Si bien es cierto que aún resta para que finalice la novela de las jubilaciones, pues no está definida la nueva fórmula de movilidad, sí se despejaron algunos interrogantes sobre la suba de marzo. Los diferentes porcentajes de aumentos en cada jubilación, que derivan de la fórmula de 1500 pesos fijos más 2,3 por ciento de aumento, generaron un ruido que fue rápidamente aprovechado por la oposición política y mediática, la cual buscó instalar la idea de un ajuste a los jubilados, cuestión que quedó desacreditada y saldada cuando un informe del prestigioso Centro CEPA, retwiteado por el presidente Fernández, demostró que se erogarán hasta mayo 971.417 millones de pesos para jubilaciones, es decir 13.000 millones más que lo que hubiera correspondido por la fórmula macrista (958.010 millones).
De hecho, en base a las actualizaciones históricas, difícilmente la movilidad del macrismo sería favorable para los jubilados. Sucede que siguiendo las directivas del FMI, la alianza Cambiemos reemplazó la fórmula jubilatoria vigente hasta 2016 para elaborar una nueva que redujera el valor real de estas prestaciones. Concretamente, la fórmula que actualizaba las jubilaciones por una combinatoria en partes iguales de los aumentos recaudatorios de la seguridad social y de los salarios registrados, fue reemplazada por otra que combinaba un 30 por ciento de los salarios registrados y un 70 por ciento de la inflación, lo que significó, en base a cálculos del Indec, una pérdida real del poder adquisitivo de jubilados y pensionados cercana a los 20 puntos a partir del 2018.
Pero aún cuando el menor incremento en relación con la inflación fue lo más perjudicial de la reforma, otros dos elementos la acompañaron. El primero de ellos, fue el mayor carácter indexatorio de las mismas, lo que implicaba que frente a un contexto como el que legó la alianza Cambiemos de una inflación anual del 53,8 por ciento, la actualización de las 7,5 millones de jubilaciones y pensiones no contributivas, que implican un 60 por ciento del gasto público y representaban tres billones de pesos anuales, desembocaría en un fortísimo impulso a la inflación que licuaría gran parte de la suba, así como a un desorden mayúsculo en las cuentas fiscales.
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El segundo elemento, fue en rigor heredado, pero tampoco se modificó, en sintonía con la política de privilegios para las élites sostenida por el macrismo. Se trata de la enorme e injustificada brecha entre las jubilaciones de privilegio y la base de los jubilados de la mínima o que cobran por debajo de los 20.000 pesos. Según el gobierno, cerca de la mitad de la clase pasiva cobraba el haber mínimo de 14.067 pesos, la cuarta parte entre 14.068 y 28.000 pesos y otra cuarta parte entre 28.000 y 103.000 pesos, a lo que se suman las jubilaciones de privilegio, que representan a solo el 3 por ciento de los beneficiarios de la Anses y tienen un monto aproximado de entre 250 y 350.000 pesos mensuales, con lo que se llevan cerca del 10 por ciento de los recursos totales.
Así, en reiteradas oportunidades, miembros del Ejecutivo plantearon aplicar al interior de las jubilaciones la misma lógica que se está utilizando para la economía en general. Esto es, que los segmentos más privilegiados sean quienes mayores aportes hagan para sacar al país de la profunda crisis desatada por la alianza Cambiemos. El objetivo, es que la gran mayoría, el 60 por ciento del total de jubilados, que cobra hasta 19.000 pesos, se vea beneficiado con aumentos por encima de la fórmula impuesta por el macrismo, que arrojaba una suba del 11,6 por ciento para marzo, a costa de que otro sector reciba un incremento menor. Ese objetivo fue cumplido.
Según el Centro CEPA, ese 60 por ciento recibirá un incremento (entre 11,6 y 13,2 por ciento) igual o mayor al que hubiera correspondido con la movilidad anterior, y se desprende del informe que quienes cobran más de 40.000 pesos, recibirán un aumento menor al que hubiera correspondido. Pero es justamente aquí donde se encuentra el punto cuestionable. Existe un tramo de jubilados, cercano al 20 por ciento del total, que cobran por encima de los 20.000 pesos hasta los 40.000, y recibirán también una jubilación menor a la que les hubiera correspondido con la anterior fórmula. Si se tiene en cuenta que la Defensoría de la Tercera Edad señaló que la canasta básica de un jubilado se sitúa en los 40.000 pesos, ese segmento debería haber recibido, por lo menos, la actualización de la anterior movilidad.
Ciertamente, no es menor que ese segmento de jubilados, al igual que todos los demás, ya está recibiendo beneficios jubilatorios indirectos, como la reducción del 8 por ciento en los medicamentos y su gratuidad en 170 drogas, la reducción de la tasa en los créditos Anses junto a la suspensión de sus pagos por tres meses, el congelamiento de las tarifas energéticas, de agua, y de transporte, o los Precios Cuidados, junto al reintegro de hasta 700 pesos por compras con tarjeta de débito.
Pero en línea con la política económica que viene desarrollando el gobierno, no hubiera sido descabellado que el aporte para mejorar las jubilaciones mínimas, lo hubieran hecho en mayor medida los ganadores del modelo anterior, es decir agroexportadores, energéticas, financieras, y socios y funcionarios del anterior gobierno, antes que aquel 20 por ciento de jubilados que cobra entre 20.000 y 40.000 pesos. Como así también los jubilados de privilegio. En ese caso, se decidió quitarlos del proyecto de Ley de Emergencia Económica para evitar que la familia judicial voltee todos los cambios, pero ya se envío al Congreso un nuevo proyecto que busca modificar los injustificados privilegios del Poder Judicial y del Servicios Exterior, cuyas jubilaciones tienen, según el mismo Centro CEPA, un promedio de 235.000 pesos para 7.334 jubilados judiciales, con un costo fiscal de 1.718 millones de pesos mensuales, y de 335.000 pesos promedio para 688 jubilados diplomáticos, con un costo fiscal de 257 millones de pesos mensuales, lo cual implica un costo total de más de 25 mil millones de pesos anuales, pese a representar a solo el 3 por ciento del total de las jubilaciones, y a que realizaron en muchos casos aportes proporcionalmente menores en relación al grueso de los jubilados.
En definitiva, la nueva realidad previsional marca una mayoría de jubilados, los de menores recursos, que recibirán más de lo que les hubiese correspondido con la anterior movilidad, otro tramo en camino a normalizar sus jubilaciones de privilegio, y otro que, con capacidad para hacerlo, colaborará con esta nueva realidad. Pero también, un 20 por ciento con los que el gobierno estará en deuda.
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