La jueza Lucila Córdoba dispuso un "bozal legal" a los medios de comunicación y prohibió que puedan nombrar al reconocido perodista Jorge Lanata y su actual esposa, Elba Marcovecchio –quien solicitó la medida en los últimas horas en medio de la polémica familiar–. Dicha prohibición rige tanto para medios gráficos, audiovisuales y digitales. La decisión generó un fuerte repudio en la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA), desde donde denunciaron restricción a la libertad de expresión y de prensa y "censura previa".
"Se ordena la prohibición de la difusión por cualquier medio de prensa y comunicación (televisión, grafico, radial, medios digitales y/o publicación en páginas WEB), de toda información que involucre al Sr. Jorge Ernesto Lanata; su imagen, intimidad, situación familiar e información relativa al trámite de la presente causa", manifiesta la magistrada en el documento que se conoció este viernes el Juzgado Civil N°8 de Buenos Aires, secretaría N° 15.
Además de ello, la jueza Córdoba dispuso una medida similar para que los medios tampoco puedan mencionar a la actual esposa de Lanata, Marcovecchio. La comunicación fue, posteriormente, enviada al Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), para que notifique el oficio a los diversos medios.
Entre los argumentos principales para restringir a la prensa, las abogadas de la esposa de Lanata señalaron "la gran angustia por lo que esta pasando su cónyuge y su delicado estado de salud; así como manifiesta encontrarse ella en estado de vulnerabilidad no sólo por la condición médica del Sr. Lanata, sino también por el hecho de que todos los medios de comunicación están difundiendo la presentación efectuada por las hijas respecto de éste, exponiendo parte de su contenido y haciendo alusión a las cuestiones relativas al patrimonio de su cónyuge y lo denunciado respecto de su persona".
Cabe recordar que las dos hijas del conductor, Bárbara y Lola, denunciaron a Elba de alejar al periodista de 64 años de su entorno, mantener una actitud "confrontativa" con ambas y haber realizado gastos considerables en tarjeta de crédito como "dos millones de pesos en una joyería". Entre las acusaciones, señalan "hurto de elementos de gran valor" y robo de dinero en efectivo, entre 35 y 50 mil dólares –42 objetos faltantes en el domicilio como esculturas, relojes, lapiceras, joyas y obras de arte, entre otros–.
A su vez, la medida judicial solicitó una evaluación médica interdiscilplinaria por parte de la Clínica Santa Catalina; para determinar su capacidad psicofísica y establecer si el periodista puede tomar decisiones autónomas. Mientras que la jueza Córdoba ordenó a varias instituciones médicas –como el Hospital Italiano y la Fundación Favaloro– que presenten informes detallados sobre el estado de salud de Lanata y el tratamiento recomendado; con el objetivo de que reciba el mejor cuidado. Y por último, pidó la intervención "urgente" de un equipo forense para evaluar el lugar de internación y las terapias.
El fuerte comunicado de ADEPA: "Censura judicial"
Desde la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) rechazaron "enérgicamente" la decisión del Juzgado Nacional en lo Civil N°8. "Se trata de una medida que debería ser dejada sin efecto con mayor premura que la que precedió a su dictado, por ser incompatible en letra y espíritu con las normas constitucionales e internacionales que prohíben la censura previa", expresaron y citaron al Art. 14 de la Constitución Nacional y el Art. 13 del Pacto de San José de Costa Rica. Y agregaron: "No se explica la ligereza judicial que los ha violentado".
Asimismo, señalaron lo establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que "cualquier medida preventiva que impida el ejercicio de la libertad de expresión, incluyendo las decisiones judiciales, constituye censura previa". Además, un juez como funcionario estatal "tiene vedado decidir qué es lo que puede ver o escuchar la ciudadanía"; más allá de que "los periodistas son responsables de lo que publican".
"La censura judicial, en tanto puede ser fácilmente utilizada para proteger a los poderosos y silenciar a las voces independientes, representa un peligro para la convivencia democrática y el debate público", sentenciaron.
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