El viernes 27 de Septiembre pasado hemos convocado y marchado junto a miles de jóvenes alertando sobre el cambio climático que está amenazando el equilibrio socio-ecosistémico de nuestro Planeta. Es urgente generar conciencia ambiental para ir trabajando en un camino que nos garantice a largo plazo un desarrollo socio-productivo que preserve nuestros ecosistemas y nuestra soberanía nacional dentro de una perspectiva latinoamericana. Así lo entienden los jóvenes comprometidos que en todos los espacios públicos del mundo han sido protagonistas de marchas multitudinarias, plateando una consigna simple pero potente: no existe Planeta B.
Sabemos que este recorrido que planteamos será con avances y retrocesos, pero debemos tener claro cuál es nuestro objetivo estratégico: un país con una distribución de la riqueza planificada, socio-ambientalmente justa, y que garantice una buena calidad de vida a los 45 millones de argentinos y argentinas en el camino hacia una transición socio-productiva ecológica.
Partiremos desde una Argentina que otra vez cayó en el “infierno”, tal como nos decía Néstor Kirchner allá por 2003, a causa de políticas neoliberales como las ejecutadas en estos 4 años; erigiéndose como el mayor saqueo de nuestra historia, tanto por la celeridad como por la profundidad alcanzada. En este contexto, como militantes comprometidos por igual con la justicia social y ambiental, nos planteamos la siguiente pregunta pragmática: ¿seremos capaces de planificar la transición desde el actual modelo alta dependencia y sobre-explotación de nuestros bienes -o recursos- comunes naturales (hidrocarburos, minería, pesca, agro, etc.) hasta que la situación de coyuntura nos permita ir remplazando estas actividades por otros modelos de desarrollo y producción socio-ambientalmente más justos?
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Todo lo que se había avanzado en 12 años de gobierno lo destruyeron, lo saquearon y/o lo convirtieron en unidades de negocio. Pero la reacción del campo popular fue mayor conciencia y organización. En el mismo movimiento en que un grupo de CEOs neoconservadores intentó desperonizar a la sociedad, la resistencia del campo popular logró que las organizaciones existentes se fortalezcan y que nazcan nuevas organizaciones de base dispuestas a poner el cuerpo a las ideas para sacar a nuestro país y su pueblo adelante. Será un desafío de la próxima gestión lograr canalizar todas estas energías en un cambio del sistema socio-productivo que garantice el bienestar común y la sustentabilidad de los ecosistemas.
Hoy en la Argentina un elevado número de niños y niñas se encuentran expuestos a contextos socio-económicos y ambientales de extrema vulnerabilidad. Este contexto determina desigualdades sociales, falta de acceso al agua potable y a una alimentación que garantice los requerimientos indispensables para el crecimiento y el desarrollo. Los niveles de desnutrición infantil reflejan el nivel de desarrollo social y económico de un territorio, y se ven fuertemente afectados por el impacto que produce la degradación del ambiente y de los ecosistemas.
Esta degradación ambiental produce múltiples impactos negativos. Entre muchos pueden destacarse la generación de focos de contaminación, el deterioro de la calidad de agua de consumo, la aparición de nuevas enfermedades como producto de la deforestación y expansión de la frontera agropecuaria, la falta de planificación urbana y rural que determina un déficit en la infraestructura de la viviendas, el desarrollo social y el acceso a servicios y derechos públicos. Es necesario abordar la interrelación entre la calidad ambiental, la calidad de vida y la salud de la población desde una visión integradora e interdisciplinaria, desde las diversas áreas del Estado, para garantizar un desarrollo equitativo.
Es hora de volver a retomar a la acción transformadora. En función de combatir a la pobreza estructural, estamos delineando propuestas de políticas públicas ambientales que, a corto plazo, sean factibles, económica y financieramente, pero que a la vez puedan generar trabajo digno y de calidad, implicando una ruptura con el "statu quo" del pensamiento ambiental occidental.
