Paso a paso, cómo se instrumentó el Lawfare en la Argentina durante el macrismo

Con el cambio de Gobierno se abre la posibilidad de dar vuelta la página del Lawfare, la guerra jurídica que el macrismo impulsó apenas asumió para perseguir a la expresidenta y ahora vicepresidenta electa, Cristina Fernández de Kirchner.

La mecánica con la que el primer mandatario saliente, Mauricio Macri, desplegó la batalla jurídica contó con distintos instrumentos y avanzadas que se diseñaron desde la Casa Rosada. Entre los primeros se destacan: 

-El cambio de manos de la Dirección de Escuchas, que se traspasó del Ministerio Público Fiscal (que estaba a cargo de Alejandra Gils Carbón apenas asumió Macri) a la Corte Suprema de Justicia. Ocurrió el 29 de diciembre de 2015, 19 días después de la asunción lo que revela la importancia que tenía este traspaso. La oficina de interceptación telefónica jugó un rol central ya que se produjeron importantes filtraciones que llegaron a los medios de comunicación oficialistas y sirvieron para distintas operaciones: desde el armado de la causa Puf Puf a los diálogo de CFK con Oscar Parrilli. La AFI, a cargo del amigo del Presidente, el escribano Gustavo Arribas, generalmente, fue la encargada de las desgrabaciones.

-La ley del arrepentido para casos de corrupción. Se aprobó en octubre de 2016. Tras esta modificación de la norma ganó protagonismo el programa de protección de testigos, que ahora el macrismo está tan interesado en custodiar. Tanto que lo transformó en agencia mediante un DNU. Allí tuvieron resguardo desde Leonardo Fariña al chofer Oscar Centeno, por citar tan solo dos ejemplos. En El Destape se revelaron al detalle los beneficios que recibió Fariña durante este tiempo. 

-La decisión de Macri de postergar la puesta en funcionamiento del Código Procesal federal, que le quitaba centralmente poder a los jueces federales y limitaba las prisiones preventivas.

-La “doctrina Irurzun”. En octubre de 2017, el presidente de la Cámara Federal porteña, Martín Irurzn (el único que sobrevivió a la avanzada M en esa instancia) escribió la teoría de las relaciones residuales por la que se terminó encarcelando a exfuncionarios kirchneristas. ¿El argumento? Que podían protegerse con relaciones residuales con el aparato del Estado. Se trató de un claro ejemplo de cómo, con la excusa de la persecución de los delitos de corrupción, se flexibilizaron las garantías constitucionales.

A ellos se sumó una serie de movimientos clave en el Poder Judicial:

-Macri decidió el copamiento de la Cámara Federal porteña, la instancia revisora de los 12 juzgados de Comodoro Py, donde tramitan las causas políticas más sensibles. Entre ellas, las de corrupción. Desde allí se avalaron las decisiones de los jueces Claudio Bonadio y Julián Ercolini. Y se presionó a los “desobedientes” como Sebastián Casanello. Para tener una dimensión de la avanzada en esta cámara: cuando el líder del PRO arribó a la Casa Rosada había cuatro integrantes. Tres terminaron eyectados (Eduardo Freiler, Jorge Ballestero y Eduardo Farah. Para ello jugó un rol central el Consejo de la Magistratura, dominado por la alianza de gobierno). Otros tres ocuparon sus lugares (Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens). Los dos primeros mediante un decreto presidencial. Los cambios comenzaron en noviembre de 2017. Hoy, quienes llegaron a dedo no están firmes en sus cargos.

-Los movimientos en la cámara porteña tuvieron su correlato en la máxima instancia penal del país, la Cámara Federal de Casación Penal, donde Macri nombró a cinco jueces (sobre un total de 13). El reacomodamiento se inició con la llegada de Carlos Mahiques, juez ordinario y exministro de María Eugenia Vidal en al provincia de Buenos Aires, también mediante un decreto. Aterrizó en el primer piso de los tribunales de Comodoro Py en mayo de 2017.

-Una función central para demarcar la linea a seguir en el Poder Judicial es la del Procurador General de la Nación: es el jefe de los fiscales. Por eso, Macri estaba empecinado en desplazar a Alejandra Gils Carbó del cargo. Finalmente, logró que renunciara en diciembre de 2017. En su lugar dejó al interino Eduardo Casal, cuyo cargo quedó atado a la voluntad presidencial. Casal sigue siendo muy criticado por la forma en que se acomodó a los intereses del Poder Ejecutivo. Quedó expuesto por el traslado de fiscales molestos (como el caso de Juan Pedro Zoni que investigaba el Correogate) o la apertura contra ellos de expedientes internos (como sucedió con el fiscal anticorrupción, Sergio Rodríguez, o la fiscala general Gabrela Boquin) así como por su defensa cerrada de Carlos Stornelli, que estuvo 8 meses en rebeldía.  

Por el despliegue del Lawfare en la región, el rol de Estados Unidos quedó en la mira. En este contexto, no puede obviarse la llegada a la Argentina de Edward Padro como embajador de los Estados Unidos, especialista en temas jurídicos. Fue nombrado por Donald Trump como representante de los intereses estadounidenses en enero de 2018. Asumió en mayo de ese año. Tras ser designado, el ex juez de Texas y capitán del Ejército, dejó en claro cuál era el área central en el que pretendía colaborar: “Mi intención es continuar trabajando con los abogados y jueces de la Argentina para mejorar el sistema judicial y fortalecer la confianza de la gente en el sistema judicial”, dijo al Congreso norteamericano.

Para cuando Prado asumió, Macri ya había avanzado con su plan de disciplinar a la Justicia. En junio de 2017, había advertido a propios y ajenos en el tercer poder del Estado: “Los jueces tienen que saber que buscamos la verdad o buscaremos otros jueces que nos representen”. Eso intentó. Y en más de una ocasión, lo concretó. Al igual que sucedió en otros países de la región, como Brasil. Por decisión del pueblo, ese tiempo, en la Argentina, terminó.