El drama de la precarización laboral en tiempos de coronavirus

La precarización laboral es un problema que lleva décadas en nuestro país y se ve profundizado en épocas de pandemia y aislamiento social obligatorio por el coronavirus, ya sea porque no pueden salir a trabajar para buscar el dinero diario o porque no cuentan, como proveedores de servicios esenciales, con los materiales de cuidado e higiene necesarios para llevar adelante sus tareas en la vía pública. Todo esto mientras, en paralelo, tienen que lidiar con atrasos de sueldos o contratos que se vencen cada seis meses – con suerte -.

Por la cuarentena, son contados los servicios que pueden salir a la calle para trabajar. La salud, atención a grupos vulnerables y delivery son algunas de ellas y las tres presentan graves falencias.

Es de noche, la heladera está vacía. Ya pasaron varios días desde la última gran compra para abastecerse durante la cuarentena pero algo hay que cenar. Delivery, claro. Abro la aplicación, total está permitido. Pero ¿cómo trabajan en plena pandemia? Hay dos posiciones, explicó Maximiliano Arranz, secretario adjunto de AsiMM, a El Destape. Por un lado, están quienes se muestran temerosos ante un posible contagio y se fastidian porque la actividad fue exceptuada de la cuarentena. En paralelo, está los que necesitan salir a trabajar pero reclaman una cobertura laboral y sanitaria para hacerlo. Lo cierto es que el malestar es generalizado.

Pese a que nadie puede salir del hogar salvo para lo necesario y muchos recurren a este sistema de entrega a domicilio, la actividad en general disminuyó y la repartición de las sustancias alimenticias es la que sostiene este sector. Bajaron notablemente las gestiones y el reparto de comercio electrónico y quedó en evidencia que “las plataformas de reparto manipulan e inflan los números para hacer propaganda, en una actitud miserable y triste, aunque esperable de empresas que precarizan a sus trabajadores”, analizó Arranz.

Estas plataformas online de pedidos han tenido una “actitud vergonzosa”. De hecho, la legisladora porteña del Frente de Todos, Lucía Campora, presentó un proyecto de ley para obligar a las aplicaciones a que provean de elementos de seguridad sanitaria a sus empleados. “Ver las publicidades de estas empresas, pretendiendo instalar la idea de que colaboran con la comunidad, es indignante. Están mucho más cerca de ser un foco de contagio ambulante, que un servicio esencial”, aseguró.

En ese contexto, la legisladora impulsó una iniciativa para que las empresas provean mascarillas, guantes y alcohol en gel, como así también cualquier otro bien que aconseje la autoridad sanitaria. Además, contempla que se establezca un mecanismo de denuncia anónima, por teléfono y por redes sociales, que permita al Gobierno de la Ciudad la fiscalización del cumplimiento efectivo de la norma. "Con el cuento de ser `tu propio jefe´, las empresas se lavan las manos y se desentienden de los derechos mínimos", explicó Cámpora.

La situación es compleja. Dependiendo de dónde trabaje la persona, las condiciones serán diferentes. “Quienes están en relación de dependencia tienen licencia por pertenecer a un grupo de riesgo como decretó el gobierno. Los monotributistas a los cuales las plataformas les niegan sus derechos, no tienen más opción que elegir entre el riesgo al contagio o morirse de hambre”. Los incentivos son nulos, la actividad se redujo en un 60% por lo que es muy difícil tener un aumento de comisiones o un extra monetario, más porque la mayoría son Pymes y no tienen los recursos y porque los empleados de las plataformas digitales aún pelean por el reconocimiento de su condición laboral.

La precarización abarca todo el territorio y diversos servicios. En el Observatorio de la Mujer de Tucumán, dependiente de la Secretaría de la Mujer y el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia, se desempeñan trabajadores sociales, psicólogos y abogadas, la mitad bajo condiciones de precariedad. En total, hay 21 trabajadores en esa entidad divididos en 14 profesionales que trabajan en la atención directa, de los cuales siete son precarizados, además de administrativos y coordinadores, contaron a El Destape.

La tarea que desarrolla ese organismo es clave y, por los casos recientemente conocidos, central durante el aislamiento que obliga a muchas mujeres a estar encerradas con su agresor. Realizan asesoramiento, acompañamiento y contención para quienes estén en situación de violencia de género, trabajan para desnaturalizar estas situaciones, que las mujeres se fortalezcan, hacen un seguimiento en el proceso de la denuncia e, incluso, están presentes en la construcción de casillas para tener una vivienda. Sin embargo, ´la situación de precarización bajo la que trabajan complica esas misiones.

Una de las mujeres que se desempeña en el Observatorio le contó a El Destape, bajo estricta reserva de identidad, que ya les advirtieron que cualquier contrato vencido en cuarentena recién se renovará cuando esta situación atípica termine. En condiciones normales, al terminar el convenio deben esperar un mes para su reactivación. Mes durante el cual no pueden ir a trabajar, por lo que las personas atendidas ya no tendrán contacto con esa trabajadora y ésta no cobrará un mes de sueldo.