El sujeto político para llevarlas a cabo existe: son las organizaciones sociales, nacionales y populares, y corresponderá al próximo gobierno integrarlas en las políticas públicas, sin perder de vista el gran desafío que implica no caer en actitudes paternalistas por parte del Estado, lo que terminaría por diluir su potencial transformador. El Estado a través de, por ejemplo, el "compre nacional", deberá jugar un rol estratégico, para que los pequeños y medianos productores accedan a las compras públicas e ir eliminando las distorsiones en la comercialización de los productos. Será entonces necesario adecuar la legislación vigente para hacer más eficiente este proceso.
La transición hacia un sistema productivo ecológico o ambientalmente sustentable implica un conjunto de políticas públicas que deben estar en agenda desde el primer día de gobierno. Así, resulta urgente y necesario que en Argentina realicemos acciones para enfrentar seriamente el cambio climático, pero con medidas derivadas de nuestro propio modo de vida. Las prioridades socio-económicas de la población Argentina son diferentes a la de los países de Europa o Norteamérica. Nuestras ciudades y regiones tienen sus propias vulnerabilidades y exposición a los efectos al cambio climático. Por esto es necesario trazar nuestra propia hoja de ruta. La acción climática puede transformarse en un eje de gestión integrador en los gobiernos locales, siempre acoplado a un modelo de país inclusivo, generador de empleo y ambientalmente justo, que debe trascender a los gobernantes de turno.
En este sentido, respecto al manejo de los residuos urbanos es preciso alcanzar la formalización de todos/as los/as recuperadores urbanos en cooperativas dónde se cumplen dos objetivos: elevar la calidad de vida de los sectores urbanos más vulnerables y el reciclado de los materiales que redunde en un avance hacia una economía circular, esto es, disminuir la contaminación de los residuos que generamos y convertir nuestra basura en otros productos. Es central eliminar definitivamente los basurales a cielo abierto, generadores de emisiones de gases de efecto invernadero y promover la industria del reciclado (residuos urbanos y electrónicos).
Es crucial el ordenamiento ambiental planificado del territorio, para evitar que sea el mercado el que defina el uso del suelo y, por ende, su valor. Generar y fortalecer los cordones frutihortícolas de las ciudades que alimenten con productos saludables a nuestros pueblos. Debemos transitar el camino hacia la agroecología con el apoyo del CONICET, INTA, SENASA, INTI y las Universidades Públicas, entre otras reparticiones del Estado. Si bien existen buenos ejemplos actuales, se requiere de una política pública activa que lo promueva y financie. El "compre local" reduce la huella de carbono y limita el transporte del productor al consumidor.
Respecto a la política industrial, debemos generar herramientas para que las industrias vayan progresivamente disminuyendo tanto sus emisiones de gases de efecto invernadero (y/o contaminantes), como el vertido de sus efluentes contaminantes a los cuerpos de agua. El Estado debe regular y asistir a la pequeña y mediana industria para su reconversión sustentable, y en paralelo realizar procesos de fito-remediación en dichos cuerpos de agua.
Existe un importante desafío respecto al desarrollo rural regional a través de todo el potencial que brindan sus ecosistemas. En las cuencas forestales nativas, la Ley de Bosques Nativos debe convertirse en una herramienta de desarrollo productivo ecológico, reformulando su implementación a fin de generar riqueza que se traduzca en una mayor calidad de vida de los campesinos, los pueblos originarios y del entramado foresto industrial local. Reforestar y restaurar los bosques degradados integrando a los campesinos y pueblos originarios, en el marco de regularizar sus territorios como lo establece nuestro Código Civil y la Constitución Nacional, constituye unas de las medidas de mitigación factibles a corto plazo y se contribuirá a neutralizar las emisiones de otros sectores, como las provenientes de la explotación de hidrocarburos y del sector ganadero.
Asimismo, se debe intensificar las investigaciones para producir agricultura y ganadería con un manejo que requiera menores insumos artificiales, preservando el suelo y la biodiversidad. El INTA, el CONICET y las Universidades Nacionales deben jugar un rol protagónico en esta materia. En esta transición se deberá regular y controlar el uso de agroquímicos de la agricultura industrial y prohibir las fumigaciones que afectan a las escuelas rurales, pueblos y ciudades.
