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La decisión del Gobierno salió publicada este miércoles en el Boletín Oficial, a través de un decreto de necesidad y urgencia (DNU). Esos 76 mil millones de pesos representan casi 5,3 mil millones de dólares al tipo de cambio actual, de $14,18, aunque la deuda se tomará en pesos.
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A esto se le suma una nueva emisión de bonos en dólares que se anunció hoy en el Boletín Oficial, por otros 500 millones de dólares, que se le suman a otros U$S 400 millones emitidos la semana pasada.
El Gobierno argumentó que era necesario a partir de los mayores gastos por la movilidad, la última dispuesta en el mes de marzo.
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El movimiento financiero representa un riesgo, ya que implica que el Ministerio de Hacienda y Finanzas financia gastos corrientes, como es el pago mensual de jubilaciones, con una deuda, incrementando el pasivo del Estado. Esta forma de financiamiento no es sostenible en el tiempo ya que el Estado debe buscar recursos genuinos para hacer frente a sus obligaciones.
Las dudas respecto de la sostenibilidad del sistema se suman a las planteadas por el megaproyecto que se debate esta semana en el Senado. Según un estudio de la Fundación Germán Abdala, la aplicación de este pago de sentencias y actualización de haberes provocaría la reducción del 60% del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) y que la ANSES arrastre un déficit operativo hasta 2026.
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