"La medida marca un antes y un después. Pasamos de un arancel fijo del 4,15% a tener libertad de contratación. Lo que el Colegio recomienda es un honorario de entre uno y dos meses, en línea con los usos y las costumbres. Pero las partes ahora pueden negociar y firmar que sea sólo medio mes o que sean tres o cuatro. Rige la oferta y la demanda", aclaró Héctor D'Odorico, el presidente de Cucicba.
Para la entidad de corredores, la medida era necesaria para "defender los derechos profesionales a percibir honorarios" por su trabajo. Los inquilinos, por su parte, rechazan el cambio y siguen considerando ilegal toda comisión mayor a un mes.
"Muchas inmobiliarias venían cobrando al menos el doble de lo legal, y así les robaron a los inquilinos más de $ 4.000 millones en cuatro años. Con su resolución, ahora Cucicba pretende justificar la estafa, pero no tiene facultades para cambiar una ley de la Ciudad", planteó Fernando Muñoz, coordinador del área de Inquilinos de la Defensoría del Pueblo porteña.
Por otra parte, en la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia aseguraron que sólo la Justicia o la Legislatura podrían cambiar el régimen. "Se intenta convalidar una práctica ilegal y abusiva, obviando los topes fijados por ley, y esto resulta especialmente alarmante en el actual contexto de incremento del porcentaje de población que alquila en la Ciudad", aseguraron.
Quienes critican la nueva medida oponen que el Código Civil no anula la ley local y que el artículo citado no es específico para el "corretaje inmobiliario". "En todo caso, la ley nacional 24.240 fija que, en caso de duda, la interpretación siempre debe ser favorable al más débil, que en este caso es el inquilino", opinó Jorge Surin, abogado especialista en Defensa al Consumidor.
Al final, lo que todos esperan que sea un juez quien lo defina y distintos sectores preparan presentaciones judiciales contra lo dispuesto por el Colegio.
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