La basura mueve millones de dólares todos los años en todo el mundo. En la Ciudad de Buenos Aires el negocio es particularmente rentable, ya que el Estado paga hasta tres veces más que en otras capitales. La mayoría de las compañías que levantan copiosas sumas apoyaron la campaña presidencial de Mauricio Macri, quien supo construir su imperio gracias a la recolección de residuos.
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Los porteños pagarán este año $ 16.428 millones para limpiar las veredas y tratar los reciclables, lo que equivale al 7,4% del presupuesto total que maneja el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, y supera al gasto en Vivienda y Transporte sumados. Sobrepasa también a toda la masa monetaria que maneja el partido de La Matanza (de $ 7.100 millones).
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Tampoco son comparables con los 171 millones de euros que prevé erogar una ciudad con similar demografía y rutina, como Madrid. El desembolso del ayuntamiento español para 2018 equivale a $ 4.264 millones al tipo de cambio actual; es decir, el 31% del PRO.
Los porteños pagarán $ 16.428 millones para tratar la basura
Los sobreprecios van a parar a los contratos de higiene por terceros, donde se mueven $ 13.665 millones anuales, de acuerdo a un informe que elaboró la presidencia de la Auditoría de la Ciudad. Precisamente en el desagregado de la recolección de residuos se observan con claridad: lo que el Estado hace por $ 178.199 por cuadra los privados lo facturan $ 607.650. Una brecha de 240% que era de tan solo 40% cuando Macri arribó a la Jefatura de Gobierno.
En la Ciudad existe una zona “testigo”, administrada por una empresa estatal, que siempre sirvió de parámetro para los presupuestos de las compañías, pero que en los últimos años perdió su valor. Además, el PRO le recortó sus fondos de funcionamiento. El Ente de Higiene Urbano utilizaba el 0,7% del gasto en 2007 y hoy día su participación se limita al 0,2% ($ 464 millones). También acotó la zona donde se desempeña, para ampliar la de los privados de 20.985 a 22.489 cuadras.
La gran torta de la recolección de residuos es dividida entre seis empresas, a las que les garantizaron contratos de 2013 a 2023 por $ 28.168 millones que se indexan por la variación de los costos. AESA licitó por $ 5.016 millones, Cliba (del grupo Roggio) por $ 5.292 millones, IMPSA (de la familia Pescarmona) por $ 5.882 millones, EMEPA por $ 3.413 millones, Ashira por $ 4.078 y Urbasur (de Transportes Olivos) por $ 4.484 millones. La séptima región, del sur de la Ciudad, le corresponde al ente estatal.
Cuando presentaron sus pliegos se comprometieron a comprar los camiones necesarios para llevar adelante las tareas, pero incumplieron y, en lugar de rescindirles el contrato, el Gobierno las capitalizó con un $ 1.312 millones que consiguió con la emisión de un bono. Las compañías debieron devolverlo en 25 cuotas, pero con un período de gracia de 30 meses.
AESA, Cliba, EMEPA y Urbasur ya trabajaban en el sector en 2004, en la gestión de Aníbal Ibarra. Con Macri se sumaron Ashira e IMPSA. Esta última no es nueva en los círculos del PRO. Enrique Pescarmona, su dueño, fue uno de los selectos empresarios que acompañaron al Presidente al Foro de Davos en enero. Además, en 2016 impidió la quiebra a la que se afrontaba gracias a un aval del Banco Nación para reestructurar su deuda de U$S 1.100 millones.
Luego de ser premiadas con esas jugosas sumas por una década, cinco de las contratistas (AESA, Cliba, IMPSA, EMEPA y Urbasur) participaron de la cena en La Rural de recaudación de fondos de Cambiemos, como había consignado Tiempo Argentino. De los más de 2.000 empresarios que asistieron Macri consiguió $ 120 millones para financiar las publicidades de 2015.
Pero además de ello, Ashira, junto a IMPSA, AESA y Urbasur le entregaron el 3% de su contrato a Delta Marketing Líquido, una compañía de publicidad, que aportó $ 500.000 a la campaña presidencial de Macri y aliada estratégica de la Fundación SUMA, de Gabriela Michetti.
La historia de Macri con la basura
La basura fue uno de los pilares en los que se apoyó la familia Macri para construir su imperio, bajo el manto de la dictadura cívico-militar. En 1979 el brigadier Osvaldo Cacciatore le entregó por diez años la concesión de la basura de más de la mitad de la Ciudad a Mantenga Limpia Buenos Aires (Manliba). En 1982, el gobierno de facto estatizó deuda externa de la firma por U$S 3.902.000. Con el total de las sociedades, el Estado se hizo cargo de U$S 170.578.000 del conglomerado.
La compañía supo renovar el contrato en 1989 cuando el ex empleado de SOCMA Carlos Grosso llegó a la intendencia porteña. Además, aumentó el pago de U$S 45 la tonelada a U$S 68. Luego de 18 años en la recolección, Fernando de la Rúa marcó el final de Manliba como contratista en 1997, cuando la dejó fuera tras una nueva licitación.
Sin embargo, los 7.000 empleados despedidos de la empresa basurera recién cobraron su indemnización en 2012 desde las arcas del Estado. Ya como jefe de Gobierno, Macri colocó un bono subsoberano de $ 220 millones que después le giró a la compañía de su familia. El actual Presidente también se puso del otro lado del mostrador para favorecerse con la multimillonaria deuda de Correo Argentino, cuando pretendió condonarle $ 70.000 millones.
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