Creemos necesario fortalecer el Sistema Federal de Áreas Protegidas (SIFAP), considerando que la Administración de Parques Nacionales (APN) debe seguir integrada en la cartera ambiental del Estado Nacional. Implementar los planes de gestión que permitan garantizar el cumplimiento de sus objetivos e incorporar nuevas áreas de conservación que cumplan la función de corredores de biodiversidad y a su vez permitan actividades de bajo impacto como el ecoturismo y la educación ambiental a través de la participación activa de las comunidades locales.
Promover las energías alternativas acorde con la oferta ambiental de nuestros ecosistemas y de la producción existente. Por ejemplo, la biomasa en varias regiones debe constituirse como fuente energética tanto de fábricas como de pequeñas ciudades. Vale recordar que la única población del país, de las integradas al Sistema Eléctrico Interconectado Nacional, que no sufrió el apagón nacional fue Ticino, un pueblo cordobés que genera su energía con los desperdicios de la producción de maní. Este ejemplo debe ser imitado en pequeñas localidades, cuando la demanda energética y los desechos de la actividad productiva lo permita. Debemos marchar hacia una economía circular, donde nada se desperdicia o se derrocha.
Asimismo, se deberá definir una política activa de promoción de tecnología nacional en eólica y solar. El sistema científico-tecnológico deberá jugar un rol predominante en el desarrollo de estas tecnologías "limpias". En sentido general, la gestión ambiental en sus diferentes niveles, nacional, provincial y municipal, deberá contar, constitutivamente, con los aportes que nos brindan nuestros investigadores e investigadoras.
Es muy importante que Argentina mejore la implementación de los procedimientos de evaluación ambiental estratégica y evaluación de impacto ambiental a nivel federal, que permitan una planificación más ordenada y coherente acorde a las potencialidades y sensibilidades ambientales, que permita el real cumplimiento de acciones de mitigación para evitar o reducir los impacto ambientales, y que estén acompañados de procesos participativos que legitimen la toma de decisión y mejoren las oportunidades de desarrollo local.
Por último, uno de los principales problemas socio-ambientales que nos deja la actual gestión de gobierno nacional es la profunda retracción en nuestra soberanía sobre los bienes (o recursos) comunes naturales. Los ejemplos más emblemáticos son la modificación por decreto (820/2016) de la Ley de Tierras Rurales Nº 26.737 (sancionada en 2011), catapultando, otra vez, la extranjerización de tierras en manos de socios y amigos del Presidente. Otros decretos presidenciales de tinte inconstitucional y que dejaron sin “paraguas legal” a nuestros bienes comunes naturales fueron los decretos 29/2017 y 231/2017 a través de los que Argentina emitió deuda externa renunciando a “oponer la defensa de inmunidad soberana”. En este mismo sentido, el Mar Argentino viene sufriendo desde 2015 una avanzada neoliberal muy significativa, retrocediendo fuertemente en el control soberano de nuestros recursos pesqueros y realizando campañas de investigación conjunta con la Corona Británica en aguas en disputa sobre las Islas Malvinas; en donde nosotros ponemos los recursos materiales (Buque de Investigación Victor Angelescu, muy bien equipado) y humanos (grupo de investigadores del INIDEP) para mejorar los conocimientos pesqueros de la Merluza Polaca cuyos permisos de pesca los otorgará (y lucrará) el gobierno británico que ocupa ilegítimamente -y por la fuerza- nuestro territorio en el Atlántico Sur. Es crucial desandar rápidamente estos retrocesos soberanos que tantos daños socio-ambientales provoca y retomar la senda de la integración regional.
Para finalizar, un cambio de modelo de producción y consumo no se logra en el corto plazo, las transformaciones requieren de procesos mixtos, donde lo viejo convive con lo nuevo, y en función de la situación socio-económica y financiera que nos deja este nuevo experimento neoliberal, nos planteamos una transición ecológica que requerirá de voluntad política y de una importante participación de la ciudadanía para que se convierta en una política de Estado. Es el desafío de las presentes y futuras generaciones. Lo que está claro es que debemos militar activamente para lograrlo.
Silvia Révora*, Juan Emilio Sala1, Pablo Núñez1, Federico Robledo1, Gabriel Terny2.
*Ex-Subsecretaria de Planificación y Política Ambiental de la Nación; 1Investigadores del CONICET; 2Ex-Director de Fauna Silvestre de la Nación.
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