El exintendente de Paraná, Sergio Varisco, podría ir 10 años a la cárcel. Esa es la pena que solicitó el Ministerio Público Fiscal para el dirigente radical, en el marco del juicio en el cual la Justicia Federal investiga si financió el narcotráfico como parte de un convenio con Daniel "Tavi" Celis, puntero del Movimiento Vecinalista del Oeste de la capital. El acuerdo, como ya se ha explicado en El Destape, fue durante 2015, en el contexto de la candidatura a la Intendencia que ganaría Varisco dentro de la boleta de Cambiemos de Mauricio Macri.
La causa conocida como Narcomunicipio va llegando a su final. El 16 de diciembre comenzaron los alegatos. Allí fue donde los fiscales José Candioti, Leandro Ardoy y Carlos García Escalada presentaron sus argumentos para considerar la culpabilidad del exintendente, que menos de una semana antes había entregado el mando a Adán Bahl, vicegobernador justicialista que ganó las elecciones en Paraná y frustró el sueño de reelección de Varisco. Los letrados expusieron la tesis acusatoria contra el exjefe comunal, dando cuenta de la prueba por la cual lo consideran culpable de haber financiado el comercio de estupefacientes a través de un "acuerdo espurio que excedia lo político", contrarrestando así la defensa del propio Varisco. Tanto él como Celis reconocieron un pacto, pero ambos coincidieron en que nada tenía que ver la droga. Según ellos, sí se habló de militancia, de vehículos, bolsones y contratos dentro de la Municipalidad ante una eventual victoria, pero no de nada que tuviera que ver con el narcotráfico.
Los fiscales también pidieron una multa de $250.000 y la prisión domiciliaria, habida cuenta de los problemas coronarios y de cadera sufridos por el exintendente. Para la exfuncionaria Griselda Bordeira y el exconcejal Pablo Hernández, en tanto, el pedido de multa fue de $225.000, junto a una pena de nueve años de prisión. Cabe destacar que ambos están detenidos desde el día mismo que fueron procesados por el juez Federal, Leandro Ríos, el 4 de junio de 2018.
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El lunes 23, en tanto, fue el turno de los alegatos por parte de la defensa de Varisco. En ese sentido, hablaron por un término de alrededor de cuatro horas los abogados Rubén Paglioto y Miguel Cullen. Como era de esperarse, sus argumentos surfearon entre una supuesta responsabilidad política de exdirigentes nacionales- concretamente la exministra de Seguridad, Patricia Bullrich-; una presunta mala actuación de parte de la Policía Federal y un "apriete" ejercido sobre una testigo clave para involucrar a su cliente.
Paglioto sostuvo que el honor del dirigente de la UCR viene siendo "torturado", apuntando duramente a Ríos: "Compró a bulto cerrado lo que le vendieron los investigadores de la Policía Federal". El abogado contó también que Bullrich le había dicho a él y a su socio -"frente a Rogelio Frigerio"- que "entregaran a Hernández y Bordeira" para que todo se terminara. "La respuesta de Sergio fue contundente y categórica; contestó que no iba a entregar a nadie, y mucho menos a aquellos que no hicieron nada para tapar el atrevimiento y mentira que se había creado", marcó. En otra ocasión, la exministra lo habría llamado por teléfono: "Me recriminó que como Sergio no entregaba a nadie, la cosa sería como terminó siendo".
En otro orden, Paglioto fustigó el trabajo de la Federal en el caso: "Esta audiencia me convenció que la División Lavado de Activos es un desastre". Dejó entrever también un supueto robo de droga por parte de la fuerza, hablando de ocho kilos de cocaína "perdidos" en el allanamiento a Luciana Lemos, pareja de Celis: "Voy a presentar una formal denuncia por la firma del acta de los Cusimano -testigos del allanamiento-; salvo que padre e hijo sufrieran párkinson, eso es imitación. Sobre ese allanamiento tampoco coinciden lo de las cajas de seguridad, no coincide el tema del perro antinarcóticos, no sabemos si estuvo o no el juez federal y el secretario".
Por su lado, Cullen hizo referencia -al igual que lo había hecho Varisco- a un acuerdo con Lemos para complicar a Varisco, a cambio de su absolución. A ese presunto pacto, el abogado lo catalogó de "negociación" y "delación premiada". Llamó al proceso una "inquisición" y la comparó justamente con eso: "No se respetaban los derechos ni las garantías constitucionales. Las delaciones eran la forma más sencilla de obtener resultados. Lemos es una indagada que fue sometida a lo más parecido a una tortura legal que puede existir. A una madre se le dice que si no declara de ese modo, le dan tantos años de prisión. Eso fue lo que pasó y lo estamos naturalizando".
El letrado sostuvo que las escuchas que constan en el expediente fueron una vulneración al derecho constitucional de la intimidad: "No podemos consentir que nos estén escuchando. Esto no puede sostenerse desde el Estado de derecho".
Cullen dijo que no todo lo que declaró Lemos era falso, pero sí en lo que tiene que ver con funcionarios y droga: "A la mañana en teoría cobró 160 mil pesos de Pablo Hernández por un kilo de cocaína pero a la noche del mismo día no tenía un peso para viajar a Federal. Lo que dice Lemos, sacada con coacción, no se condice con la realidad. Ella quiere demostrar que estos cuatro funcionarios adquirían droga. Está demostrado que no fue así, que no existieron funcionarios adquirientes del tóxico".
Los abogados pidieron la absolución de Varisco, que alrededor de las 17.30 salió del Tribunal Oral Federal y habló con los medios: "No hay ninguna prueba porque nunca hubo nada. Esto va a terminar bien, no hay nada que me inculpe. Yo creo en la Justicia”.
*Juan Pablo Scattini es corresponsal de El Destape en Entre Ríos.
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