Esta semana se ha cumplido un año del acuerdo original con el FMI. Desde entonces, el mismo ha sufrido numerosas modificaciones y ha generado una deuda con el organismo de U$S 38.000 millones. El monto total del acuerdo se aproxima a los U$S 57.000 millones, a completar en el primer trimestre del año 2020.
La magnitud de dinero recibido hasta ahora no se ha utilizado para estabilizar las variables económicas desmadradas ni tampoco para afianzar un horizonte certero de cumplimiento de los vencimientos de la deuda pública con el sector privado. En efecto, una proyección de inflación para el año 2019 del 55%, una tasa de interés de referencia para la política monetaria que flota en el 70% , una pérdida diaria de reservas internacionales que esfuma los desembolsos del organismo multilateral, combinados con una economía que acumula cuatro trimestres consecutivos de caída, una tasa de desempleo que se ubica en el 10,1% y un riesgo país que se mantiene por arriba de los 800 puntos básicos, evidencian que el apoyo recibido por el gobierno desde el exterior es infructuoso a los fines por los que fue pactado. Pone de relieve, a su vez, que el objetivo principal era impedir una corrida cambiaria y bancaria que liquidara al gobierno de Cambiemos.
Se ha vuelto un lugar común afirmar que el FMI es el principal aportante de la campaña electoral de Cambiemos en procura de su reelección. Los hechos descriptos son sumamente graves desde el punto de vista institucional: se endeuda masivamente al país y a sus habitantes sin otro horizonte más que convalidar la realización de inéditas ganancias financieras, arbitrando entre una tasa de interés desmesuradamente alta y un tipo de cambio estabilizado a fuerza de vender volúmenes enormes de reservas internacionales diariamente.
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El aspecto más grave de este comportamiento es el horizonte futuro para la Argentina. De completarse la totalidad de los ingresos pactados hasta el año 2020, el grueso de los vencimientos para devolver la asistencia recibida se concentra en el trienio 2021-2023. El esfuerzo para reintegrar casi U$S 57.000 millones en tres años es enorme y virtualmente imposible de realizar. Frente a este escenario, el año 2020 se abre como una ventana de transición para encarar negociaciones que permitan afrontar los siguientes, dado que es un año en el que prácticamente no hay desembolsos ni vencimientos.
En este escenario, el FMI intentará reestructurar la deuda del Acuerdo Stand-By vigente reemplazándola por la línea denominada Servicio Ampliado del FMI (SAF). El propio organismo refiere a dicha asistencia en los siguientes términos:
"Cuando un país se enfrenta a graves problemas de balanza de pagos a mediano plazo debido a deficiencias estructurales que tardarán tiempo en resolverse, el FMI puede brindar asistencia en el proceso de ajuste en el marco del Servicio Ampliado del FMI (SAF). En comparación con la asistencia proporcionada en el marco de un Acuerdo Stand-By, la asistencia en el marco de un acuerdo ampliado se caracteriza por la participación en un programa a más largo plazo —para ayudar a los países a implementar reformas estructurales a mediano plazo— y un período de rembolso más largo"
El texto previo plantea, sin dudas, reconvertir los "aportes de campaña a Cambiemos" en un crédito condicionado a una reforma estructural del país que garantice el libre funcionamiento de los mercados para asignar recursos en la economía. Este programa inicialmente tendrá tres aspectos:
- Reforma previsional con el objeto de reducir el alcance de la cobertura y el monto del haber jubilatorio.
- Reforma laboral destinada a precarizar las relaciones de trabajo en términos de estabilidad y salario.
- Reforma tributaria orientada a distribuir la carga impositiva entre un número más amplio de ciudadanos, con independencia de su capacidad contributiva.
Estos tres puntos configuran el arranque de una reforma destinada a disminuir la capacidad regulatoria del Estado en favor del conjunto del pueblo, y así ampliar escenarios de negocios cautivos como los coseguros de salud, los seguros por accidentes de trabajo y los sistemas de ahorro y capitalización individual para la vejez. Además, se intentará consolidar el deterioro del consumo interno de alimentos y energía para consagrarlos definitivamente como bienes exportables, comercializables a precio internacional, y abandonar definitivamente la idea de que su acceso es un derecho esencial para la calidad de vida de la población.
El organismo multilateral, apenas asumido el nuevo gobierno, pondrá sobre la mesa su agenda de reformas. Concretarlas sería el premio mayor que Christine Lagarde podría exhibir ante sus mandantes de los países desarrollados, y significaría romper el péndulo entre avances populares y retrocesos conservadores en la Argentina.
Frente a este desafío, es evidente que los esfuerzos para construir un amplio frente político y social están justificados. Recuperar un sendero de crecimiento económico e inclusión social requiere de consensos amplios y de energía militante.
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