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Desde el PRO, mientras tanto, salieron a despegarse de las acusaciones. "Intentamos serlo menos truchos posibles", trató de explicar José Torello, apoderado del PRO y hombre de la mesa chica del presidente.
En una nota publicada en simultáneo en el portal Chequeado y el diario Perfil, se reveló que Macri recibió casi 3 millones de pesos en aportes de campaña a nombre de importantes directivos de empresas contratistas de la Ciudad. La ley de Financiamiento de Partidos Políticos prohíbe expresamente que las empresas aporten a las campañas, pero hay una discusión legal respecto de lo que ocurre con sus empleados jerárquicos.
Entre los aportantes, figuran directivos de empresas de seguridad privada como Briefing Security, Murata SA, Verini Security y Yusion SRL, que tienen a su cargo la vigilancia en edificios públicos de la Ciudad. En el caso de Briefing, figuran Alejandro Starzensky, Mónica González, Juan Manuel Butler, Eduardo Butler, Valeriano Huerta, Sebastián Huerta, Carlos Elicetche y Beatriz Ezquerro, que pusieron en total 320 mil pesos. Según Chequeado, Elicetche confirmó que los aportes fueron coordinados con los demás directivos de la empresa.
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Otro caso más conocido es el de la agencia Reale-Dalla Torre, cuyos socios Jorge Reale, Adrián Dalla Torre y Roberto Reale pusieron otros 285 mil pesos. Esta agencia estuvo señalada por el presunto reparto irregular de la pauta oficial de la Ciudad, una denuncia que estalló en todo el país cuando medios zonales que aseguraron haber recibido menos dinero, o directamente no haber recibido nada, del GCBA, cuando en los registros oficiales figuraban con sumas millonarias en las cuales dicha consultora oficiaba como intermediaria. Otra empresa del rubro es Publicidades Sarmiento. El informe periodístico cita una fuente en off que confiesa que el aporte era, en realidad, de la propia firma a nombre de él.
En el rubro de la higiene urbana, cuatro empleados de la firma Econovo pusieron en total unos 180 mil pesos. Econovo produce camiones de residuos para la recolecciòn en la Capital Federal.
La ley de Financiamiento de los Partidos Políticos prohíbe que las empresas contratistas del Estado aporten a la campaña. Estos aportes fueron realizados a nombre de los empleados, algo que la Cámara Nacional Electoral advirtió en 2014 que podría tratarse de una maniobra que en realidad esconda al verdadero aportante, que es la compañía.
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