IECSA e Isolux, dos de los primeros contratistas arrepentidos en la causa de los cuadernos, admitieron pagar coimas a cambio de obra pública. Los empresarios que se dicen víctimas de una extorción ineludible, omitieron que gracias a sus maniobras ilegales ganaron millones del Estado.
El gobierno kirchnerista las contrató para construir dos termoeléctricas. Pero las empresas les exigían a los funcionarios $ 8.900 millones adicionales a los $ 3.055 millones presupuestados. La redeterminación de precios de casi 200% más no fue convalidada pese a, quizás, los bolsos que podrían haber entregado para conseguir abultar aún más sus ingresos. Entonces las obras se paralizaron en el primer trimestre de 2015.
La construcción de las dos termoeléctricas fue ganada en 2009 por un consorcio integrado por las dos sociedades. Pese a la responsabilidad de los privados en el parate de casi dos años, Cambiemos los resarció con $ 1.600 millones cuando rescindió los contratos. Además, le entregó un puesto clave al responsable de los proyectos, quien ahora deberá privatizar las centrales.
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La constructora de Ángelo Calcaterra y la española sólo realizaron una de las dos etapas de las generadoras de energía “Brigadier López” y “Ensenada de Barragán”. En una entrevista a La Nación escasos días atrás, el primo del Presidente admitió pagar bolsos con coimas para conseguir redeterminaciones de precios. Sin embargo, parece no haber ganado la pulseada por los $ 8.900 millones adicionales que exigía para continuar, por lo que dejó truncos los trabajos en el primer trimestre de 2015, el último año del kirchnerismo.
Escrutado por la opinión pública, Mauricio Macri decidió en diciembre de 2016 dar de baja los contratos. Pese al incumplimiento, en lugar de multarlos, el Gobierno les pagó $ 520 millones como compensación y unos $ 1.100 millones adicionales a cambio de los materiales de la UTE.
Alberto Brusco, responsable de las obras inconclusas y alto ejecutivo de IECSA, fue convocado por Cambiemos desde el inicio de la gestión para la Subsecretaria de Infraestructura del Ministerio de Energía. Su currículum incluye la gerencia general y un asiento en el directorio del Comité del Proyecto Ciclo Combinado Ensenada de Barragán (que debía generar 820 MW) y del Comité Directivo del Proyecto Ciclo Combinado Brigadier López (destinado a producir 410 MW). Por no haber terminado los trabajos, actualmente las centrales operan a ciclo abierto con una potencia instalada de 560 MW y 280 MW, respectivamente.
En un reordenamiento de la cartera a principio de año, Juan José Aranguren transfirió a Brusco a la ex ENARSA (ahora IEASA), el organismo que decidió resarcir a las compañías que no terminaron los trabajos para los que fueron contratados. Además, será ahora el que privatizará las centrales.
El Ejecutivo instruyó el año pasado mediante decreto al ministerio a “impulsar la enajenación de los activos correspondientes a las centrales térmicas Ensenada de Barragán y Brigadier López y los contratos en ejecución que aseguren la finalización y puesta en marcha de las obras de conversión a ‘ciclo combinado’”. Esto derivó en la Resolución 11-E/2018 de Aranguren, en el que delegó las tareas en IEASA.
Brusco se desempeña en el organismo desde marzo. Desde Energía garantizaron a El Destape que tiene bajo su órbita la construcción de las represas de Santa Cruz y de la central térmica en Río Turbio, pero no la privatización de las centrales que supo dirigir desde IECSA.
Además, dijeron que no tiene participación en el proceso de venta de las centrales y que durante su actuación en el ministerio tampoco se involucró con la compañía de Calcaterra. Fue excusado formalmente de los temas relativos a ella por una resolución de Aranguren del 14 de diciembre de 2016, los que fueron delegados al secretario de Planeamiento Energético Estratégico, Daniel Redondo.
Desde la oficina de Javier Iguacel, el nuevo titular de Energía, justificaron los pagos al consorcio integrado por el primo del Presidente por haber involucrado “una cifra más de 10 veces inferior a lo que reclamaban”. “El 9 de diciembre de 2015 la UTE inició un reclamo de hasta $ 9.500 millones por mayores costos indirectos de la obra y falta de pago del gobierno anterior. Frenó la obra a la espera de una solución a su reclamo”, describieron.
Calcaterra, sospechado de ser el testaferro del Presidente, vendió IECSA al zar energético Marcelo Mindlin en 2017. Sería llamativo que se quede con las termoeléctricas la constructora que no terminó las obras y que supo pertenecer en papeles a la familia Macri hasta 2007, cuando el fundador del PRO se concentró en la campaña para la Jefatura de Gobierno de la Ciudad.
Los posibles sobreprecios de las empresas en la construcción de las termoeléctricas fueron denunciados por Manuel Garrido en 2015 a partir de un informe de la AGN. Según pudo saber este medio por fuentes judiciales, la causa, que tramita en el juzgado de Sebastián Casanello, aguarda hace varios meses el informe del Cuerpo de Peritos Anticorrupción de la Corte Suprema solicitado por el magistrado.
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