Por la crisis en Salud, más de 80 organizaciones y agrupaciones convocaron a una Marcha Federal para el próximo jueves 4 de octubre, que en la ciudad de Buenos Aires irá desde el ex Ministerio hacia Plaza de Mayo. Desde estos espacios denunciaron el “desmantelamiento de las políticas públicas (…) y las del sector de salud en particular” por parte del gobierno de Mauricio Macri, con reducción y subejecución del presupuesto, precarización laboral, despidos y la eliminación de esa Cartera, al anexarla a Desarrollo Social.
El desmantelamiento del área de Salud implicó la reducción y subejecución del presupuesto, con “graves consecuencias a la población” como “faltantes de medicamentos, insumos básicos como preservativos y otros métodos (…) Incluso se ha comenzado a desarmar el plan nacional de vacunación, eliminando la dosis de los 11 años contra la Meningitis”, denunciaron en un comunicado.
Además de la falta de insumos, aseguraron que las políticas de Cambiemos en materia de salud implicaron “precarización laboral y despidos que no cesan, como en el caso del Hospital Posadas” donde, según informaron desde ATE Verde y Blanca a El Destape, ya hubo 1300 despidos desde el 2016, primer año de gestión macrista, y calcularon otras posibles 1000 desvinculaciones en lo que resta del año.
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Según explicaron desde ese gremio, en diciembre se caerían todos los contratos 48, firmados en febrero pese a la resistencia de los trabajadores. “Si no lo firmábamos, nos echaban”, dijo uno de los empleados del Posadas. En su artículo 9, ese contrato plantea que las autoridades pueden rescindir en cualquier momento la vinculación del trabajador. En su lugar, firmarían un contrato de locación y, si bien aún desconocen la letra chica, aseguran que serán renovables – lo que implicará una mayor inestabilidad y precarización laboral – y por menores sueldos.
El Hospital Posadas funcionaba con cerca de 5000 trabajadores y, el objetivo, señalaron desde ese sindicato, es el “vaciamiento” del nosocomio emblema de la zona Oeste, y un funcionamiento con la mitad del personal. Incluso, actualmente, “estamos funcionando a media máquina”, sin entrega de medicamentos y con servicios cerrados por despidos.
El caso de la ciudad de Buenos Aires no pasó desapercibido. Por decreto, el Gobierno porteño avanzó con la unificación de cinco hospitales en uno sólo, en terrenos del Muñiz, con el consiguiente peligro para la atención de pacientes, riesgo en la continuidad de puestos de trabajo y la venta de espacios públicos.
Fernanda Islas, Trabajadora Social del Muñiz y miembro de la Asociación de Profesionales de Servicio Social, aseguró a este medio que “los cinco hospitales van a transformarse en institutos y son cuatro terrenos que se van a perder para uso público porque se planea su venta”.
En esta unificación, “lo más peligroso es el tema de la atención porque la guardia pasaría a ser cerrada” o sea que “los pacientes sólo llegarían por derivación de otros hospitales, no de manera directa”.
Estas medidas fueron coronadas con la eliminación del Ministerio de Salud, que “no es meramente un cambio de nombre y de organigrama”, expresaron. Esa Cartera fue anexada a Desarrollo Social, lo que implicará “la pérdida del poder de rectoría y de conducción estratégica de la política sanitaria nacional, permitiendo el avance incontrolado de las fuerzas del mercado y vulnerando no sólo los derechos de los ciudadanos y ciudadanas que acuden al sistema público de salud, sino que a su vez impacta negativamente en los millones de afiliados y afiliadas de la seguridad social”.
En el caso de Mar del Plata, parte del partido de General Pueyrredón, uno de los tres distritos más poblados de la provincia de Buenos Aires, desde 2011 los indicadores muestran un déficit en materia de atención a la salud, con menos de cinco médicos por cada mil habitantes y tan sólo 217 camas por cada 100.000 habitantes, según informó la CTA de los Trabajadores a El Destape.
Ese distrito fue uno de los más golpeados por el aumento de la desocupación (9.6%) y la pobreza, con casi 130 mil pobres y 31 mil indigentes, según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec). En un contexto “de terrible desigualdad social, el sistema público de Salud se ve desbordado”, denunciaron.
Con “desinversión y despidos en el Estado, las condiciones de los trabajadores del sistema de salud, que sufrieron el cierre constante de programas y planes de salud, la baja de vacunas del y la obsolescencia de la nueva Cobertura Universal de Salud en materia de medicamentos viene a consolidar la mercantilización de la Salud”, manifestaron.
En ese contexto, la diputada por el FPV-PJ y miembro de la comisión de Salud, María Fernanda Raverta, presentó un proyecto de ley para declarar la emergencia en 13 Hospitales nacionales, Servicios de Atención Médica Integral Para la Comunidad y entes de salud descentralizados pertenecientes al Estado nacional.
En el proyecto, la diputada propuso la declaración de la emergencia por dos años, con la reincorporación de los trabajadores despedidos en todo el país y la suspensión de desvinculaciones permanentes o transitorias. Además, planteó la necesidad de que el Gobierno garantice los recursos económicos para su funcionamiento
“Primero subejecutaron partidas, desarmaron programas y ahora directamente desaparecieron el Ministerio. Excepto pagarle al FMI, no hay nada que le parezca prioritario al gobierno nacional”, dijo la diputada a El Destape.
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