Crisis económica: El precalentamiento de la reestructuración de deuda

Esta semana, el ministro Lacunza envió al Congreso de la Nación un proyecto de “reperfilamiento” de los vencimientos de la deuda emitida bajo legislación argentina. El objetivo esencial es facultar al Poder Ejecutivo para mejorar los vencimientos de la deuda de corto plazo que mayoritariamente circula en el mercado, cuyo stock se aproxima a los U$S 32.000 millones. A diferencia de otros casos históricos, la de Cambiemos es la primera gestión en defaultear los compromisos asumidos durante su propio período de gobierno.

El Proyecto contiene un elemento interesante. La causa de acción colectiva, destinada a impedir un ataque especulativo de los “fondos buitres” como ocurrió tras los canjes 2005/2010, le otorga orden público al proceso de reconversión cuando el mismo supere determinado porcentaje de aceptación, tanto en número de acreedores como en monto total. 

En columnas pasadas describíamos que el cambio de régimen de regulación cambiaria, obligando el ingreso perentorio de las divisas por las ventas en el exterior y las restricciones de compra de moneda extranjera con fines de ahorro y/o atesoramiento, respondía al conflicto clásico entre exportadores y tenedores de bonos de deuda por la oferta de dólares. Es decir, se abría el debate sobre las posibilidades reales de cancelación de los compromisos con el exterior y quiénes iban a ser los proveedores de recursos para ese fin. Con el correr de septiembre, las febriles operaciones de los agentes económicos para instalar condicionantes al nuevo gobierno sobre el rumbo que debe tomar el tratamiento del pago de la deuda pública se hicieron cada vez más visibles, evidenciando la conformación de una “troika” poderosa largamente conocida en la Argentina: los bancos de inversión, el FMI y el Tesoro de los Estados Unidos. 

Sobre las mesas de diálogo comienzan a aparecer los menús otrora repetidos: apoyo extraordinario del FMI en el marco de un Crédito de Facilidades Ampliadas (antiguo “Extended Facility”) que permita un sensible alargamiento de plazos de la deuda con el sector privado, inclusive con una reducción del stock en el valor presente, pero condicionado a las denominadas reformas estructurales: laboral, previsional y tributaria. 

La reestructuración de la deuda con el sector privado y el reordenamiento de la relación con el FMI marcarán la suerte de la ya casi segura quinta experiencia peronista (después de la primer década de Perón -1946-1955-, el peronismo del retorno -1973-1976-, la década de Carlos Menem -1989-1999- y la década larga de Néstor y Cristina -2003-2015), pues signarán el margen de divisas con que contará para expandir la economía y relanzar un proyecto industrial indispensable para la Argentina. Para ello, es menester darle viabilidad a las grandes áreas metropolitanas en que vive la gran mayoría de la población, por la vía de los insustituibles factores de cohesión social que son los empleos y los salarios, algo que solo se consigue con una buena dinámica industrial. 

Esta quinta experiencia peronista va a estar alumbrada, al igual que la tercera y la cuarta, por una crisis de deuda. Carlos Menem, en 1989, recibió U$S 32.700 millones de deuda defaulteada con el sector privado, mientras que la cifra que recibió Néstor Kirchner ascendió U$S 81.800 millones. El endeudamiento con el sector privado (en “reperfilamiento”) que espera al gobierno de los Fernández es de U$S 101.000 millones. A la vez, los compromisos con el FMI por capital alcanzan hoy a U$S 45.000 millones, bastante superior a los U$S 13.000 millones que asumió Menem y a los casi U$S 10.000 millones que canceló Kirchner en marzo de 2006.

Dijimos en columnas pasadas que Carlos Menem reestructuró la deuda con el sector privado en el marco del entonces denominado “Plan Brady”, obteniendo una mezcla de extensión de plazos (a 30 años), baja de costo (tasa fija 300 puntos básicos sobre la internacional) y un mínimo de quita (U$S 2.700 millones) a cambio del ingreso de lleno al Consenso de Washington, en donde la venta de las empresas públicas fue decisiva para proveer las divisas necesarias para el pago y, a la vez, para expandir fuertemente la economía en el período 1991-1994. La deuda consolidada a 30 años quedó en U$S 27.000 millones.

En el caso de los gobiernos de Néstor y Cristina se produjeron dos canjes con fuerte quita y reducción de stock, alcanzando la reestructuración al 92,4% del monto original. La disminución de los heredados U$S 81.000 millones a US$ 21.000 millones fue acompañada del calce del pago de los servicios de deuda con los derechos de exportación. De este modo, fue posible una fuerte expansión económica en el período 2003-2011.

Ambos modelos de reordenamiento del endeudamiento público heredado, uno subordinado a las decisiones de la ya mentada “troika” (bancos, FMI, Tesoro de EE.UU), y otro autónomo, a partir de una fuerte baja del stock inicial de pasivos recibidos, abrieron un escenario de largo plazo de gobiernos peronistas con cierta estabilidad.

Nuevamente, el peronismo tendrá que asumir el desafío que le plantean los desmadres provocados por gobiernos no peronistas.