El intento de persecución de los movimientos campesinos por parte del Gobierno esta vez viene desde el silencio. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, junto con su par de Justicia Germán Garavano, no levantaron la voz pero avanzaban con un controvertido acuerdo con el gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora.
El convenio, a grandes rasgos, pretendía darle a las fuerzas de seguridad el aval para accionar contra los movimientos campesinos como MOCAESE, que nuclea a más de 9 mil familias organizadas, con acusaciones de "instigación a la lucha armada".
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En este sentido, el Gobierno manifestó preocupación por la problemática vinculada a reclamos por la propiedad de las tierras, lotes y parajes debido a la “consolidación del MOCAESE en un contexto de apoyo interno e internacional”. Con esta ya conocida argumentación pretendía un acuerdo con el gobernador Zamora para profundizar su persecución.
Por su parte, en cuanto los movimientos campesinos conocieron los objetivos del acuerdo, se reunieron con el Gobernador que expresó su rechazo a lo pretendido por Bullrich y Garavano. También, desde MOCAESE, presentaron un 'habeas corpus' que frenó la iniciativa del Gobierno.
La organización campesina "hace responsable a la Gobernación de Santiago del Estero, al Ministerio de Seguridad de la Nación y al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación Estero por cualquier hecho que atente contra nuestra integridad física o la de cualquier integrante de nuestra organización".
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