Por unanimidad, la Cámara de Diputados convirtió en ley la iniciativa que prorroga por cuatro años la suspensión de los desalojos en tierras habitadas por indígenas. Se consiguió pese a la política represiva del Poder Ejecutivo nacional contra las comunidades aborígenes.
La ley 26.160 de propiedad había sido creada en 2006 y prorrogada dos veces ante el incumplimiento de los plazos para la realización del relevamiento catastral de pueblos originarios. La urgencia en el tratamiento contra los desalojos se debió a que el 23 de noviembre próximo vencía el plazo que protege a esas comunidades, lo cual motivó fuertes reclamos y movilizaciones.
En el Senado, la iniciativa había sido aprobada por unanimidad el 27 de septiembre pasado, pese a los intentos previos del oficialismo por reducir de cuatro a dos años el plazo de la prórroga.
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El miembro informante del oficialismo, Daniel Lipovetsky (PRO) señaló que de acuerdo a informes oficiales hay más de 1.600 comunidades de pueblos originarios, de las cuales "quedan por relevar más del 70%".
El chubutense del Frente para la Victoria-PJ Santiago Igon cargó contra el Gobierno nacional, al que le atribuyó "falta de diálogo" y "maltrato" hacia los pueblos originarios. Puso como ejemplo el operativo de desalojo de Gendarmería contra del corte de ruta que realizaron integrantes de la comunidad mapuche Pu Lof previo a la desaparición de Santiago Maldonado.
Pedro Miranda (Bloque Justicialista) alertó sobre la subejecución presupuestaria en el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI). Si bien saludó la prórroga, pidió que se avance en los próximos años para dar "solución definitiva de la propiedad comunitaria" aborigen, lo cual "suele estar atravesado por conflictos de intereses frente a reclamos de tenedores privados".
Por el Frente de Izquierda, el diputado Pablo López calificó la prórroga como "una conquista de los pueblos originarios" en base a las movilizaciones y reclamos ante representantes del Congreso. "Esta conquista tiene un valor adicional porque ha sido arrancada en medio de un avance del Gobierno nacional, de los gobiernos provinciales, de los grupos empresarios y terratenientes que se quieren quedar con los territorios de los pueblos originarios. Esto ha motivado una acción represiva y una estigmatización contra los pueblos originarios", advirtió.
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