El Gobierno les retiene un quinto del sueldo a 93 funcionarios por aún no haber presentado sus declaraciones juradas. La Oficina Anticorrupción (OA) había solicitado la aplicación de esta medida en el marco de la Ley de Ética Pública y hoy fue notificada de su aplicación por las diversas áreas de recursos humanos del Ejecutivo.
Las sanciones salariales alcanzaron a integrantes de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI-INSSJP), la Universidad Nacional de Luján, la de Salta, de San Luis, de Tucumán, de la Patagonia San Juan Bosco y la de Santiago del Estero.
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El 22 de agosto pasado la OA había enviado una nota electrónica a todos los ministros, en la que pidió la intimación de los funcionarios incumplidores. Allí advirtió que 15 días después, quienes continuasen en infracción debían ser sancionados con una retención del 20% de sus haberes mensuales hasta que regularicen su situación.
El organismo que preside Laura Alonso publicó en abril los datos de 45.491 declaraciones juradas de funcionarios del Poder Ejecutivo y Legislativo y lo actualizó en julio.
Sobre un universo de obligados a presentar la DDJJ de 47.329 funcionarios, hubo 24.933 cumplidores informados por las áreas de recursos humanos, 16.039 sin cumplimiento informado por Recursos Humanos, 6.125 incumplidores y 232 iniciales en plazo de cumplimiento, señaló la OA en un comunicado.
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