El gasto que una familia podría destinar a su vivienda no debería superar el 30% de sus ingresos, para no tener que renunciar a otras necesidades básicas. Sin embargo, la mitad de los porteños no ganan lo suficiente como para cubrir el gasto cómodamente.
El 10% más pobre de la población no alcanza a cubrir el valor de un alquiler promedio ni con la totalidad de lo que gana, "además de que no es foco de políticas de vivienda", aclara el CELS a través de un informe que se basa en los datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH).
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La población que se ubica en los deciles 2 a 5 puede pagar un alquiler pero sobrepasa ese 30% de referencia. Allí, el organismo de derechos humanos apunta que "el impacto de sostener una vivienda es desproporcionado y desbalancea el resto de los gastos familiares". "La mitad de la población de la Ciudad, entonces, sufre las consecuencias de un alquiler alto y de la falta de políticas públicas que lo regulen", sintetiza.
Para el CELS, este escenario, al que se agregan las prácticas abusivas del mercado inmobiliario, los precios elevados y la falta de políticas de acceso a la vivienda, "empuja a las familias hacia los mercados de alquiler informal, al hacinamiento o a la convivencia de dos o más grupos familiares bajo un mismo techo".
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Según la EPH, en el segundo trimestre de 2016, 7 millones de personas alquilaban en la Argentina. En la Ciudad de Buenos Aires tiene cada vez más peso la alternativa de acceder a la vivienda a través de un alquiler. Según las últimas estadísticas porteñas, más del 35% de los hogares alquila la vivienda en la que vive.
La única norma que ordena el mercado de alquileres es el Código Civil y Comercial, a través de la regulación de los contratos. "Este supone que locador y locatario son partes iguales, cuando mantienen una relación asimétrica desde que uno necesita acceder a una vivienda. Esa regulación contractual tampoco da cuenta del cumplimiento del derecho a la vivienda. Tampoco hay una estructura institucional del Estado que fiscalice el cumplimiento de los aspectos que sí están regulados, lo que habilita en los hechos prácticas abusivas", cuestionó el centro de estudios.
El Senado dio media sanción en noviembre a un proyecto para regular los alquileres, pero aún no se trató en Diputados. El CELS pidió, por esto, "un marco normativo que refuerce la protección a los inquilinos y con la intervención en la oferta del mercado para promover una oferta de alquileres accesible, acorde con la heterogeneidad de la demanda".
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