La Justicia frenó el armado de listas negras del Gobierno de todos los abogados que defienden trabajadores en contra de las aseguradoras de riesgos de trabajo (ART). Había sido dictado por el Gobierno la semana pasada, para identificar a quienes califica de “mafia de los juicios laborales”.
La magistrada Laura Castagnino dictaminó de forma preventiva la suspensión de la resolución del Ministerio de Trabajo de crear un registro para que las ARTs le reporten a la Superintendencia de Riesgos del Trabajo sobre cada juicio por accidentes o enfermedades laborales que enfrenten.
El Gobierno le exige que las aseguradoras que remitan al organismo toda la información detallada sobre las acciones donde la demanda plantee la inconstitucionalidad de la legislación vigente. Esto les permite a los trabajadores acceder a los tribunales sin atravesar la instancia médico-administrativa obligatoria establecida a comienzos de año. El Sistema Integral de Registro para el Estudio de la Litigiosidad del Sistema de Riesgos del Trabajo (SIREL) incluirá los nombres de los trabajadores que demandan y de sus abogados.
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Castagnino sinceró que si no frena interinamente el decreto de Jorge Triaca, “el avance en la confección del registro previsto en el resolución implicaría consolidar el daño que la medida cautelar solicitada busca evitar; lo que configuraría, prima facie y sin que implique adelantar opinión en orden a la precaución solicitada, el supuesto de la existencia de circunstancias graves y objetivamente impostergables, la prudencia aconseja hacer lugar al dictado de una medida interina, consistente en la suspensión de lo dispuesto por la resolución MTEySS Nº760/17 hasta el momento de la presentación del informe precedentemente previsto o vencimiento del plazo fijado para su producción”.
La jueza de primera instancia resolvió de esta manera la cautelar solicitada por la Corriente de Abogados Laboralistas 7 de Julio.
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