La continuidad de las tareas es imprescindible porque “las mujeres víctimas de violencia hacen transferencia con el personal que les hace el seguimiento”. Por supuesto, el servicio no dejó de funcionar. Los trabajadores no precarizados, que dependen de Salud provincial (anteriormente el Observatorio era interministerial y trabajaban en conjunto al cartera sanitaria y la de Desarrollo Social provinciales) siguen yendo a las oficinas con turnos reducidos, además de brindar contención telefónica las 24 horas y otros dispositivos. 

El problema central radica en quienes están bajo la órbita de Desarrollo Social donde las condiciones de contratación no son las mejores, ya que pueden pasar hasta cuatro años bajo la modalidad de Locación de Obra, con contratos de cinco o seis meses. Una calificación que no encaja con las tareas desarrolladas, ya que no los consideran profesionales de la salud o sociales y no genera una relación laboral con el contratante, en este caso el Estado.

Además, explicó, los pagos se realizan cada dos o tres meses y desde noviembre, cuando todavía Mauricio Macri era presidente, no cobran. Eso hace que tengan que vivir pidiendo prestado o apoyados en tarjetas de crédito. Antes de la pandemia comenzaron con los reclamos, cuatro trabajadores vieron acreditados los haberes de noviembre y diciembre, pero faltan tres. Sueldos que no son elevados para nada, ya que cobran $250 la hora, los contratos son de $25.000 al mes, muy por debajo del valor de la canasta básica, y la diferencia con quienes están en planta es muy notoria: un 100% menos.

La situación se replica en la Ciudad de Buenos Aires. Los trabajadores de las Direcciones Generales de Niñez y Adolescencia; Políticas Sociales en Adicciones, Mujer, Tercera Edad y distintos efectores porteños que abordan las situaciones de vulnerabilidad en el distrito continúan, como servicio esencial, realizando tareas de cuidado dentro de los hogares, paradores, centros de día/noche para personas en situación de calle,refugios para víctimas de violencia y abordaje de consumo problemático de sustancias psicoactivas en el marco de la cuarenta social preventiva y obligatoria, entre otras problemáticas. Sin embargo, denunciaron que trabajan en espacios dónde falta gas, no hay agua caliente, sin medidas de salud y seguridad laboral, sin viáticos.

Ya es harto conocido que el Gobierno recomendó el aislamiento o distancia social e higiene y desinfección constante como puntos básicos. Sin embargo, aseguraron a El Destape, cuentan con faltantes de suministros de todo tipo (alcohol, alcohol en gel, jabón, barbijos, guantes, mamelucos descartables y repelente para mosquitos), lo que pone en riesgo a los trabajadores pero también a la población de riesgo. Además, dijeron, no cuentan con protocolos de actuación claros y las dotaciones de trabajadores están reducidas a la mitad por las licencias otorgadas por el coronavirus (de 30 a 15), lo que implica que menos personas tienen que atender a toda la población.

Remarcaron que las condiciones de precariedad ya existían y que se montó sobre él una emergencia sanitaria que resaltó la situación crítica, ya que son trabajadores que tienen presencia en los lugares donde vive la persona atendida o en los dispositivos que albergan a personas en situación de calle. Tienen que “poner el cuerpo”, explicaron.

El temor a la pandemia no es ajeno a los trabajadores. Se trabajó como con una especie de voluntariado, “pero no hay condiciones” y temen que los hagan ir aunque no quieran, en caso de ser necesario. Una y otra vez remarcaron la vocación que tienen al desarrollar las tareas y que estarán ahí para atender a quien lo necesite, pero la falta de cuidados, sueldos por debajo de la canasta básica y el peligro al que podrían exponerse ellos o sus familias encendieron la alarma.

Situación que, sostuvieron los trabajadores, se completa con que más de un tercio de quienes se desempeñan en el Ministerio de Desarrollo humano y Hábitat no tiene ART y están contratados bajo modalidades de locación de servicios o asistencias técnicas, lo que calificaron a este medio como una tercerización laboral, sobre todo mediante convenios con la Universidad de Buenos Aires.

Desde el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat porteño aseguraron a El Destape que están "desarrollando las actividades, tomando todas las medidas establecidas para garantizar las condiciones de trabajo y las medidas de prevención establecidas por el Ministerio de Salud". En ese sentido, sostuvieron que están entregando "barbijos, guantes y alcohol en gel para que puedan tomar todas las medidas de prevención en su lugar de trabajo que es esencial para acompañar a los más lo necesitan".

Puntualmente, informaron que hoy se reunieron con delegados de ATE "para dialogar acerca de sus requerimientos, creyendo que el camino del dialogo es el único posible, más en este contexto tan difícil".