Las políticas de Cambiemos en torno a la apertura de importaciones y el desaliento del consumo impacta en todo el país, pero especialmente en la provincia de Tierra del Fuego. En la isla, en apenas 15 meses de gobierno de Mauricio Macri, se perdieron 6800 puestos de trabajo y cerraron 111 empresas. En promedio, cinco familias por día se van a otras provincias en busca de un futuro mejor.
Economía Política viajó a Tierra del Fuego y corroboró el cierre de más de 100 empresas que se dedicaban a la producción de celulares, televisores y microondas. Visteon, fábrica emplazada en Río Grande y encargada de producir aires acondicionados, cerró y dejó a 100 trabajadores en la calle. Los que aún no llegaron a bajar sus persianas, pero sí tuvieron cesantías, fueron BGH (pasó de 215 a 1180 puestos de trabajo) y Brighstar ( de 2000 a 500 puestos de trabajo). Asimismo, según la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), en el sector comercial hay 300 puestos de trabajo caídos.
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Según datos a los que accedió El Destape, en 2012, había 1280 puestos de trabajo destinados a la industria electrónica, número que aumentó a 13.753, en 2015, lo que representó el punto más alto para el sector. A diciembre de 2016, tras 5.271 despidos, el sector quedó 8.482 puestos de trabajo.
La canasta popular (que no incluye servicios públicos ni alquiler) ha aumentado en los últimos 12 meses un 36,06%. El alquiler de vivienda representa para los trabajadores una de las mayores preocupaciones ya que un monoambiente vale 8.500 pesos y un departamento de tres ambientes cuesta 11.000 pesos.
Por su ubicación geográfica, la electricidad tiene una incidencia superior (tanto en los hogares como en la industria) a la media del país, y con escasa capacidad de reducir consumo. En promedio, según la Funcación para el Desarrollo Eléctrico (Fundelec), la tarifa es de 1.088 pesos contra los 284 pesos de la Capital Federal y los 409 pesos de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo. Todo este combo provocó que, en los últimos 6 meses, 600 familias dejen Tierra del Fuego.
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Alertado de que Economía Política fue a Tierra del Fuego, el gobierno de Rosana Bertone presionó para que no entren las cámaras a las fábricas y no muestren la paralización de la industria. La producción del programa intentó contactar al ministro de Industria de la provincia, Ramiro Caballero, pero no consiguió una respuesta oficial por el informe.
Mónica Acosta, encargada de la Cooperativa Renacer habló con Roberto Navarro y le contó la situación de Tierra del Fuego. En este establecimiento, donde hace 20 años funcionaba la fábrica Aurora Grundig hoy se dedica a fabricar microondas, aspiradoras, televisores LCD, lavarropas y equipos de sonido. "Hacíamos 1.000 eletrodomésticos por dia y, en 2017, tenemos una producción de 8.000 mensuales, lo que equivale a 10 días de trabajo", cuenta Acosta. "Nos dijeron que dejáramos partir a la industria electrónica y nos reconvertiéramos al turismo", confiesa y deja al descubierto el interés del gobierno nacional detrás de su política de desindustrialización.
Miedo e incertidumbre por lo que vendrá es lo que se percibe entre los que hoy tienen algo de trabajo."No sabemos qué va a pasar de acá a una semana", cuentan los consultados por Economía Política. Tierra del Fuego espera un cambio en la política que impulsa Mauricio Macri para no volver a ser una isla con mayoría chilena o, peor aún, casi deshabitada.
La 19.640, una ley en riesgo
Cuando en 1972 se sancionó la Ley 19640, el objetivo de la norma era geoestratégico y tenía a la soberanía como eje medular. "La ley plantea que la industria fueguina cada vez más utilice más los componentes nacionales, así las empresas radicadas en el territorio nacional continental crearán una dependencia de esta zona", explica Mariel Borruto en su artículo "Ley 19640. Reflexiones a más de cuarenta años". Y suma: "Ello, como una forma genuina de sostener la promoción económica, generando trabajo en Tierra del Fuego y en el territorio nacional en forma conjunta".
La profesora de la cátedra Régimen Promocional para Tierra del Fuego, que se dicta en las carreras de Ingeniería en la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) de Río Grande, señala a El Destape: "Antes del 72 la población estaba integrada mayormente por ciudadanos extranjeros, especialmente chilenos. A 40 años de la sanción se puede decir que se revirtió totalmente".
Sin embargo, ante el panorama mencionado anteriormente, advierte: "La estadística marcó que en febrero hubo 500 mudanzas porque es difícil vivir acá si no hay trabajo debido al clima hostil, los alquileres son altos y no es fácil sostener el nivel de vida". Por eso, reclama: "Es importante que la ley permanezca para tener un asentamiento argentino dentro de la provincia".
Este análisis se relaciona con que durante gran parte del siglo XX, la población de Tierra del Fuego tenía una alta proporción de personas nacidas en otros países. En 1914, el 63% de los que habitaban la isla eran extranjeros.
El porcentaje fue bajando con el correr de los años, especialmente tras la sanción de la norma, y quedó evidenciado en los censos 1947 (59%), 1960 (46%), 1970(38%), 1980 (28%), 1991 (15%), 2001 (11%) y 2010 (8%). Por tomar un caso de los efectos de la 19.640, en esta última estadística se conoció que, del total de los chilenos censados, el 80% se radicó antes de 1991. El 13,4% lo hizo entre 1991 y 2001 y el 6,6% restante, entre 2002 y 2010.
En el libro "La economía del fin del mundo", el escritor Miguel Mastroscello apunta que, en esta provincia, "la considerable presencia de extranjeros fue una peculiaridad desde los comienzos de la integración efectiva a la Nación, cuando aquellos llegaron a representar casi el 63% de los habitantes". Sin embargo, marcó que con el transcurso del tiempo, su proporción fue disminuyendo. "En el último tramo del Siglo XX —y merced a una vigorosa corriente de arribos de pobladores argentinos— esa tendencia declinante se acentuó de un modo notorio, hasta que los extranjeros terminaron por conformar sólo un 11% de la población", afirma Mastroscello.
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