Este lunes, por medio de un decreto publicado en el Boletín Oficial, el presidente, Mauricio Macri, le condonó una deuda con el Estado por 70 millones de dólares a la empresa alimenticia Molinos Río de la Plata, de la familia Perez Companc. Lo hizo al ordenarle al Ministerio de Agroindustria revocar una resolución del gobierno de Cristina Kirchner.
Molinos, desde hace más de una década, está en conflicto con la Aduana, debido a que a principios de 2008 Kirchner decidió que el aumento la alícuota para las exportaciones de productos agrícolas establecido en noviembre de 2007 sería retroactivo para las ventas registradas que se encontraran pendientes de embarque. Mediante la resolución 1898/2008 de la ex Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (ONCCA), Molinos inició su conflicto.
De esta manera, la empresa inició su reclamo por los más de 70 millones de dólares ($2.240 millones al cambio actual) de deuda que esto le significaba y, en 2015, pero, a través de la resolución 372 obtuvo una respuesta negativa por parte del ex Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, dirigido entonces por Carlos Casamiquela.
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En el decreto 774/2018, firmado por Macri, se ordenó revocar la resolución 372/2015 de dicho ministerio. Lo llamativo es que, aunque esa medida tenía un alcance general y no se limitaba únicamente a Molinos, en el texto publicado este lunes se menciona únicamente a esta empresa de los Perez Companc. El Presidente, por su parte, encabezó hace dos meses el acto de inauguración de la ampliación de $700 millones que Molinos hizo en una de sus fábricas de pastas.
De acuerdo a la medida revocada, para no tener que pagar, los exportadores debían acreditar la tenencia de los bienes a ser exportados, que se habían registrado en las declaraciones juradas de venta al exterior (DJVE). Molinos, por su parte, asegura que recibió cargos por DJVE sobre los cuales puede acreditar la mercadería de diciembre de 2008 a septiembre de 2017, según indicó en su último balance anual de 2017.
En base a lo que figura en el sitio oficial del Ministerio, la primera exportación de la empresa que no cumplía con estos requisitos tiene fecha de presentación de septiembre de 2007 y corresponde a la venta de aceite de girasol en bruto a granel.
Molinos reconoce que el monto que reclama es de unos 70,7 millones de dólares, lo cual está asentado como pendiente de pago hasta que se resuelva la situación del recurso jerárquico presentado por la firma ante el Tribunal Fiscal de la Nación.
"El recurso jerárquico bajo examen ha sido interpuesto en legal tiempo y forma, por lo que resulta formalmente admisible", se considera en el texto firmado por Macri. En este sentido, intervino la Procuración del Tesoro, que consideró que "el acto de la (ex) ONCCA, recurrido, resultó autónomamente impugnable" y que "no corresponde el rechazo in limine del recurso jerárquico" presentado por Molinos para que se le perdone su deuda.
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