraordinaria que grave las grandes fortunas personales. Tanto como se escandalizan, frente a iniciativas legislativas que pudieran imponer la devolución de los fondos recibidos con acciones de o participaciones en las empresas beneficiadas.

Se trata de los mismos que sostienen, junto a sus gurúes económicos, que es necesario ajustar los gastos estatales cuando están destinados a salud, educación, sueldos de los empleados públicos, haberes jubilatorios o transferencias de ingresos a la población más carenciada. Los que exigen cero déficit fiscal, los que se perturban con la emisión monetaria por los aducidos efectos inflacionarios y se encargan –como principales formadores de precios- de poner su cuota en la expansión de ese fenómeno.

Quienes deciden sin pudicia ni respeto social ninguno, con el ojo puesto sólo en sus más despreciables intereses. Como es el caso de LATAM, que deslocaliza sus “operaciones” dejando en la calle a más de 1.700 empleados directos y otros tantos indirectos que sufrirán similar destino, porque el Estado no los apoya en la reducción del 50% del sueldo a su personal que, casualmente, recibiría el otro 50% del Gobierno.

Una empresa que es buque insignia –valga la paradoja- del Libre Mercado y cuyo dueño –¿lo era, lo es? … quien lo sabe- no es otro que el campeón del Neoliberalismo, Sebastián Piñera. Presidente de un país que pretendían era el modelo a seguir y hoy deja a la luz –con más fuerza que nunca- un Chile con un pueblo pobrísimo, con inequidades tremendas y echado a su suerte frente a la pandemia que, ni siquiera, atendieron oportunamente.

Los que se rasgan las vestiduras por el único “derecho humano” que reivindican como tal, el de conservar y acrecentar sus riquezas, aún a costa de la salud y la vida de los que con su trabajo generan esas riquezas que acumulan y, más temprano que tarde, ponen a buen recaudo en paraísos fiscales y ocultan en sociedades offshore.

Cocodrilo que se duerme

Los desmanes financieros, las maniobras fraudulentas y el tendal de acreedores (trabajadores, productores, proveedores y siguen las firmas) que han puesto a la vista los directivos del Grupo Vicentin, junto con complicidades de toda índole de funcionarios del Gobierno de CAMBIEMOS (comenzando por su Presidente), es de una absoluta elocuencia en orden a lo que se venía señalando.

Porque un salvataje imprescindible por parte del Estado, que implica no sólo proteger a quienes fueron defraudados, asegurar la continuidad productiva y las fuentes de trabajo, sino rescatar para el interés nacional un emporio estratégico para la seguridad alimentaria y el control indeclinable de un sector fundamental para la economía argentina, evitando una mayor extranjerización y consiguiente dependencia, obtiene como respuesta de los Grupos concentrados -y sus voceros- un duro cuestionamiento por “atentar” contra el sacrosanto derecho de propiedad, no precisamente el de los miles de acreedores estafados.

La intervención decretada por el Gobierno Nacional que, junto con la expropiación, era guiada por aquellos propósitos, provocó reacciones ilógicas y también lógicas.

Entre las primeras, las manifestaciones airadas de una parte de la ciudadanía que haciendo caso omiso de todos los antecedentes –diría frondoso prontuario- de quienes concursaron a la empresa, salieron a cacerolear en el barrio de Recoleta o se prestaron a la convocatoria a una marcha al Congreso de la Nación, calificando de “comunista” la iniciativa del Presidente de la Nación.

Fue en cambio, lamentablemente propia de una “lógica” judicial a la vez que ostensiblemente ilegal, la decisión del Juez del Concurso que se declaró incompetente para entender en la acción de inconstitucionalidad promovida por el Directorio de Vicentin; pero a despecho de ello, decidió dejar sin efecto la intervención sin poner en cuestión la validez el Decreto 522/2020 PEN (que la dispuso) ni la Ley 21.499 (que regula las expropiaciones) y, como le pedían, resolvió la “reposición de los peticionantes en sus cargos directivos, dentro de la sociedad concursada”.

Se sostiene que los jueces “hablan a través de sus sentencias”, entonces qué mejor que remitirse a los fundamentos que expuso para así resolver:

“(…) la preservación de dicho patrimonio y su correcta administración constituye una tarea de indudable magnitud y complejidad que recae en cabeza de los integrantes del órgano societario encargado de la administración (…) los administradores naturales de la concursada han desarrollado efectivamente aquella tarea, tanto durante el período de cesación de pagos como luego de la apertura del proceso concursal …”

“(…) a raíz del volumen de las deudas denunciadas por la concursada, por la gran cantidad de establecimientos que titulariza, los miles de trabajadores que de ella dependen y la gran cantidad de contratos y operaciones que periódicamente deben procesarse (…) su patrimonio debe ser administrado con el grado de experticia que asegure su adecuada gestión dado que, justamente de ello dependerá su continuidad operativa, la reinserción en el mercado de granos internacional y la exitosa negociación con los acreedores concursales y post concursales (…)”

“Ello amerita una actuación judicial efectiva que deberá tener como objetivo, brindar certeza y seguridad jurídica para la concursada, sus acreedores, proveedores y empleados, a los fines de transitar virtuosamente este período transicional, hasta tanto sea dirimida la cuestión constitucional o se reconfigure virtuosamente el rol de los distintos actores actualmente en disputa …”

Eso sí, para dar certeza y asegurar todos esos loables objetivos, el juez concedió esa medida cautelar pero fue “muy estricto” y dispuso: “(…) habrá de requerirse la prestación de contracautela consistente en una caución juratoria con justificación de solvencia que deberán prestar los peticionantes, sin monto y sujeta a eventuales adecuaciones …”.

