"No estamos todos, señores, ya echaron 1106", cantaron los vecinos de La Boca al ingresar al hall del edificio del Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC), a media cuadra del Parque Lezama. Estaban todos vestidos de negro y llevaban carteles con las direcciones de las casas desalojadas en el último año, de donde fueron expulsadas más de 1100 personas.
Detrás de esas órdenes judiciales, están "la Liga de Rematadores y un fabuloso negocio inmobiliario encubierno bajo el paraguas del Distrito de las Artes", denunciaron los manfestantes, que finalmente lograron una reunión para la próxima semana.
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Llegaron pasadas las 10 de la mañana, ingresaron -los guardias intentaron frenarlos aunque el edificio es de acceso público-, se organizaron en el hall y cantaron su versión porteña de la canción mexicana "La llorona". Y en algunas estrofas describieron lo que vivieron 1106 vecinos que fueron desalojados en el último año. La acción, una cruza entre el arte y la protesta, sorprendió a otros vecinos que hacían trámites para solicitar créditos habitacionales y a los trabajadores del IVC.
"Todos los que están haciendo trámites piden créditos para comprar viviendas. Pero acá sistemáticamente les dicen que no cumplen con los requisitos o que no se dan créditos. Los que no cumplen son los del Gobierno de la Ciudad que no hacen caso del artículo 31 de la Constitución porteña, ni con los 12 convenios internacionales que firmó el país", dijo Natalia Quinto, miembro de la agrupación La Boca Resiste y Propone, que organizó la protesta.
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La decisión de ingresar y cantar en el hall del IVC fue para que el director del organismo, Juan Ignacio Maquieyra, les diera una audiencia. La solicitaron el 9 de noviembre pasado -hace más de un mes- y no recibieron respuesta. El 22 de octubre pasado, en pleno Caminito, hicieron una acción similar, que finalizó frente a las puertas del Museo Proa, que financia Techint.
"Nosotros acompañamos a las familias en 54 juicios de desalojos. Son familias que necesitan una repuesta, que necesitan un política habitacional, que está contemplada en las leyes 2240 y 341 (de créditos para viviendas) pero el Gobierno porteño no destina financiamiento para sostener esa política. Son familias que terminan en la calle para privilegiar el negocio inmobiliario", explicó Quinto, megáfono en mano ante los empleados del organismo.
"Les vamos a contar un caso: el año pasado, se remató el conventillo de Salvadores y Pedro de Mendoza. Sacaron a 11 familias a la calle y la propiedad fue rematada. Un señor, de la Liga de Rematadores, la compró por 120 mil pesos. Y el Estado porteño pagó subsidios habitacionales a las familias por 180 mil pesos. Es decir, pagó 60 mil pesos más que si les hubiera dado la plata para que compraran sus viviendas. Pero no, eligió regalarsela a un nuevo propietario. Todo eso salió de los impuestos que pagamos todos nosotros", denunció Quinto.
Después, volvieron a cantar la canción. Se sumaron a cantar algunos vecinos que estaban allí haciendo trámites. Poco después, casi sobre las 11 de la mañana, se acercó el asesor de la Gerencia del IVC, Maximiliano Cunto, y agendó una reunión para el martes 20 a las 11. Los vecinos aceptaron y, cuando todo estaba por terminar, advirtieron que había un cartel que decía que ese martes "el organismo permanecerá cerrado al público".
Algunos empezaron a gritar que no les mintieran pero el funcionario dijo que no se había dado cuenta del error e inmediatamente agendó una reunión para el lunes 19 a las 11 de la mañana.
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