El reconocimiento de Estados Unidosdel presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, como “presidente encargado” de su país marca un punto de inflexión en la crisis interna venezolana.
Desde que la oposición logró la mayoría en la Asamblea, en diciembre de 2015, anunció en varias oportunidades que desconocía el mandato de Nicolás Maduro invocando diversos artículos de la Constitución. Está claro que el meollo de la cuestión no es jurídico sino político, y que tiene poco sentido entrar en las disquisiciones legales que gobierno u oposición esgrimen sobre la “legalidad” del gobierno del presidente Nicolás Maduro o la jura de Juan Guaidó en una plaza pública. Cuando un conflicto interno se internacionaliza los apoyos exteriores son de índole político, ideológico o de juegos de poder en el tablero internacional.
El año 2019 marca un cambio porque los dirigentes opositores no se habían atrevido en el pasado a una jugada tan riesgosa como la de formar un gobierno paralelo, ni siquiera cuando hubo grandes protestas en 2016 y 2017 y proclamaban “la toma de Venezuela”. La guerra civil parecía inminente y algunos pensaron que el estado Táchira -foco importante de protestas opositoras y fronterizo con Colombia– podía servir de base para formar un gobierno paralelo y buscar el reconocimiento internacional. Sin embargo, no lo hicieron.
Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia.
¿Qué cambió? Se puede pensar en varios factores. Por un lado, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ya ha consolidado su poder y en varios países latinoamericanos (especialmente en Argentina y Brasil) hay gobiernos de derecha, alineados abiertamente con la Casa Blanca y mucho más hostiles hacia Venezuela -y Cuba- que en la era Obama. Por el otro, a nadie se le escapa que existe una crisis económica y social que se ha profundizado y provocado el éxodo de millones de personas que también hacen sentir su voz en las calles allí donde se encuentran, y su presencia es un factor de presión sobre los gobiernos locales para fijar posición sobre Venezuela, principalmente en América Latina y Europa.
El otro factor novedoso es la aparición de Juan Guaidó como una figura de recambio en la oposición. Sus 35 años señalan que no fue parte de los gobiernos anteriores a la elección de Hugo Chávez en 1998, como Henry Ramos Allup, que asumió como presidente de la Asamblea Nacional en enero de 2016 y en su primer discurso dijo que buscarían -en un lapso de seis meses- “la cesación” del gobierno de Maduro, algo que no sucedió. Tampoco pertenece a la generación que se consolidó como dirigencia opositora después del fallido golpe Estado de 2002 contra Hugo Chávez, como Henrique Capriles que perdió en elecciones presidenciales contra Chávez (2012) y contra Maduro (2013).
El hecho de no tener fracasos sobre sus espaldas juega a favor a Guaidó para unificar a la oposición detrás de su figura, a pesar de su falta de experiencia política, roce internacional o conocimiento interno y externo, que pueden jugar en contra.
El gran problema actual de Guaidó es que se presenta como “presidente encargado”, pero en lo concreto todavía no controla ni una porción del territorio ni organismos del Estado, más allá del Poder Legislativo.
Los académicos Miguel Angel Santos y José Ignacio Hernández, en un artículo publicado el 23 de enero en el New York Times, plantean que la Asamblea Nacional se puede presentar como única autoridad en el extranjero, citando los antecedentes de Siria y Libia donde se consiguieron reconocimientos internacionales. Claro que vale la pena recordar que en dichos países hubo guerras civiles y decenas de miles de muertos. Y esto también debería saberlo Guaidó.
Cerrar sesión