Todo ese dislate que asemeja una trágica humorada en función de los hechos de conocimiento público, a lo que el mismo magistrado alude en su sentencia, era previsible si se les daba margen suficiente.

Disponer la intervención sin haber enviado al Congreso, antes o simultáneamente, el Proyecto de Ley para concretar la expropiación era brindar una enorme ventaja en un país que registra reiterados festivales de cautelares. Más todavía, dejar pasar dos semanas sin dar curso a esa iniciativa legislativa, ni contar con una estrategia comunicacional efectiva para contrarrestar la campaña de los medios hegemónicos deformadores de la opinión pública que dieran soporte a ese tipo de resoluciones judiciales.

No impulsar de inmediato variadas denuncias penales, y actuar como querellantes los distintos Organismos y Entidades públicas concernidas reclamando medidas precautorias –entre ellas inhibitorias, para impedir profundizar el vaciamiento de las empresas del Grupo por sus titulares y principales accionistas-, también favoreció el balbuceo del juez comercial plagado de razonamientos que –como surge de las citas precedentes- son un catálogo del culto a la sinrazón.

La alternativa de una intervención morigerada decidida por el juez del Concurso está en las antípodas de la impulsada por el Poder Ejecutivo Nacional, tanto por quedar en sus manos establecer sus límites como por su sometimiento –en calidad de rescate- a los tiempos del proceso concursal que implica años y hasta décadas. Lo que torna en entelequia una futura expropiación, con la consiguiente desnaturalización de la política de fondo propuesta por el Gobierno nacional con las medidas originariamente planteadas.

Terminar definitivamente con la vieja “normalidad”

La referencia no está dirigida a las posibles derivaciones por los efectos de la pandemia, sino a la amañada y totalmente depreciada conducta (“políticamente correcta”), tributaria de una socialdemocracia agotada y sin otro destino que el de servir a regímenes cultores de un republicanismo puramente formal, cada vez menos democrático y cada vez más antipopular.

Esa vieja “normalidad” no es otra cosa que “anomalía”, por cuanto conspira contra la concreción de una Nación soberana basada en un Estado de Derecho Social, sustentado en principios democráticos plurales y respetuoso de las diversidades legítimas en tanto indentificadas con los valores supremos de la Patria.

“De los elevados espacios donde las razones últimas resplandecen, procede la norma que articula al cuerpo social y corrige sus desviaciones. (…) Resulta entonces necesario detenernos de nuevo a examinar nuestros absolutos y a limpiar de excrecencias y añadiduras superfluas un ideal apto para servir de polo al sentido lógico de la vida.” (Juan D. Perón en “La Comunidad Organizada”, año 1949)

No puede demorarse más, avanzar en un debate social ya impostergable, como en la incorporación a la esfera parlamentaria de los instrumentos que atiendan a esas cuestiones estratégicas que son condicionantes para cualquier transformación del injusto y desestabilizante sistema imperante.

La Reforma del Poder Judicial, del Régimen bancario y de la Ley de Entidades Financieras, el impuesto a las grandes fortunas personales pero sin resignar otros que abarquen también a las personas jurídicas, las investigaciones sobre las formaciones de activos en el exterior de aquellos que en Argentina exhiben virtuales quebrantos o son beneficiarios de subsidios estatales, la recuperación de bienes fundamentales en pos de la independencia económica y la soberanía política (marina mercante, terminales portuarias, empresas de servicios públicos esenciales, recursos naturales no renovables, control de nuestras vías navegables y del litoral marítimo). Acentuar los lazos con las Organizaciones Sindicales y Sociales, dándole preeminencia frente a los Partidos Políticos en la interlocución imprescindible para diseñar, propender y defender un Nuevo Modelo de país.

Es cierto que nada es infalible como que no todo encuentra las mejores condiciones objetivas para llevarlo a la práctica, tanto como que algunas de esas acciones pueden fallar e incluso resultar equivocadas o extemporáneas. Pero insistir en comportamientos “socialdemócratas” perimidos, en los buenos modales con quienes siempre están buscando escupirnos el asado, nos asegura el fracaso popular y la persistente sujeción a los mandatos extranjerizantes de los que se atribuyen ser nuestros “padres putativos”.

Reflexionaba el escritor Eduardo Galeano: "No creo que la historia se repita, ni creo que ella quiera repetirse. Los que nos repetimos somos nosotros. Bien lo decía Bertrand Russell: ‘No entiendo por qué volvemos a repetir los viejos errores, habiendo tantos errores nuevos para cometer’".