A tres semanas de la intervención de facto de la Dirección General de Derechos Humanos de la Procuración General de la Nación, denunciaron a El Destape que la fiscal Mary Ana Beloff, designada por el interino Eduardo Casal, aún continúa de licencia y no se presentó en la oficina, por lo que advirtieron que peligran políticas centrales del organismo: migrantes y delitos de lesa humanidad.
El tema migrantes es uno de los tópicos sensibles para este gobierno a tal punto que el Director Nacional de ese área, Horacio García, comenzó a brindar charlas “para conversar sobre el nuevo procedimiento de deportación en Argentina”. Una especie de slogan de campaña. La avanzada macrista sobre este punto llegó poco después de asumido el Gobierno, en enero de 2017, y generó rechazos por la inconstitucionalidad de algunos de sus artículos, algo que deberá definir la Corte Suprema de Justicia con la opinión del Ministerio Público Fiscal.
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Mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2017, el Gobierno modificó la ley de migraciones al disponer la expulsión “sumarísima” – exprés - de personas extranjeras residentes en la Argentina y amplió los motivos de inicio de un trámite de deportación para personas que hayan cometido cualquier delito con pena de prisión. De este modo, el objetivo es facilitar los mecanismos para echarlos e impedirles el ingreso al país.
Desde la Dirección en cuestión formularon un informe en el que advirtieron, no sólo que este decreto no resuelve ninguna situación de necesidad y urgencia sino "tampoco se logra acreditar siquiera la existencia del vínculo entre delincuencia y migración".
Además, plantearon que la medida no será buena para hacer frente a otros problemas delictivos de la Argentina. "Para enfrentar al narcotráfico resulta desproporcionado y poco razonable ampliar el supuesto que habilita prohibir el ingreso y la permanencia a extranjeros que haya cometido cualquier delito que merezca una pena privativa de libertad, no sólo por delitos graves", manifestaron.
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Las organizaciones civiles que luchan por los derechos humanos también encendieron la alarma sobre el tema y presentaron un amparo conjunto. El Centro de Estudios Legales y Sociales –CELS-, la Comisión Argentina para Refugiados y Migrantes – CAREF-, y el Colectivo por la Diversidad –COPAD – fueron los impulsores del mismo, el cual fue avalado por el fiscal en lo contencioso administrativo federal, Miguel Ángel Gilligan, quien declaró la inconstitucionalidad de varios artículos.
El fiscal planteó que "la exigüidad de los plazos” del DNU “para la interposición del recurso jerárquico y judicial (3 días hábiles)” es un “obstáculo para que el migrante haga valer su defensa en forma efectiva y, sobre todo, en condiciones de igualdad procesal con otros justiciables". En cambio, la ley modificada establecía plazos de entre 15 y 30 días para el proceso.
Esta decisión fue recurrida por la Dirección Nacional de Migraciones por lo que recayó en la Corte Suprema de Justicia, que pidió asistencia del Ministerio Público Fiscal. Según explicaron fuentes del área a El Destape, la definición recaerá sobre la procuradora general ante la corte, Laura Monti, quien ya tuvo varios dictámenes favorables al Gobierno como el aval para que Farmacity, del ex funcionario Mario Quintana, pueda ingresar a la provincia de Buenos Aires.
Otro de los temas sensibles que preocupan a quienes se ocupan de los derechos humanos es el de los delitos de lesa humanidad. Según detallaron a este medio, desde que comenzó el Gobierno macrista llegaron pedidos de informes de la Comisión Interamericana de Derechos (CIDH) sobre denuncias de represores detenidos contra el Estado argentino.
Para ello, desde 2016 el Ejecutivo pidió un informes de cada caso al Ministerio Público Fiscal pero demoró la presentación de respuestas ante la CIDH, lo que podía interpretarse como un debilitamiento de los juicios por delitos de lesa humanidad, ya que no cumplir con los plazos estipulados se abre la puerta a la interpretación de cierto aval de las autoridades a las denuncias de los represores.
Ante estas demoras, explicaron a este medio, desde la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio Público Fiscal comenzó a exigirle a la Cancillería y Secretaría de DDHH que manifieste su enérgica defensa a las políticas impulsadas desde el Gobierno por la memoria, verdad y justicia. En caso de ser desmantelada el área, estos informes y este empuje para mantener el status de los juicios por delitos de lesa humanidad, los mismos quedarían debilitados.
A fines de abril, mediante una resolución de carácter no público sino interno, intervino de facto la Dirección General de Derechos Humanos de la Procuración General de la Nación, la cual fue creada por Alejandra Gils Carbó en 2015. Con la disposición del interino Eduardo Casal, Mary Ana Beloff, a cargo de una fiscalía, fue designada al frente de la misma pese a no tener capacitación ni trayectoria en la materia como sí la tiene quien hasta ayer comandó el área: Andrea Pochak.
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