La bendición de Lagarde: Qué dejó la visita del FMI a la Argentina

Para entender la relación presente de Argentina con el FMI es útil avanzar de lo general a lo particular. El poder real mundial no es ejercido por los estados nacionales, sino por alrededor de un millar de firmas multinacionales. La afirmación no niega el poder de los Estados ni reduce el imperialismo a una mera entelequia, sino que pone en primer plano un imperialismo supraestatal, el imperialismo del capital expresado en la razón de las finanzas globales.

De estas relaciones de poder real emerge un consenso de política económica que flota por encima de los particularismos estatales. Un conjunto de reglas que, antes que un estadio en la evolución de la teoría económica, expresan las relaciones de poder que las originan. Su núcleo se encuentra, precisamente, en las necesidades operativas de las multinacionales: la libre circulación de capitales y de mercancías, excluida la mercancía trabajo, la única para la que se levantan muros materiales. Se trata del viejo liberalismo de los albores del capitalismo que, a partir de la financierización iniciada en los años’70 del siglo pasado, se transforma, ya en los ’80, en el neoliberalismo sintetizado por el Consenso de Washington, básicamente la tríada apertura, desregulación y achicamiento de los aparatos de Estado.

Estas reglas operan como ideología a nivel global, son legitimadas por el mainstream de la ciencia económica e instituidas por los organismos multilaterales de crédito, entre ellos el FMI, y la Organización Mundial de Comercio (OMC). La función de los organismos es impulsar y garantizar la libre movilidad de capitales. La OMC hace lo propio con la libre circulación de mercancías.

Mantenerse en línea con este orden global conducido por las multinacionales supone aceptar el lugar asignado al país dentro del statu quo internacional: ser proveedor de materias primas y, en el mejor de los casos, sumar los eslabones inferiores de la producción de algunas commodities industriales. Este aceptación se sintetiza en el ideal cambiemita de “supermercado del mundo”, la versión siglo XXI del “granero” de fines del siglo XIX. Avanzar en un proceso de desarrollo de nuevos sectores significaría, en cambio, una costosa ruptura con el poder global, es decir con la estructura de clases asociada a este poder, con las clases dominantes locales que funcionan, en términos gramscianos, como auxiliares de las hegemónicas de los países centrales.

Hablar de un imperialismo de las finanzas, supone que primero existe una relación imperial. A la vez, una relación imperial supone la existencia de extracción del excedente colonial. Dado que el carácter de este imperialismo es, ahora sí, financiero, su instrumento por excelencia es el endeudamiento externo. La deuda cumple así una doble función, garantizar la extracción del excedente e inducir desde la necesidad las políticas de libre circulación de mercancías y de capitales. Existe una relación dialéctica entre el endeudamiento y la ideología que sustenta las políticas que lo generan. Esta ideología es el mainstream de la teoría, la economía por el lado de la oferta.

La conferencia conjunta brindada el pasado jueves 15 de marzo por la titular del FMI, Christine Lagarde, y el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, fue una escenificación perfecta de la armonía que hoy reina entre el mundo general de las finanzas globales y el particular de la economía local. No es anecdótico que el escenario elegido haya sido una universidad “no pública, no estatal, no gratuita”, sino privada y de esas que en el neoliberalismo tardío se autodenominan “de excelencia”. El escenario fue también el mensaje.

Luego, aunque el foco estuvo puesto en la visitante ilustre, la riqueza de la exposición conjunta no residió en los contenidos por sí solos, sino en la relación puesta en escena y manifestada incluso en la actitud postural de ambos funcionarios. Concentrándose en la dimensión discursiva, el ministro repasó la concepción económica de Cambiemos, que aunque conocida, se resignificó en el contexto.

Sintetizando al funcionario con sus palabras, si “el fin último del programa económico es bajar la pobreza”, se debe crear un “clima propicio a la inversión” para, así, poder “crecer sostenidamente”, lo que sólo es posible si “se converge al equilibrio fiscal”. En esta búsqueda aparece una “competencia entre bajar impuestos distorsivos y el déficit”, por lo que el único camino es “bajar el gasto” público, que para fines de 2018 habrá pasado del heredado 42 por ciento del PIB a 38, tarea a la que habrán aportado “el pacto fiscal con las provincias y la reforma previsional”. En todo esto, detalló Dujovne, “no hay desacuerdo entre los economistas”. En el plano de la producción se necesita la progresiva desregulación sectorial e “integrarse al mundo”, por eso la eliminación de impuestos al comercio exterior, que se espera llevar a cero, y el acuerdo Mercosur-UE. Internamente se debe “continuar avanzando” en la desregulación laboral. La reforma de la ley de ART significó una disminución en la litigiosidad, pero también deben reducirse los impuestos al trabajo, ya que “entre el 30 y el 40 por ciento de informalidad se explica por la carga impositiva”. Dado que el grueso de la evasión se produce en sectores de ingresos bajos, el camino será desgravar totalmente un mínimo salarial de 12.000 pesos y avanzar “en un blanqueo laboral”, con el “Estado reconociendo la antigüedad”.

Sintetizando al ministro sin sus eufemismos, para bajar la pobreza se deben bajar impuestos a los más ricos, para lo que se necesita reducir el tamaño y las funciones del Estado, incluidas las obligaciones previsionales, y desregular mercados, todo en línea con las propuestas de política del mainstream marginalista. Al mismo tiempo debe abrirse la economía a las manufacturas del exterior, entre ellas las europeas, y desgravar y desregular el mercado de trabajo, transfiriendo cualquier carga que ello insuma al Estado.

En pocas palabras, sólo un mago podría encontrar alguna diferencia entre el credo cambiemita rezado por Dujovne y el que profesa el FMI. La realidad de la política económica aplicada por la Alianza Cambiemos desde diciembre de 2015 es equivalente a los planes de condicionalidades que aplica el organismo cuando financia la reprogramación de deudas soberanas, sólo que en este caso no existe la contrapartida del financiamiento a tasas más bajas que las de mercado. Es un caso similar a la apertura comercial, Argentina se abre unilateralmente a un Mundo que se cierra.

En su discurso la titular del FMI se ocupó de redefinir el presunto “gradualismo”. “No veo gradualismo”, señaló, el gobierno “ataca con mucha decisión los problemas que hay que atacar”. La frase dejó en offside a la ortodoxia de caricatura que atiborra los medios locales y que propone hacer política económica con los hachazos. Lagarde agregó también que Argentina no pidió financiamiento y que “no lo necesita”, un verdadero “sello de calidad” para que el ministro offshore Luis Caputo siga colocando deuda. Después de más de 130 mil millones de dólares de nuevos pasivos todavía queda resto, cosas de la pesada herencia.